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Funcionarios del TSJ donan parte de su sueldo al Plan Emergente por crisis del coronavirus

En virtud de los ajustes presupuestales consecuencia de los programas emergentes de atención por aumento de contagios del COVID – 19, el Poder Judicial se dio la tarea de dar estructura a un plan de ahorro  que implica ajustes a proyectos contemplados, además de hacer una invitación a donar parte de sus ingresos a funcionarios de primer y segundo nivel.

El Pleno del Tribunal Superior de Justicia planteó la opción de realizar voluntariamente un donativo al ICHISAL cuyo destino será la habilitación de espacios de atención a pacientes y compra de insumos necesarios para enfrentar la crisis de salud de las próximas semanas, donde incluso los mismos empleados judiciales pudieran necesitar de los servicios médicos previstos para entonces.

Magistradas y Magistrados, Consejeras y Consejeros harán una aportación mensual de $ 20,000 pesos hasta reunir un monto de $ 100,000 pesos por funcionario y serán recaudados durante los próximos 5 meses para finalizar en agosto.

Con la Secretaria General, el Secretario Ejecutivo, directoras y directores, coordinadoras y coordinadores se proyecta un ajuste momentáneo de $ 10,000, que, a lo largo del tiempo proyectado, reunirán $ 50,000 pesos por funcionario, que al igual que en todos los casos será en un orden de retención para facilitar el acceso del recurso a la Dirección General de Administración, quien lo entregara a la Secretaria de Hacienda de Gobierno del Estado.

En el caso de las y los secretarios técnicos, las y los secretarios de sala y las y los jueces es de $ 40,000, proyectándose sea cubierta en el periodo ya expuesto, a través de reducción directa al ingreso del funcionario. También existen combinaciones de otras prerrogativas, que pueden reducirse a la mitad del monto y el resto hacerlo con recursos de la prima vacacional o aguinaldo correspondiente o bien una sola reducción aporte con cargo a los rubros anteriores.

El exhorto del donativo se da en contexto solidario dirigido al personal del TSJ en torno a la emergencia, priorizando un bien común y valioso como lo es la salud que hoy se ve vulnerada por la presencia de este virus que está cobrando miles de vidas en el mundo.

Así mismo, los empleados de la institución estarán en posibilidades de valorar si deciden acceder a los planteamientos y montos que ya se les han informado, dejándoles la posibilidad de que sea una aportación voluntaria de acuerdo a sus condiciones y que deberán informar al área administrativa a más tardar el 15 de Abril.

En este primer rubro con los empleados se  contempla una recaudación de $ 21,390,000 y que se sumara a una paquete económico aproximado a $ 270 millones, producto de reducción de presupuestos y otros ahorros para 2020 que dan un monto cercano a los $ 300 millones de que serán entregados al Instituto Chihuahuense de la Salud

Es importante precisar que esta medida es temporal y que no afecta salarios o percepciones de manera definitiva y que se hará en los esquemas de apoyo al teletón o la cruz roja como se ha realizado en ocasiones anteriores.

Esta medida es una acción solidaria y congruente con los otros poderes del estado, con el objetivo de unificar esfuerzos en torno a este fenómeno que cambia la dinámica del ser humano al tener que resguardarse en casa, para no exponerse al contagio.

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Invitan al Foro "Voto responsable y participación ciudadana"

Este día, la asociación "Laicos en la Vida Pública" está convocando al foro "Voto responsable y participación ciudadana", a través de una  invitación que está circulando por redes sociales, para exponer y que se conozca el documento que en su momento, señalan, realizó el arzobispo de Chihuahua Adalberto Almeida y Merino.

La cita es hoy, a las 19:30 horas en el Poliforum de la Facultad de Filosofía,  en un encuentro en el que participará el sacerdote Dizán Vázquez

Adalberto Almeida y Merino, fue uno de los actores que tuvo participación activa en aquellas manifestaciones de protesta, en el llamado "Verano caliente del 86", por la elección de la gubernatura y que marcó un precedente en los procesos electorales en el estado de Chihuahua, por la magnitud y participación de la ciudadanía por lo que consideraron un fraude, incluso, se llegó a hablar del cierre de las iglesias, como parte del descontento.

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