Piden a SCJN atraer amparo en caso Duarte

Cd. de México .- Una asociación civil solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraer el amparo que en primera instancia le reconoció su calidad de víctima de la corrupción, en la indagatoria iniciada contra los funcionarios que aprobaron el procedimiento para que Javier Duarte fuera sentenciado a 9 años de cárcel.

De acuerdo con documentos judiciales, Estefanía Medina, apoderada legal de la asociación civil Tojil Estrategia contra la Impunidad, presentó su solicitud a la SCJN para que atraiga el amparo en revisión que por ahora se tramita en el Séptimo Tribunal Colegiado Penal.

Según el escrito, este asunto implica un amplio interés social para el País, porque definirá los alcances de la calidad de víctima en el procedimiento penal, cuando la corrupción afecta bienes jurídicos colectivos como la adecuada administración pública y el patrimonio nacional.

"La trascendencia de este caso, radica además en determinar ¿si es posible afirmar que se cuenta con un derecho humano a vivir en un ambiente libre de corrupción?", plantea Medina en el escrito dirigido al ministro Juan Luis González Alcántara, presidente de la Primera Sala de la Corte.

"Y por ello, si a partir de ese derecho la quejosa como A.C. y titular de este derecho, que está asociado a la tutela del bien jurídico de la adecuada administración pública, puede ser considerada como víctima del delito tratándose de delitos de corrupción".

Este litigio se remonta al pasado 1 de octubre, cuando la asociación presentó una denuncia ante la Visitaduría General de la Fiscalía General de la República (FGR), contra los responsables de negociar un procedimiento abreviado con Javier Duarte.

Dicho procedimiento, previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, prevé a grandes rasgos la penalidad mínima y otros descuentos adicionales en la pena de prisión, a quienes admitan la responsabilidad de los delitos imputados.

Gracias a esta figura, el 26 de septiembre de 2018 Duarte fue condenado a 9 años de prisión y al pago de una multa de 58 mil 890, sentencia que Tojil consideró como muy baja y desproporcionada con relación a los hechos y desvíos señalados en la acusación.

La Visitaduría inició una carpeta de investigación FED/VG/UNAI-CDMX/0000435/2018 por delitos contra la administración de la justicia y cohecho, principalmente contra la fiscal Martha Estela Ramos Castillo, quien negoció procedimiento abreviado que llevó a la FGR a solicitar al juez la sentencia cuestionada.

El pleito legal se detonó cuando la Visitaduría le negó a Tojil el carácter de víctima y el acceso a las fotocopias del expediente. La asociación impugnó esta determinación ante un juez de control, sin tener suerte.

Fue hasta junio pasado cuando el juez federal Juan Mateo Brieba de Castro, Juez Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal, concedió la protección de la justicia a la A.C. y le reconoció su calidad de víctima en indagatoria ministerial, en lo que hasta hoy es un hecho inédito.

La sentencia de amparo fue impugnada por la FGR y su recurso de revisión fue turnado al Séptimo Tribunal Colegiado Penal. Esta revisión es la que ahora Tojil está pidiendo a la Corte atraer.

Abel Barajas

Reforma