Anunció el Gobernador, Javier Corral, la disponibilidad de 18 mil millones de pesos para obras y proyectos de infraestructura en el Estado de Chihuahua. El 35% de los recursos se destinarán a los municipios de Chihuahua y Juárez; el 25% a la zona serrana; el monto restante a los municipios faltantes. El plan se basa en 5 ejes rectores: desarrollo humano y social; economía, innovación y desarrollo; infraestructura y desarrollo urbano; justicia y seguridad; y gobierno responsable.
En la ciudad de Chihuahua se tiene contemplado entregar 2 mil 891 millones de pesos, distribuidos en 363 proyectos, como es el mejoramiento del Centro Histórico de Chihuahua, la adquisición de 65 autobuses nuevos de gas natural, la construcción de la primera etapa del Parque de Innovación y Desarrollo Tecnológico Spark, así como la construcción del área de Teleterapia en el Centro Estatal de Cancerología para poner en funcionamiento un acelerador lineal donado por la International Atomic Energy Agency. Para ciudad Juárez, se contemplan 50 proyectos relacionados con infraestructura, con una inversión de más de 6 mil millones de pesos.
Javier Corral informó que en la primera etapa de su administración se han ejercido alrededor de 8 mil millones de pesos en obras de infraestructura en el estado. Entre ambas cifras, la última representa más el doble en comparación con la primera. Otra cifra parece elocuente: Chihuahua y Ciudad Juárez son las principales beneficiadas con más de un tercio de la inversión. Lo cual es entendible porque albergan a más de dos tercios de la población del Estado.
La repartición de los montos así como los municipios beneficiados tienen una inconfundible familiaridad electoralista. Eso explica la inconformidad de la alcaldesa de Chihuahua, María Eugenia Campos, quien denuncia que Ciudad Juárez se ha visto más beneficiada que la capital, como si la adjudicación no se relacionara con programas ya previstos. Ese “ojalá abran un poquito más la mano para dotar esta infraestructura social”, que expresó en referencia a la inversión, sabe a reclamo con miras al 2021 antes que a una urgencia legítima del municipio. Si no se destinó inversión a “infraestructura social”, es probable que se deba a que no se contempló en los proyectos municipales. Responsabilizar a gobierno del estado de la propia incompetencia es injusto y desafortunado. No parece que la alcaldesa pueda justificarse ante los ciudadanos. Más bien debe reflexionar sobre su flagrante.
Todo está perfectamente programado para que las obras se concluyan coincidiendo con los comicios. En los hechos, parece tratarse de actos anticipados de campaña porque por dondequiera aparecerá el lema “Obra del municipio de Chihuahua” o, como también denunció la alcaldesa, “Obra del Estado de Chihuahua”, que en los hechos también le beneficia aunque le incomode.
Está por ver si el dinero no llega demasiado tarde, de modo que la inversión se vuelva desafección hacia el gobierno municipal y estatal. A primera vista, la principal beneficiada es la actual alcaldesa de Chihuahua, posiblemente la candidata a la gubernatura por Acción Nacional. Recibiendo casi tres mil millones de pesos, tiene tiempo y dinero para comenzar desde ya una campaña que puede llevarla al gobierno del Estado. Por eso extraña el reclamo que sólo puede leerse en clave electoral y que exhibe una preocupante mezquindad.
De momento, el monto ya está y bien utilizado puede mejorar sensiblemente las condiciones de vida de los chihuahuenses. Pedir más dinero para la capital en detrimento del resto de municipios del estado no parece que sea la mejor tarjeta de visita de quien aspira a la gubernatura.