Enfrenta toro difícil de lidiar

Cd. de México (14 agosto 2019).- El lunes a las 17:10 horas, al arribar al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, Rosario Robles descendió de una camioneta BMW azul y afirmó que tenía las faldas bien puestas para tomar el toro por los cuernos.

Ataviada con un vestido blanco, alpargatas y una mascada roja con una franja de colores, Robles se abrió paso entre un remolino de reporteros que avanzó atropelladamente y envió a dos de ellos al suelo.

La ex titular de la Sedatu no imaginó que 14 horas más tarde se retiraría de la audiencia en otra camioneta azul, pero esta vez de la Policía Federal, que tendría como destino final el Penal de Santa Martha Acatitla, al oriente de la Capital.

En la sala judicial, la arroparon los abogados Alexandro y Xavier Olea Trueheart, Juan Manuel Méndez Arroyo, Julio Hernández Barros, José Saucedo Ortiz y Óscar Ramírez Santiago, este último a cargo de la mayor parte de las intervenciones.

Durante casi la totalidad de las 12 horas de audiencia, Robles guardó la calma. La mitad de los lugares para el público estaban ocupados por familiares y amigos, teniendo en primera fila a su hija Mariana Moguel y su pareja sentimental.

Parecía confiada en el caudal de documentos que habían preparado sus defensores. Eran 39 pruebas, entre ellas 5 resoluciones del Órgano Interno de Control (OIC) de la Sedesol, en los que se concluyó archivar las investigaciones de desvíos por falta de elementos.

Agregaron 5 entrevistas, incluidas la suya y su hija, y diversos oficios girados al OIC, la Fiscalía General de la República y Emilio Zebadúa, ex Oficial Mayor de la Sedatu y Sedesol.

A este último le ordena en esas comunicaciones dejar de contratar bienes y servicios conforme al artículo primero de la Ley de Adquisiciones, que eximen la licitación y que había sido el principal mecanismo empleado para simular contrataciones.

Robles también ofreció el fallo de la Secretaría de la Función Pública, dictado en un procedimiento de verificación patrimonial, que concluye que no había ninguna irregularidad ni aumento en sus bienes.

Adicionalmente, habían agregado al expediente el registro de acceso de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), para probar que ella no estuvo en junio de 2014 en una reunión llevada a cabo en esas oficinas y en donde, como dicen unos testigos colaboradores, fue informada de los desvíos.

Después de 12 horas y cuatro recesos, el juez Felipe de Jesús Delgadillo dictó la vinculación a proceso por ejercicio indebido del servicio público porque, en su opinión, estas pruebas no atacaban la tesis principal de la FGR.

Es decir, que no desvirtuaban que entre el 2014 y el 2018 ella tuvo pleno conocimiento de la falsificación de firmas y contratos para desviar 5 mil 73 millones 358 mil 846 pesos y que fue omisa para impedir estas operaciones ilegales.

"El dolo se dio porque sabía que no dar aviso continuaría el daño; no quiso actuar porque los involucrados formaban parte de su equipo de trabajo y continuaron con sus actividades ilícitas", dijo el juez.

Delgadillo puntualizó que las evidencias que acreditan que Robles fue informada durante esos años de las anomalías y no actuó en consecuencia, son 8 oficios que le enviaron dos ex subordinados que hoy son testigos colaboradores de la FGR.

A las 4:56 horas de ayer el juez dictó la vinculación a proceso y a las 6:25 horas le decretó la prisión preventiva justificada. Allí cambió el semblante de Robles. En el intervalo, su hija estuvo profundamente dormida en el hombro de su pareja.

"Estamos ante un tribunal de estado, ante un tribunal de consigna, es la más aberrante impartición de justicia que he visto en 35 años de ejercicio profesional, está de luto la justicia mexicana", dijo el abogado Julio Hernández.

Mientras el litigante hablaba a las cámaras, una camioneta de la Policía Federal salía del estacionamiento del centro de justifica con Robles a bordo, con rumbo al Penal de Santa Martha Acatitla. Eran las 7:08 horas.

Abel Barajas

Reforma