Suben a cinco los muertos por derrumbe de edificios en Río de Janeiro

Las personas que se acercan al lugar en que dos edificios se desplomaron, este viernes en Río de Janeiro, para buscar información sobre sus familiares pueden decir en qué apartamento vivían, pero poco saben sobre las "milicias" que los construyeron y los vendieron ilegalmente.

Las familias que residían en las dos edificaciones de cuatro pisos, entre las cuales los cinco muertos registrados hasta el momento y más de una veintena entre heridos y desaparecidos, las ocuparon este año pese a que en noviembre pasado la Alcaldía de esta ciudad brasileña embargó las obras y prohibió su uso.

Como los fiscales, por las amenazas, no ingresan a las áreas controladas por las milicias -grupos paramilitares integrados por policías y ex policías-, nadie detuvo las obras ni impidió que los compradores de los apartamentos los ocuparan.

Los edificios fueron construidos en un área de reserva ambiental, a la sombra de un empinado morro y junto a un precipicio, por lo que la Alcaldía había advertido sobre el alto riesgo de deslizamientos en el barrio conocido como Muzema.

Esta comunidad, con edificaciones de clase media-baja y numerosos comercios, es vecina a Río das Pedras, la favela de la zona oeste de la ciudad en la que nacieron y son más fuertes las milicias.

Muzema era controlada por un grupo de milicianos liderado por el mayor de la Policía Ronald Paulo Alves Pereira, arrestado en febrero pasado en una operación contra los grupos paramilitares.

La construcción de viviendas en áreas invadidas, generalmente reservas ambientales, y la especulación inmobiliaria se ha convertido en una de las principales fuentes de renta de estos grupos armados, que también cobran por ofrecerle "seguridad" a sus vecinos y tienen el monopolio en la venta de pipetas de gas de cocina y del servicio clandestino de televisión.

La Alcaldía alertó que desde 2005 las cerca de 30 edificaciones del condominio Figueras, en el que se produjo la tragedia, están en condición irregular y que ya había iniciado procesos para su demolición.

Además de las dos construcciones que se desplomaron este viernes, hay en el mismo conjunto habitacional otras cinco que fueron evacuadas por tiempo indeterminado.

Pese a que ninguna autoridad dice que los edificios fueron construidos por las milicias, los pocos vecinos que aceptan hablar, con la condición de no ser identificados, admiten que sabían de las irregularidades.

"Por los precios y la falta de documentación sabía que no era un apartamento legal, pero se trataba de una buena oportunidad y yo quería darle una mejor vida a mi familia y retirarla de la favela en la que vivíamos", explicó el propietario de un inmueble en un condominio ubicado a dos calles del lugar de la tragedia.

Los apartamentos ilegales son ofrecidos hasta en internet, en donde es posible verificar que una vivienda con dos cuartos en el condominio tiene un costo de 25.000 reales (unos 6.580 dólares), un valor muy por debajo del mercado.

"Las construcciones parecen sólidas y cuentan con diferentes servicios, algunas hasta tienen piscina, por lo que nunca sospeché que pudiera correr peligro", agregó una persona.

La oferta de vivienda por parte de milicianos es una solución para numerosas personas que viven de alquiler, quieren abandonar favelas peligrosas dominadas por narcotraficantes, no quieren irse a los suburbios y no pueden pagar los elevados precios del mercado.

Según estadísticas oficiales, el déficit de vivienda de Brasil es de cerca de 6,35 millones de inmuebles, en su mayoría (87,7 %) concentrado en las grandes ciudades.

"La invasión de tierras y la construcción ilegal en áreas de milicias siempre contó con la complicidad de autoridades, pese a que provoca tragedia para los habitantes de regiones pobres", denunció este viernes el diputado Marcelo Freixo, que lideró una comisión legislativa que investigó las milicias en 2008.

El combate a los grupos de paramilitares tras la tragedia anunciada de este viernes fue defendido hasta por el vicepresidente de Brasil, el general Hamilton Mourao.

"Hay que buscar una forma de actuación coordinada entre las diferentes fuerzas policiales para que el Estado desempeñe su papel y se haga presente en esas áreas", dijo.

"Es inadmisible que existan lugares a los que no pueden entrar los organismos públicos", agregó.

El mayor de Policía que comandaba la milicia en el barrio de Muzema también es acusado de integrar la "Oficina del Crimen", una agrupación de milicianos a la que se le atribuye el asesinato el año pasado de la concejala y defensora de derechos humanos Marielle Franco, que se destacó por su firme actuación contra los abusos policiales y los paramilitares.

El Informador

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Sector empresarial de Juárez, pide a Gobierno Federal resolver la problemática de revisiones por parte de Texas

Las revisiones exhaustivas establecidas desde el pasado sábado, por parte del gobierno de Texas a los camiones de carga que ingresan de México hacia su territorio, a través de los puentes Américas y Zaragoza, como una medida derivada de la presencia de migrantes en la zona, ya provocaron alertas y reacciones en el sector empresarial.

Lo anterior, según se dijo, tiene impacto directo en la competitividad de las empresas de acuerdo con el Consejo Coordinador Empresarial de Juárez, al destacar, que se afecta de manera importante, al derivar en pérdidas económicas millonarias, así como  retrasos en las cadenas de suministro; además de generarse un ambiente incertidumbre a la inversión extranjera y afectando el desarrollo económico de la ciudad y del estado.

El impacto, se dice,  no es solo a Ciudad Juárez sino a Chihuahua, Cuauhtémoc y otras localidades  en donde se tiene presencia de la industria maquiladora de exportación.
Esto abre la posibilidad de enfrentar un escenario como el que se tuvo el año pasado con el cierre de los cruces fronterizos, por eso los organismos empresariales decidieron tomar acciones, para tratar de resolver está problemática lo antes posible.

Entre lo definido por el sector empresarial de Juárez, fue el envío de cartas a funcionarios federales como a la secretaria de gobernación, Luisa María Alcalde; a la titular de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, además al secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño, así como al presidente Andrés Manuel López Obrador, en un intento por resolver esta situación internacional, que mucho afecta al intercambio comercial y a la industria de exportación, asentada en el territorio chihuahuense.

El detalle será que sí decidan intervenir las autoridades federales, pues habría que recordar  que durante el cierre de los cruces a los camiones de carga el año pasado, poco o nada hizo el Gobierno Federal por resolver esta situación, que puso en crisis a la industria manufacturera de exportación principalmente de Chihuahua y Coahuila; así que habrá de esperar por si hay alguna respuesta en este sentido, más allá de la crítica que pueda hacer López Obrador a las acciones del gobernador texano, Gregg Abbott, lo que ya no es nuevo.


Ex gobernadores en encuentro ganadero


Exgobernadores del PRIAN de Chihuahua participarán en el primer encuentro ganadero chihuahuense que organiza la Unión Ganadera Regional de Chihuahua mismo que se realizará los días 2 y 3 de mayo del presente año en las instalaciones de la UGRCH y el Hotel Sheraton.

El jueves 2 de mayo se imparte la clínica stockmanship con Ron Gill,  profesor especialista en extensión ganadera para Texas A&M Agrilife Extension en la arena de rodeo a las 9:45; mientras que en el Hotel Sheraton Soberano a la 1 de la tarde se tendrá una charla sobre el entorno político con los gobernadores Fernando Baeza Meléndez, Francisco barrio Terrazas, Patricio Martínez y José Reyes báez posteriormente esto concluirá con una comida a las 2:30 de la tarde.

Para el viernes se encontrará con la conferencia Cattle Outlook por parte de Troy Applehans a las 8 de la mañana en el Sheraton y posteriormente una conferencia con el sector agropecuario México a cargo de Juan Carlos Anaya director general de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas GCMA.

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