La diputada del PAN, Blanca Gámez solicitó al Gobierno Federal respete la promoción, permanencia, proliferación y financiamiento, a las organizaciones de la sociedad civil, en la aplicación de los diversos fondos y programas federales aprobados en el presupuesto de egresos 2019.
A la luz de la Ley General de Desarrollo Social, la Ley de Asistencia Social y la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, señaló que a las organizaciones se les conceden el derecho a participar, impulsar, intervenir e integrarse en la formulación, ejecución, evaluación, diseño, de las políticas, programas públicos, de desarrollo social.
Dichas organizaciones pueden recibir recursos públicos, para operar programas sociales o actividades dentro de las que se encuentran: asistencia social, apoyo a la alimentación popular, para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas, en la defensa y promoción de los derechos humanos y en el aprovechamiento de los recursos naturales; promoción de la equidad de género, del deporte y aportación de servicios para la atención de la salud.
Destacó la labor de:
Red por la Participación Ciudadana, que con más de una década de creación, en su compromiso de contribuir a lograr la participación informada, consciente, responsable y organizada de la ciudadanía, para propiciar en lo público: justicia, democracia, integridad, transparencia y rendición de cuentas, ha sido pionera en el análisis del desempeño del Congreso del Estado, ha impulsado la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de Participación Ciudadana.
La Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, integrada por diversas organizaciones de la sociedad y defensoras de derechos humanos que fortaleció la denuncia de la violencia contra las mujeres y el feminicidio hasta llegar a la elaboración de propuestas para incidir en la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres; mismas que se han presentado ante instancias a nivel local, estatal y nacional. Hoy tienen alcance para todo el país como la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en territorio Nacional (CONAVIM), la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA).
En 2010 el impulso para el Centro de Justicia para las Mujeres en Ciudad Juárez a través de acuerdos con el gobierno federal para implementar una política pública para Juárez, y posteriormente a nivel nacional. Hoy existen 40 Centros de Justicia para las Mujeres en el país, la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez acompaña el funcionamiento y promueve acciones para su fortalecimiento como tarea continua.
El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) organización comprometida con la justicia, igualdad y dignidad de las personas, que cree en la democracia y horizontalidad como principios rectores de su labor, en el acompañamiento integral con enfoque diferenciado y multidisciplinario a las personas que han sido víctimas de violaciones de derechos humanos para que accedan a la justicia y contribuir a la generación de cambios estructurales para lograr la plena vigencia de los derechos humanos en Chihuahua con impacto a nivel nacional e internacional.
Dentro de los principales logros de esta organización está el Diseño y fortalecimiento de la Fiscalía especializada en Investigación de violaciones a Derechos Humanos; identificaciones con el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF); Litigio integral, acompañamiento psicosocial a niñas y niños; Alerta para prevenir agresiones en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas; resoluciones favorables para mujeres víctimas de violencias de género; incidencia en políticas públicas en materia de violencia de género.
Fátima IBP, que es una organización con 20 años de trabajo en atención a personas con virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), reconocida a nivel nacional, ha impulsado políticas públicas como el logro de que personas con VIH pudieran contraer matrimonio en el Estado, la defensa de los derechos humanos y la no criminalización hacia esta condición de salud, brinda además servicios integrales sin ningún costo a personas beneficiarias y sus familias.
Cuenta con un programa exitoso PEEPSIDA donde trabaja la prevención del VIH, prevención del embarazo adolescente y derechos sexuales y reproductivos que se imparte a adolescentes en varios municipios del estado.
“Es claro que la sociedad civil organizada –independientemente del tema en el que se enfoquen- ha incidido en las políticas públicas e indudablemente ha contribuido al desarrollo humano y social de México”, refirió.