El ABC de la Estafa
Cd. de México (18 agosto 2019).- Con la anuencia u omisión de la ex Secretaria Rosario Robles y la conducción intelectual del ex Oficial Mayor Emilio Zebadúa, un grupo de al menos 11 ex servidores públicos participó en la maquinación del desfalco de 4 mil 73.3 millones de pesos cometido desde Sedesol y Sedatu.
De acuerdo con declaraciones contenidas en distintas investigaciones administrativas y penales, no en todos los casos los involucrados tuvieron conocimiento del desfalco que se estaba realizando a través de universidades, entidades públicas y empresas fantasma.
El desvío de recursos comenzó a operar desde el 15 de febrero de 2013, cuando la Secretaría de Desarrollo Social firmó un convenio por 21.1 millones de pesos con la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) para que ésta instalara ventanillas de atención para el programa de adultos mayores.
A ese convenio se sumaron 24 más, el último firmado el 15 de diciembre de 2016, con otras 12 universidades y tecnológicos, así como tres sistemas de radio y televisión de los estados de Hidalgo, Quintana Roo y Sonora.
El propósito de firmar convenios con las universidades y los centros estatales de radio y televisión fue evitar los procesos de licitación e intentar evadir la fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
El artículo 1 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) permite la contratación entre entes públicos siempre y cuando el contratado esté en capacidad de proveer lo solicitado sin subcontratar más del 49 por ciento de los trabajos a realizar.
Desde que la ASF comenzó a revisar estos convenios advirtió que en ellos había irregularidades, porque si bien estaban permitidos por la ley, no se ajustaban a lo establecido en la norma y las universidades no tenían la capacidad técnica ni de personal para cumplir con lo pactado.
Pese a ello, durante el paso de Robles y Zebadúa por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), firmaron los convenios y asignaron contratos para proveer distintos servicios, entre los que están la instalación de módulos, la realización de conciertos de rock, la elaboración de estudios, la planeación de campañas de difusión y la elaboración de spots.
En febrero de 2015, al dar a conocer los resultados de la Cuenta Pública 2013, la ASF evidenció el esquema que se repetiría año con año: el pago millonario a universidades por la prestación de supuestos bienes y servicios, que en muchos de los casos no se realizaron, y la triangulación de la mayor parte de esos pagos a empresas fantasma.
"Se evidencian esquemas que permitieron eludir las licitaciones públicas, presumiblemente simular los servicios y las adquisiciones, subcontratar proveedores sin el perfil ni la capacidad técnica, material y humana para prestar los servicios, y que éstos, a su vez, subcontrataran a otras empresas, que en algunos casos resultaron inexistentes o vinculadas", indicó en la auditoría forense DS-031.
Luego de que se daba la firma del convenio respectivo, el modus operandi que se seguía al interior de la Sedesol y Sedatu era que se acordaba con las universidades a qué empresas se debían transferir los recursos, se elaboraban supuestos entregables que justificaran los bienes prestados, se seguían los trámites para liberar los pagos y se pretendía solventar ante la ASF las observaciones con papeleo y pruebas hechizas.
Robles fue vinculada a proceso el 12 de agosto pasado por su presunta responsabilidad en el delito de ejercicio ilícito de servicio público, debido a que, pese a haber tenido conocimiento del desvío de recursos que se estaba llevando a cabo, no hizo nada para impedirlo ni informó de ello a su superior jerárquico, el Presidente Enrique Peña Nieto.
Durante la audiencia se reveló que José Antolino Orozco Martínez, Marcos Salvador Ibarra Infante y María del Carmen Gutiérrez Medina, ex funcionarios de Sedesol y Sedatu, en distintas declaraciones ministeriales aseguraron que Robles estuvo al tanto del saqueo que se estaba cometiendo.
"Si bien es cierto, se ha narrado que Juan Manuel Portal, entonces titular de la Auditoría Superior de la Federación informó a María del Rosario de las irregularidades que ocurrían, en aquella época, en la Secretaría de Desarrollo Social.
"La certeza que María del Rosario tenía conocimiento, se obtiene de la notificación que hizo la Auditoría Superior de la Federación, de los pliegos de observaciones; y posteriormente, de los dictámenes técnicos donde se desprende el posible daño a la Hacienda Pública en ambas dependencias", añadió el Juez.
Así, con su anuencia u omisión, de acuerdo con declaraciones de algunos implicados, sus subalternos operaron el desfalco.
Rolando Herrera
Reforma
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Lo anterior, según se dijo, tiene impacto directo en la competitividad de las empresas de acuerdo con el Consejo Coordinador Empresarial de Juárez, al destacar, que se afecta de manera importante, al derivar en pérdidas económicas millonarias, así como retrasos en las cadenas de suministro; además de generarse un ambiente incertidumbre a la inversión extranjera y afectando el desarrollo económico de la ciudad y del estado.
El impacto, se dice, no es solo a Ciudad Juárez sino a Chihuahua, Cuauhtémoc y otras localidades en donde se tiene presencia de la industria maquiladora de exportación.
Esto abre la posibilidad de enfrentar un escenario como el que se tuvo el año pasado con el cierre de los cruces fronterizos, por eso los organismos empresariales decidieron tomar acciones, para tratar de resolver está problemática lo antes posible.
Entre lo definido por el sector empresarial de Juárez, fue el envío de cartas a funcionarios federales como a la secretaria de gobernación, Luisa María Alcalde; a la titular de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, además al secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño, así como al presidente Andrés Manuel López Obrador, en un intento por resolver esta situación internacional, que mucho afecta al intercambio comercial y a la industria de exportación, asentada en el territorio chihuahuense.
El detalle será que sí decidan intervenir las autoridades federales, pues habría que recordar que durante el cierre de los cruces a los camiones de carga el año pasado, poco o nada hizo el Gobierno Federal por resolver esta situación, que puso en crisis a la industria manufacturera de exportación principalmente de Chihuahua y Coahuila; así que habrá de esperar por si hay alguna respuesta en este sentido, más allá de la crítica que pueda hacer López Obrador a las acciones del gobernador texano, Gregg Abbott, lo que ya no es nuevo.
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Para el viernes se encontrará con la conferencia Cattle Outlook por parte de Troy Applehans a las 8 de la mañana en el Sheraton y posteriormente una conferencia con el sector agropecuario México a cargo de Juan Carlos Anaya director general de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas GCMA.
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