Van contra otros tres por Estafa Maestra
La Fiscalía General de la República pidió comparecer ante la justicia a tres ex funcionarios por presuntamente pagar ilegalmente 400 millones de pesos por la supervisión y mejora de los comedores comunitarios del Estado de México, en un caso más de la "Estafa Maestra".
Se trata de un caso donde la Secretaría de Desarrollo Social, hoy de Bienestar, contrató a la Universidad Politécnica de Chiapas (UPCH) y del que se acusa la inexistencia de comprobantes para acreditar los servicios, la subcontratación superior a la permitida por ley y un adeudo al proveedor, en principio no registrado.
La empresa que subcontrató la Universidad es Productos Serel, perteneciente a Grupo Cosmos, del empresario Jack Landsmanas Stern, uno de los grandes proveedores de alimentos a nivel nacional.
Los ex funcionarios a imputar son Martha Lidia Montoya Santos, ex directora de Tesorería, y José Israel Torres Gutiérrez, director general de Desarrollo Comunitario, ambos de la Sedesol; y José Roberto Aguilar Fuentes, abogado general de la Universidad Politécnica de Chiapas (UPCH).
El Ministerio Público Federal pidió a un juez del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente una audiencia inicial para imputarles el delito de uso indebido del servicio público, en las modalidades de pago ilegal, contratación indebida y ser parte de la misma.
El pasado 4 de octubre, estaban llamados a comparecer por vez primera ante la juez federal Beatriz Moguel Ancheyta, sin embargo, debido a que estaban pendientes de resolver algunos amparos, la audiencia fue aplazada para los próximos días.
El delito que les imputan se sanciona con seis meses a doce años de prisión, 100 a 300 días multa, y la destitución e inhabilitación para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos, por el mismo periodo que la sanción penal.
El contrato
La investigación corresponde a una denuncia que presentó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ante la FGR, en enero de 2018, y trata de un convenio suscrito cuando Rosario Robles era la titular de la Sedesol.
De acuerdo con informes judiciales, el convenio en cuestión fue firmado en abril de 2015 entre la Sedesol y la UPCH para la supervisión, monitoreo, control y mejora de los comedores comunitarios del Estado de México.
Los trabajos incluían la entrega de informes del padrón, uso de recursos y planes de mejora.
La contratación de los servicios de la Universidad se llevó a cabo a través de dos convenios específicos, el primero con vigencia del 14 de abril al 31 de diciembre de 2015 y el otro del 6 de mayo al último día del mismo año, cada uno por 200 millones de pesos.
La institución educativa manifestó que contaba con la capacidad técnica, material y humana para cumplir con los convenios y que no requeriría de la contratación con terceros en un porcentaje mayor al 49 por ciento del importe total, límite que marca la norma.
Sin embargo, la UPCH subcontrató la totalidad de los trabajos con Productos Serel, perteneciente a Grupo Cosmos, de Jack Landsmanas.
Cuando la ASF revisó este asunto, detectó que la UPCH había subcontratado toda la proveeduría por un precio menor al recibido. Lo hizo a través de dos contratos con Productos Serel por 139 millones 200 mil pesos cada uno.
Es decir, que de los 400 millones de pesos recibidos, la Universidad sólo empleó 278 millones 400 mil pesos para cubrir la totalidad del contrato. Se desconoce el destino de los restantes 121 millones 600 mil pesos.
La ASF también comprobó que la UPCH sólo liquidó el primer contrato a Productos Serel por 139 millones 200 mil pesos, pero no le pagó 98 millones 800 mil pesos del segundo contrato específico.
"Se verificó que éste (el proveedor) realizó los trabajos encomendados por la UPCH, recibió el pago por 139,200.0 miles de pesos del entregable 1 realizado de cada uno de los Acuerdos Específico de Acompañamiento formalizados con la universidad y que no ha recibido el pago correspondiente a los entregables 2, 3 y 4 de los acuerdos referidos por 98, 800.0 miles de pesos", dice la ASF en su Informe de la Cuenta Pública.
El organismo fiscalizador también estableció que la Sedesol "no proporcionó evidencia que acredite que recibió en tiempo y forma los trabajos realizados por dicha universidad".
Cuando estos convenios fueron auditados, la Dirección General de Desarrollo Comunitario de la Sedesol desconoció la existencia de los mismos, debido a que no fueron incluidos en el acta de entrega-recepción de José Israel Torres Gutiérrez, ex titular de esa dirección.
Sin embargo, los documentos fueron proporcionados a la ASF en la visita domiciliaria que hizo a la UPCH.
"La respuesta de la Sedesol respecto del desconocimiento de las operaciones con la UPCH, no es congruente con la evidencia documental existente en sus archivos como son los convenios formalizados con la UPCH y el pago de 400,000.0 miles de pesos que se realizó a dicha universidad", dijo la ASF.
Tips al momento
Sector empresarial de Juárez, pide a Gobierno Federal resolver la problemática de revisiones por parte de Texas
Las revisiones exhaustivas establecidas desde el pasado sábado, por parte del gobierno de Texas a los camiones de carga que ingresan de México hacia su territorio, a través de los puentes Américas y Zaragoza, como una medida derivada de la presencia de migrantes en la zona, ya provocaron alertas y reacciones en el sector empresarial.
Lo anterior, según se dijo, tiene impacto directo en la competitividad de las empresas de acuerdo con el Consejo Coordinador Empresarial de Juárez, al destacar, que se afecta de manera importante, al derivar en pérdidas económicas millonarias, así como retrasos en las cadenas de suministro; además de generarse un ambiente incertidumbre a la inversión extranjera y afectando el desarrollo económico de la ciudad y del estado.
El impacto, se dice, no es solo a Ciudad Juárez sino a Chihuahua, Cuauhtémoc y otras localidades en donde se tiene presencia de la industria maquiladora de exportación.
Esto abre la posibilidad de enfrentar un escenario como el que se tuvo el año pasado con el cierre de los cruces fronterizos, por eso los organismos empresariales decidieron tomar acciones, para tratar de resolver está problemática lo antes posible.
Entre lo definido por el sector empresarial de Juárez, fue el envío de cartas a funcionarios federales como a la secretaria de gobernación, Luisa María Alcalde; a la titular de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, además al secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño, así como al presidente Andrés Manuel López Obrador, en un intento por resolver esta situación internacional, que mucho afecta al intercambio comercial y a la industria de exportación, asentada en el territorio chihuahuense.
El detalle será que sí decidan intervenir las autoridades federales, pues habría que recordar que durante el cierre de los cruces a los camiones de carga el año pasado, poco o nada hizo el Gobierno Federal por resolver esta situación, que puso en crisis a la industria manufacturera de exportación principalmente de Chihuahua y Coahuila; así que habrá de esperar por si hay alguna respuesta en este sentido, más allá de la crítica que pueda hacer López Obrador a las acciones del gobernador texano, Gregg Abbott, lo que ya no es nuevo.
Ex gobernadores en encuentro ganadero
Exgobernadores del PRIAN de Chihuahua participarán en el primer encuentro ganadero chihuahuense que organiza la Unión Ganadera Regional de Chihuahua mismo que se realizará los días 2 y 3 de mayo del presente año en las instalaciones de la UGRCH y el Hotel Sheraton.
El jueves 2 de mayo se imparte la clínica stockmanship con Ron Gill, profesor especialista en extensión ganadera para Texas A&M Agrilife Extension en la arena de rodeo a las 9:45; mientras que en el Hotel Sheraton Soberano a la 1 de la tarde se tendrá una charla sobre el entorno político con los gobernadores Fernando Baeza Meléndez, Francisco barrio Terrazas, Patricio Martínez y José Reyes báez posteriormente esto concluirá con una comida a las 2:30 de la tarde.
Para el viernes se encontrará con la conferencia Cattle Outlook por parte de Troy Applehans a las 8 de la mañana en el Sheraton y posteriormente una conferencia con el sector agropecuario México a cargo de Juan Carlos Anaya director general de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas GCMA.
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El detalle será que sí decidan intervenir las autoridades federales, pues habría que recordar que durante el cierre de los cruces a los camiones de carga el año pasado, poco o nada hizo el Gobierno Federal por resolver esta situación, que puso en crisis a la industria manufacturera de exportación principalmente de Chihuahua y Coahuila; así que habrá de esperar por si hay alguna respuesta en este sentido, más allá de la crítica que pueda hacer López Obrador a las acciones del gobernador texano, Gregg Abbott, lo que ya no es nuevo.
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