Aún hay desafíos para garantizar seguridad de derechohumanistas en México: CIDH

Chihuahua, Chih., 22 de marzo de 2019. El día de hoy se llevó a cabo la presentación del informe Políticas integrales de protección de personas defensoras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presidida por Jaime Vidal, Oficial responsable por la Relatoría sobre Defensores de Derechos Humanos de la CIDH; Ricardo C. Neves, Oficial de Derechos Humanos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH); Garance Tardieu, Oficial de Programas de Amnistía Internacional México; Fernando Ríos, Secretario Ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT); y Ruth Fierro, Coordinadora General del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM);

Este informe fue aprobado por la Comisión en diciembre de 2017 y analiza los principales avances y desafíos en el funcionamiento de mecanismos nacionales de protección, legislación, políticas y programas existentes en los Estados. También desarrolla los componentes principales de las políticas integrales de protección, como una guía para las futuras estrategias en esta área. Finalmente, enuncia una serie de recomendaciones, encaminadas a garantizar una mejor implementación de las medidas de prevención, protección e investigación, para lograr una política integral de protección.

En el informe se señala que México fue el segundo país del hemisferio en adoptar un Mecanismo de Protección especializado, a través de la aprobación en 2012 de la “Ley de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas”. Pese a lo anterior, aún existen importantes desafíos para solucionar el problema de inseguridad de las personas defensoras de derechos humanos.

De acuerdo con la Comisión, las personas defensoras de derechos humanos continúan siendo víctimas de asesinatos, asaltos, desapariciones forzadas, amenazas, registros ilegales, criminalización, así como de restricciones financieras o administrativas al trabajo que realizan. Asimismo, la corrupción, la falta de independencia e imparcialidad judiciales, la impunidad, las barreras para el acceso a la justicia, la persistente estigmatización y difamación, por parte de la prensa y de Oficiales de alto rango del Estado en México, perpetúan la actual situación en la que se encuentran.

Sobre el Mecanismo de Protección, la Comisión menciona la falta de estabilidad y sustentabilidad financieras del mismo; la insuficiencia e inestabilidad del personal; la falta de formación adecuada y de conocimientos técnicos básicos sobre derechos humanos y sobre los numerosos riesgos que enfrentan las personas defensoras y periodistas. También refiere que, de las 389 solicitudes de protección, en el 38% de los casos los posibles agresores eran oficiales públicos.

Adicionalmente, la CIDH refiere los problemas señalados por la sociedad civil: el Mecanismo de alerta temprana no habría producido resultados favorables; la evaluación de riesgo y las medias de protección no incluirían una perspectiva de género, ni un enfoque multicultural y colectivo, para los casos que involucran comunidades indígenas; no existiría una coordinación adecuada entre las diferentes instituciones encargadas de dar soporte, seguimiento e investigaciones subsiguientes a las medidas de protección; y habría dificultades legales para acceder al programa, entre otros.

Sobre las evaluaciones de riesgo por parte del Mecanismo, la Comisión señala su preocupación por los retrasos en su implementación, la falta de comunicación de los resultados, la falta de consideración del contexto durante al momento de llevarlas a cabo, y la falta de adecuación de las medidas de protección de acuerdo a las necesidades específicas y la realidad de las personas en riesgo.

Jaime Vidal estableció que “los programas nacionales de protección deben contar con un marco legal sólido que lo soporte; recursos financieros y humanos necesarios y sostenibles; colaboración con otras instituciones del Estado; independencia o autonomía de la institución que otorga medidas; activación del deber de protección; análisis de riesgo flexible e individualizado; participación de las personas beneficiarias; doneidad y efectividad de las medidas de protección; así como enfoques diferenciados para grupos en especial vulnerabilidad o discriminación histórica, como mujeres defensoras, pueblos indígenas, y personas LGBTI”.

Por su parte, Ricardo C. Neves recordó que “en los tres ciclos del Examen Periódico Universal (EPU), el tema relativo a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas ha sido el que ha generado la mayor cantidad de recomendaciones”. Añadió que “Chihuahua es uno de los estados del país con el mayor número de asesinatos de quienes defienden los derechos humanos, la mayoría de los cuales continúan impunes”. Y agregó que “para tener una política integral de protección es necesario desarrollar y fortalecer otros mecanismos nacionales con recursos suficientes”.

En su intervención, Garance Tardieu refirió el ejemplo particular de Chihuahua, entidad en la que la sociedad civil impulsó en 2016 la implementación de una Alerta Temprana, y mencionó que “el Plan de Contingencia derivado de esta Alerta, representaba lo más cercano que hemos visto en México a una política pública integral. Sin embargo, la falta de compromiso político, en todos los niveles de autoridad, no permite su cabal implementación”.

Durante su participación, Fernando Ríos mencionó que la Red TDT “registró 202 personas defensoras de derechos humanos y periodistas asesinadas(os) en el sexenio de Enrique Peña Nieto; ahora van 16, tan sólo en 110 días”. Añadió que en México “vemos expresiones que propician la construcción de un marco jurídico que favorece estructuralmente la impunidad”. En este contexto, dijo, “es imprescindible partir de lo que afirma el informe: defensoras y defensores de derechos humanos son un pilar esencial para el fortalecimiento y consolidación de las democracias.”

Por todo lo anterior, en su informe la Comisión determina la necesidad de implementar una política de protección integral para las personas defensoras de derechos humanos, que vaya más allá de mecanismos de protección física e implemente medidas y políticas públicas encaminadas a respetar sus derechos; prevenir las violaciones a sus derechos; proteger y garantizar su derecho a la vida e integridad; investigar con debida diligencia los actos de violencia en su contra; y, sancionar a los responsables intelectuales y materiales, así como a reparar el daño.

La presentación de este informe sucedió en el marco del taller de Herramientas para la incidencia en políticas públicas de protección de personas defensoras de derechos humanos, financiado por la Delegación de la Unión Europea en México; organizado por Front Line Defenders y el CEDEHM; convocado por la Red TDT.

A la presentación acudieron representantes de organizaciones de la sociedad civil, quienes en su mayoría participaron en el taller, así como la Dip. Lic. Blanca Amelia Gámez Gutiérrez; el Lic. Héctor Talamantes, en representación del Lic. Pablo Héctor González Villalobos, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE); así como representantes de la Secretaría de Desarrollo Social, de la Fiscalía General, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y del Instituto de Formación Judicial del TSJ.