Expiden Ley de Jorge Soto que simplifica trámites y costos a ciudadanos

Los diputados locales aprobaron la nueva Ley de Mejora Regulatoria que impulsó el diputado Jorge Soto Prieto del Partido Acción Nacional que fortalece a las instituciones gubernamentales en garantizar el  efectivo acceso a bienes y servicios, busca el diseño de normas claras, trámites simples y procedimientos transparentes que brinden seguridad jurídica a los ciudadanos.

El legislador planteó la simplificación de trámites para qie se brinden certeza jurídica a los ciudadanos y a las empresas,  en los tres órdenes de gobierno y en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como en los Órganos Constitucionales Autónomos,  orientados a reducir el costo económico de los mismos, en beneficio de las actividades productivas y de la sociedad.

La Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Chihuahua se compondrá de 4 Títulos, referentes a sus objetivos, principios, así como las responsabilidades administrativas en materia de Mejora Regulatoria, entre ellas principios de legalidad, reserva de ley, jerarquía normativa, como facilitar a las personas el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.

Se  integra Sistema Estatal por  el Consejo Estatal, la Comisión Estatal, las Comisiones, Comités, Unidades o Direcciones encargadas de la política de mejora regulatoria de los Municipios y los sujetos obligados, la competencia de los Municipios en materia de mejora regulatoria,  como las obligaciones de los Poderes Legislativo y Judicial, así como a los organismos con autonomía constitucional.

Las regulaciones aplicables están  contenidas en el Registro Estatal de Regulaciones, a fin de mantener permanentemente actualizado el catalogo, se establece que los documentos electrónicos que integren el Expediente, tendrán el mismo valor probatorio que un documento que cuente con firma autógrafa.

Son lparte de las obligaciones de los sujetos obligados de la administración pública estatal y municipal y de las autoridades de mejora regulatoria, de facilitar y proporcionar la información que les sea requerida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, las sanciones por incumpliendo de las obligaciones establecidas por la Ley, por parte de los servidores públicos, como la investigación de responsabilidades administrativas.