Carta Abierta de Luís Villegas a Jorge Espinoza Cortés

JORGE ALBERTO ESPINOZA CORTÉS,
CONSEJERO JURÍDICO DEL ESTADO.
PRESENTE. 
Consejero:
   Recibe un saludo por este medio; te hablo de tú porque si bien jamás tuvimos el gusto de compartir trinchera (nunca te vi ni siquiera de lejos en lucha política alguna), tú y yo nos sabemos viejos conocidos y los dos conocemos el porqué, incidente que en el tema que pretendo abordar sale sobrando. Procedo.
   Es una pena que con este asunto del Coronavirus, no haya la posibilidad de poder explicarte el asunto con manzanas. No obstante, impedido de poderte demostrar “de bulto” ese mínimo que cualquier persona que se repute a sí mismo como “abogado” debería de saber, lo intento a través estas líneas.
   Tus declaraciones vertidas a principios de esta semana, en el sentido de que es evidente la corrupción que “está sucediendo en el Juzgado Octavo de Distrito y en el primer colegiado en materia penal y administrativo (sic) donde estaba la magistrada Tello. Ella y él son los hoyos de corrupción que tenemos en el Poder Judicial de la Federación en el Estado de Chihuahua”,1 son lamentables y destacan por varias razones:

La primera —no la más grave pero sí la más indiscutible, porque demuestra una ignorancia jurídica palmaria, superlativa, inimaginable siquiera en alguien que se ostenta como “Consejero Jurídico del Estado”—, es la relativa al desempeño del Juez Octavo de Distrito en el Estado. El Juez simplemente no tenía alternativa; y es así, porque resolvió sobre la suspensión provisional solicitada y, al no estar de acuerdo el quejoso con los términos en que lo hizo, interpuso el recurso de queja; medio de defensa que, en los términos de la Ley de Amparo, artículo 97, fracción I, inciso b), procede en los amparos indirectos (como es el caso), contra las resoluciones “que concedan o nieguen la suspensión de plano o la provisional”; previsión que halla sustento en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, artículo 37, fracción III, que establece que, con las salvedades respectivas, son competentes los tribunales colegiados de circuito para conocer: “Del recurso de queja en los casos y condiciones establecidas en la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”; de donde deriva que el citado Juez Octavo no tenía más alternativa que acatar, en sus términos, la resolución de su superior jerárquico. De ahí lo absurdo, por no decir lo idiota, de reclamar su proceder a ese orden de autoridad pues el contenido de su acto estaba predeterminado por un mandato diverso de índole superior y obligatorio;

La segunda —en orden de desimportancia—, es el sospechoso y esquizoide proceder tuyo, al no inconformarte con la resolución del mismo Juez si es favorable a los intereses que defiendes; empero, en cuanto la misma se desvía un milímetro de tus propósitos (a eso volveremos luego), la reacción es fulminante y categórica, propia de quienes se quedan sin argumentos jurídicos dentro de un procedimiento: acusar de corrupción a quien les da palo; es decir, no era corrupto su proceder cuando te fue favorable, pero lo es de inmediato cuando no (¿what?);

La tercera —seguimos en los terrenos de la intrascendencia—, es la virulencia de la respuesta a un acto legítimo de autoridad. Es claro que si no sabes de leyes menos sabrás de historia; pues bien, lo cierto es que al enterarme de tu exabrupto, recordé la historia de Boabdil, el Zoghbi, el último rey moro en Granada; quien, al salir de la Alhambra tras entregar sus llaves, en el año 1492, cuenta la leyenda que debió escuchar las duras palabras de su madre: “Llora como mujer lo que no supiste defender como hombre”; tú, el gobierno al que representas, la Fiscalía General, con todo el poder, con todos los recursos —humanos, materiales, financieros y legales— a su alcance, tuvieron todo el tiempo del mundo para actuar y hacer prosperar sus pretensiones; y frente al primer soplamocos, su respuesta no es ni siquiera jurídica, es equívoca, visceral, grosera, lamentable, en alguien que se dice abogado;

La cuarta —tampoco muy relevante, pero de obligada mención— es que tu cometido, el único e impostergable en este momento, tendría que ser llamar a cuentas al imbécil que está en el Congreso del Estado responsable de no gestionar, ipso facto, la resolución judicial por la cual se ordenó reinstalar a Jorge Ramírez como Magistrado. Ese acto criminal (que a nadie debería extrañar porque está visto que en el Poder Legislativo son incapaces de organizar con éxito una ida a mear) dio pie a que diversas autoridades pretendieran desconocer el contenido y alcances de la resolución que restituía en todos sus derechos y empezando por el fuero, sin requerir de aprobación alguna adicional, a un integrante del Poder Judicial;

La quinta —ya nos vamos acercando a los asuntos de fondo— es que frente a un acto gravísimo por su trascendencia, como es la detención ilegal de un funcionario con fuero, la única respuesta tuya, lejos de la institucionalidad, del decoro o del estricto apego a la ley, es el ataque a un órgano encargado de la administración de justicia y la flagrante violación al marco legal e institucional que establece la distribución de competencias entre dependencias del Ejecutivo. Es lamentable que sea la consejería jurídica a tu cargo la que públicamente salga a vindicar la deficiente actuación de la Fiscalía General; lo que demuestra de modo fehaciente, que no existe ningún respeto, de tu parte al menos, a ese orden jurídico que deberá constituir el único parámetro pertinente para regir tu labor;

Todo lo anterior evidencia la falaz división de poderes en el Estado de Chihuahua y la debilidad institucional; la estúpida omisión del Legislativo, la chapucera actuación del Ministerio Público, la desaseada defensa a tu cargo, todo, pone de manifiesto un fallido régimen con aspiraciones de autocracia; y

Por último —quizá lo único importante en este sainete—, el ataque directo al Poder Judicial. Ahí sí, Consejero, es necesario detenerse. En su ignorancia supina (tal vez no se han dado cuenta) acaban de poner en marcha el único motor que parecía inactivo en este conato de gobierno. La ataraxia de algunos magistrados parece que se ha puesto a prueba pues la agresión al Magistrado Ramírez constituye la confirmación de factode que, contigo a la cabeza, el régimen no tiene ningún empacho en transgredir cualquier mandato con tal de consumar sus aspiraciones mayestáticas, su revanchismo político o sed de venganza ante agravios reales o imaginarios. Lo ocurrido el fin de semana alertó a algunos, no pocos, sobre la posibilidad de que pueden ser víctimas, en cualquier momento y sin necesidad de una excusa plausible, de una persecución política sobre la veleidad del capricho.

   Así es; mientras que los ataques al Poder Judicial a cargo de mequetrefes como Joaquín Sotelo dejó impávidos a muchos, la agresión consumada el pasado domingo constituyó un aviso de que las campanas doblan para todos. No todos tienen el privilegio de llamar —o ser llamados—, en directo, al mandamás de turno; la mayoría, permanecían en el limbo de la indiferencia haciéndose bolita la mugre del ombligo, hasta que vino este ataque ilegal e injustificado a ponerlos en alerta, cuando no sobre aviso.
   Por lo pronto, Consejero, te advierto que así como en el pasado reciente algunos, muy pocos, hemos enfrentado al poder desde la periferia o desde el poder mismo con todos los recursos a nuestro alcance, en este nuevo episodio de pendejez y autoritarismo habemos quienes vamos a reincidir en esa conducta que se puede resumir en una frase muy simple: no nos vamos a dejar. Por lo pronto, habrá que ver a cuantos magistrados les tiembla la mano para defenderse siquiera a sí mismos o van a persistir, como es costumbre de algunos, en ese ánimo de negociar hasta la ignominia para ver qué agua llevan a su molino, ajenos al refrán que dice: “perro no come perro”.
   Por lo demás, te reto a ventilar y a discutir públicamente, cuando quieras y donde quieras, la legalidad de la resolución emitida por el Juez Octavo de Distrito.

Sin más por el momento, saludos
Luis Villegas Montes.