La iniciativa privada manifestó su preocupación y molestia por la eliminación del mecanismo de la compensación universal de la miscelánea fiscal de este año que avaló la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues representa una mayor presión para la economía formal del país.
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Francisco Santini Ramos, señaló que el Gobierno administra recursos que no le pertenecen como son los impuesto que debe regresar en ocasiones, pues la compensación universal se trata de la posibilidad que se les daba a algunas empresas para que los saldos a favor que tuvieran en el pago de un impuesto, los pudieran utilizar para cubrir otros gravámenes, por ejemplo el impuesto al valor agregado (IVA), por el impuesto sobre la renta (ISR).
Tal es el caso de las empresas de alimentos que venden sin IVA pero que los insumos que adquiere son con este impuesto, de manera que registran un saldo favor que el SAT "jinetea" y que anteriormente se podían destinar al pago del Impuesto de Sobre la Renta, expuso el líder empresarial
Esta eliminación, apuntó, representa una mayor presión para el sector empresarial y economía formal de México, "cuando el país registra cero crecimiento económico los legisladores promueve leyes que castigan más a las personas que generan empleo y que arriesgan su capital para tener una comunidad mejor", subrayó Santini Ramos.
Reconoció el dirigente empresarial que cada vez es más difícil competir en una economía global y si el gobierno se empeña en crear un escenario cada vez más complicado, va a terminar con muchas empresas.
En tanto, el presidente de Coparmex, Federico Baeza Mares, señaló que compensación universal afectará principalmente a las micro y pequeñas empresas que conforman el 90 por ciento de las empresas que operan en el país.
"Lo que nos queda es interponer un amparo para poder lograr que el tema siga vigente y ver cómo se puede negociar pues es necesaria la compensación universal para el desarrollo de las empresas", dijo.
Consideró el líder patronal, que esta decisión se trata de un nuevo obstáculo para el sector privado y desalentará la creación de empresas.