Variopinto de comentarios II

Variables | Jacinto Gómez Pasillas

LEER ENTRE LÍNEAS

El anuncio oficial en días pasados de un plan del Gobierno de la República para reforzar la situación financiera de PEMEX, y la “oportuna” decisión de la Calificadora Estadounidense Fitch Ratings de bajar el grado de calificación financiera de la empresa (lo que afecta su acceso a fuentes de financiamiento internacionales); desató de nueva cuenta la tormenta de señalamientos y descalificaciones de todo tipo contra las políticas del nuevo gobierno en materia energética y específicamente en contra de la nueva Administración de PEMEX (además  de los referentes a la CFE).

La más importante empresa paraestatal de México, ha sido víctima de una crisis endémica  agudizada en los últimos años , de corrupción, de ineficiencia, impunidad, elefantismo burocrático y todos los males asociados a estos; reflejada principalmente en la disminución constante de su producción y productividad y en el aumento desorbitado de su deuda y descapitalización.

El proceso de fin de un Gobierno y principio de otro nuevo, pone a flote la situación real y crítica de la empresa y la necesidad inaplazable de afrontar el problema tanto en la vertiente de recuperación de su capacidad productora de petróleo y la refinación del mismo, como en la de recuperación de su salud financiera y capacidad administrativa y de operación.

Así, conocimos el plan de apoyo oficial para el INICIO del rescate de las finanzas de la empresa. El  plan detalló de manera general en 4 rubros la inyección de recursos a PEMEX:

  • Ingresos por combatir al Huachicol

(Robo de combustibles):$32 mil millones de pesos

  • Apoyo presupuestal del gobierno para capitalización

(Para gasto de PEMEX):$ 25 millones de pesos.

  • Apoyo de Gobierno para pagos de pasivo laboral

(Pago de pensiones):$ 35 mil millones de pesos

  • Apoyo fiscal de 2019 a 2024

(Aplicación de deducciones de impuestos):$ 11 mil millones de pesos.

  •  

TOTAL DE APOYOS GOBIERNO FEDERAL A PEMEX

  •  

EN MONEDA NACIONAL $103 mil millones

EN DOLARES 5 mil 200 millones

Es importante resaltar que la deuda de PEMEX es enorme y se acumuló en los últimos sexenios, particularmente en los últimos 4 años del anterior Administración Federal, en los que se disparó de 77 mil a 104 mil millones de dólares, (creció en 27 mil millones de dólares) a ciencia y paciencia de los analistas y calificadoras nacionales  y también internacionales. Esta deuda solo es superada en magnitud por la deuda acumulada del famoso FOBAPROA (ya alarmante).

Comparado de manera simple con relación a la enorme deuda de la empresa petrolera nacional, el rescate o apoyo financiero del gobierno para fortalecer financieramente a PEMEX puesto en dólares puede parecer bajo e insuficiente; pero analizado en pesos y en el contexto presupuestal y financiero de un inicio de gobierno y a comparación de los montos del presupuesto de egresos de la Federación para 2019 (PEF) en los demás ramos y obligaciones del Estado Mexicano para la atención de las necesidades y demandas de la sociedad, es un esfuerzo extraordinario que explica junto a los factores endémicos  (corrupción, ineficacia, inequidad, pobreza, etc.) y exigencias de atención a las carencias de la población; la austeridad y recortes al gasto público en diversos renglones, además de las circunstancias que todas las administraciones (ANTERIORES y actual) han enfrentado y enfrentan por el entorno nacional e internacional.

Leyendo entre líneas  habría que plantearnos algunas interrogantes muy concretas por quienes como ciudadanos y observadores críticos comunes, no somos de la selecta élite de expertos analistas e instituciones internacionales y locales que cuestionan y rechazan el plan de Fortalecimiento (y rescate) de PEMEX por el nuevo Gobierno.

¿La calificadora “FITCH RATINGS” que recién bajó la nota crediticia de PEMEX afectando su capacidad de refinanciamiento y que calificó las medidas de reducción de carga fiscal a la empresa como “insuficientes” para prevenir el deterioro de la calidad crediticia de la empresa en cuestión; hasta ahora y justo al inicio de un gobierno, ve y sanciona el problema de endeudamiento de la Paraestatal con la amenaza implícita de rebajar también la calidad crediticia del Estado Mexicano, pero no consideró hacerlo por ejemplo en 2015 cuando el gobierno anterior aumento en el año la deuda de PEMEX en ¡ 9 mil millones de dólares! O en 2016 cuando aumento esa deuda en ¡10 MIL MILLONES DE DOLARES! más?.

¿La misma calificadora ahora muy preocupada, actúa con rapidez en el presente y en los años de grave endeudamiento anteriores no consideraron necesario presionar más allá de “serias llamadas de atención” al gobierno entonces en funciones?

¿J.P. MORGAN CHASE, poderosa empresa financiera norteamericana (siempre tan imparcial y desinteresada en sus análisis y juicios) de veras es objetiva y sin prejuicio orientado por su cartera de clientes, cuando afirma que “estamos muy decepcionado con las medidas para apoyar a PEMEX, y desestima la intención de la actual Administración Federal por no seguir endeudando a esta Paraestatal?

¿Realmente estas instituciones y otras entidades Bancarias Mexicanas (las dos más grandes) emiten juicios y señalamientos desinteresados en su preocupación por que los apoyos anunciados por el actual gobierno “son insuficientes para resolver los grandes problemas estructurales de la empresa: el excesivo endeudamiento y el declive de la producción petrolera”? ¿Rechazan a priori compromisos y decisiones de gobierno para enfrentar y frenar el endeudamiento acumulado con que se recibió el estado de esta importante Empresa Paraestatal, sin conceder siquiera el beneficio de la duda y el margen de tiempo para acreditar esos compromisos gubernamentales?

¿No será – acudiendo al clásico sospechosismo -  que el principal propósito de quienes generan y alientan estos ataques, es desalentar y frenar las acciones del nuevo gobierno en contra de los aspectos más negativos de la “Reforma Energética” del anterior gobierno y en contra del avance en la privatización y entrega a las grandes corporaciones transnacionales del manejo y explotación del petróleo y la electricidad?

Concluiría en que, con respeto a la diversidad de opiniones sobre el tema; no debieran  olvidarse las lecciones de nuestra historia, referenciadas por dos acontecimientos clave para el desarrollo del México Contemporáneo: La expropiación petrolera (18 de marzo de 1938) y la Nacionalización de la Industria Eléctrica (27 de septiembre de 1960).

En otro tema, recién acaban de aprobarse en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las reformas al artículo 19 Constitucional (FRACCIÓN II) para elevar  de 7 a 16 el catálogo de delitos que ameriten la prisión preventiva oficiosa, por considerarse como graves.

Como esta Reforma Legislativa llegó del Senado, la aprobación cierra el ciclo legislativo federal y pasará a los Congresos Locales de todo el país, para que la aprueben al menos 17 de ellos.

En los meses anteriores esta modificación constitucional ha sido objeto de amplias  y áridas discusiones.

El tema de la “prisión preventiva oficiosa” y los delitos graves a los que se aplicará, tienen muchos matices y posibles repercusiones negativas que no se pueden ignorar y sin duda seguirá siendo muy controvertido y materia de discusión y análisis, ya como una realidad jurídica.

Es pertinente recordar que PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA, significa retener en prisión a una persona imputada (acusada) por más de 72 horas, sin derecho a libertad bajo fianza, por una autorización del juez a petición del Ministerio Público.  Esta medida es automática y obligatoria (oficiosa) en caso de  delitos graves,  sin necesidad de que el Ministerio Público lo pida.

Actualmente, los 7 delitos graves que ameritan prisión preventiva oficiosa son los siguientes:

          Delincuencia organizada. Homicidio doloso. Violación.  Secuestro. Trata de personas. Delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos. Delitos graves que determine la Ley en contra de la seguridad de la nación, el Libre desarrollo de la personalidad y la salud.

A partir de la vigencia de las modificaciones al artículo 19 Constitucional (FRACCIÓN II) los 9 delitos graves adicionales que ameritarán  también la prisión preventiva oficiosa (PPO) son:

Abuso o violencia sexual contra menores. Feminicidio. Robo a casa habitación. Robo a transporte de carga.  Desaparición forzada. Transporte de explosivos y portación de armas. Uso de programas sociales con fines electorales. Corrupción por enriquecimiento ilícito. Robo de hidrocarburos.

Ante una realidad social de inseguridad pública  creciente y disparo de la delincuencia, que por lo menos en los últimos doce años no han podido ser contenidos con éxito por el Estado en ninguno de sus niveles y también por el desbordamiento de la corrupción y la impunidad de los mismos;  hay un clamar de la sociedad que exige resultados en el combate al crimen y de allí deriva entre otras cosas el apoyo a medidas radicales de gobierno.

De allí las voces  que apoyaron y presionaron desde la Sociedad Civil a favor de acciones y modificaciones del marco jurídico del combate a la delincuencia.

Pero también hoy las voces de personas y grupos de la propia Sociedad Civil que alertan de los riesgos de consecuencias negativas o indeseables y abusos en la aplicación de las nuevas disposiciones legales para enfrentar la inseguridad y las actividades delincuenciales.

Entre los muchos argumentos a favor en el caso de las Reformas al artículo 19 Constitucional se resalta que:

  • Es una reforma crucial para combatir la inseguridad y la corrupción.
  • Que se evitará que los imputados (acusados) escapen a la acción de la justicia y se dará protección a las víctimas.
  • Que se terminará con el llamado “efecto de puerta giratoria”.
  • Que desalentará la comisión de crímenes y el sentimiento de impunidad de los delincuente.

Quienes alertan sobre los abusos y excesos en la aplicación de la nueva normatividad jurídica y la eficacia de la misma; expresan que “violenta el espíritu de la Reforma Penal y sobre todo el Principio de Presunción de Inocencia”; y se preguntan si realmente es la solución a la impunidad en México, o si tener más personas imputadas en las cárceles implica menor número de víctimas afuera, y más aún si  realmente terminará con el “efecto de puerta giratoria”.

Creo que es loable la aprobación de las modificaciones que precisan y aumentan los delitos graves que merecen prisión preventiva oficiosa; pero si no se precisa muy bien su aplicación en la leyes reglamentarias, puede provocarse como efectos indeseados y negativos, la comisión de injusticias, revanchismos y excesos en un Sistema de  Procuración e Impartición de Justicia como el nuestro,  abrumado por los mismos fenómenos de corrupción, influyentismo, burocratismo excesivo, ineficacia y demás que lo afectan y que es urgente desterrar.

Variables | Jacinto Gómez Pasillas

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