Reforman la Constitución en materia de intérpretes indígenas

Los diputados con 26 votos aprobaron reforma a la  Constitución Política del Estado de Chihuahua para que el Estado en todo tiempo garantice  personas traductoras, intérpretes y defensoras con dominio de su lengua, conocimiento de su cultura y del Derecho Indígena en los procesos judiciales.

El Estado debe establecer las instancias especializadas correspondientes, es decir, por un lado la defensoría pública que ya existe y por el otro, la que corresponde a traducciones e interpretaciones, aclarando que ello no es limitativo para que las autoridades que se vean en la necesidad de contar un área similar, puedan constituirla en cumplimiento de los derechos individuales o colectivos de las personas, pueblos y comunidades indígenas.

Para dar cumplimiento al derecho de acceso a la justicia a personas, pueblos y comunidades indígenas, la Fiscalía General del Estado en el ejercicio de las atribuciones antes señaladas, garantizará que aquéllas cuenten con la asistencia de personas traductoras e intérpretes, debidamente certificadas, en toda actuación que les involucre, estableciendo para ello las previsiones necesarias y, de resultar indispensable, la celebración de convenios de colaboración o coordinación con las instituciones competentes.

Celebrar convenios tanto con el Poder Judicial del Estado, como con el de la Federación y sus respectivos Consejos de la Judicatura, para coadyuvar en los procesos de capacitación en materia de derechos y cultura de los pueblos y comunidades indígenas, a quienes formen parte de la Defensoría Pública, así como a las personas traductoras e intérpretes, según corresponda, que integren la instancia especializada correspondiente.

El Centro de Personas Traductoras e Intérpretes es un órgano auxiliar del Poder Judicial, para el cumplimiento de sus funciones y desarrollo de sus actividades sustantivas, cuenta con autonomía técnica y operativa.

Tiene como objeto proveer lo necesario en materia de traducción e interpretación, a fin de que las instituciones de procuración, impartición y administración de justicia puedan garantizar, en este sentido, el derecho de acceso a la justicia a personas, pueblos y comunidades indígenas.

Así mismo, apoyará a los Poderes del Estado y demás autoridades de la Entidad Federativa, para que los actos que emitan en el ámbito de su competencia, con consecuencias jurídicas para personas, pueblos y comunidades indígenas,  se desarrollen con la asistencia de personas defensoras, traductoras o intérpretes debidamente certificadas, según corresponda.

El Centro de Personas Traductoras e Intérpretes, dependerá del Consejo y para el adecuado cumplimiento de sus funciones, se establecerán centros regionales en aquellos distritos judiciales que así lo requieran, previo cumplimiento del procedimiento establecido por la Ley  para tal efecto.

El Centro de Personas Traductoras e Intérpretes ejercerá sus atribuciones a través de la estructura orgánica que determine el Consejo y contará con el número de personas traductoras e intérpretes necesarias, de conformidad con los requerimientos de cada distrito judicial.