Lanza Morena propuestas de acuerdo nacional

Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente nacional de Morena, convoca al diálogo y el Acuerdo de Unidad y de Solidaridad Nacional, pues asegura que "El punto de partida y el desenlace de las nuevas reglas de convivencia social es, sin lugar a duda, el tema del Bienestar. A partir de diversos análisis elaborados por Morena en conjunto con especialistas en la realidad política, social y económica del país".

Su acuerdo contempla:

El ESTADO DE BIENESTAR, como concepto y propósito, debe quedar plasmado de manera explícita en nuestra Carta Magna, señalando los sistemas de protección universales que se deriven del mandato constitucional. Son los nuevos sistemas que trascienden programas parciales y sintetizan y aseguran derechos ineludibles para todos los mexicanos. Se trata de convenir la construcción del NUEVO ESTADO que habrá de emerger de la crisis que estamos padeciendo. Se busca dar certeza nacional de lo que será la nueva normalidad.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) debe de tener la facultad constitucional de medir la concentración de la riqueza en nuestro país. Tenemos miles de millones de dólares que constituyen una riqueza totalmente inobservada. Ya no se trata sólo de dar cuenta del ingreso y el gasto de las familias y las personas. Medir la pobreza en México es un gran avance. Ahora se demanda, con urgencia, medir también la desigualdad y la concentración de la riqueza. La información por Deciles es buena. Pero se requiere descomponer la composición del X Decil y ver los componentes y los estratos que lo integran. El INEGI debe entrar, sin ningún impedimento legal, a revisar el patrimonio inmobiliario y financiero de todas las personas. Cada dos años debe de dar cuenta de los resultados que arroja la totalidad de los activos con los que cuenta cada mexicano. El INEGI también debe tener acceso a las cuentas del Servicio de Administración Tributaria y a toda la información financiera y bursátil de las personas.

La Progresividad Fiscal debe ser la base sobre la cual todos los mexicanos debemos de contribuir a los gastos del estado y al financiamiento del Estado de Bienestar. La proporcionalidad y la equidad deben de dar paso a la justicia y a la progresividad que marquen las leyes. La progresividad fiscal tendrá que aplicarse a la propiedad, la riqueza, el ingreso, las emisiones de CO2 y los daños a la salud. La experiencia histórica nos muestra con una terca contundencia que el ESTADO DE BIENESTAR sólo puede cobrar vigencia y hacerse realidad cuando pagan más los que más tienen. Sólo la fortaleza fiscal y financiera de los estados puede financiar sustentablemente y con ingresos recurrentes verdaderos sistemas de salud, de educación y de protección del empleo y de generación de riqueza. La racionalidad de los gastos del gobierno se convierten en un imperativo. Pero un Estado austeramente pobre tiene con grandes limitaciones para convertir el Bienestar universal en una política de Estado.

Se debe de constituir un Consejo Fiscal o un organismo con autonomía y profesionalismo y dependiente del Congreso de la Unión que esté midiendo y evaluando permanentemente la calidad de los ingresos y los gastos del Estado Mexicano. El país requiere de un organismo que tenga la responsabilidad de mostrar cada año si las contribuciones y los gastos están beneficiando a los sectores de la población que mayor vulnerabilidad presentan. Tendrá la obligación de informar si la calidad de los gastos públicos están contribuyendo a reducir la desigualdad entre regiones y si se está usando para generar riqueza y prosperidad nacional. Al mismo tiempo, dicho organismo deberá mostrar la sustentabilidad de las finanzas nacionales para garantizar la permanencia y la extensión de los sistemas de protección derivados del mandato constitucional. 

La Constitución debe dotar de mayor fortaleza y facultades a la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE). La concentración y el poder que tienen las empresas en una gran cantidad de mercados que producen y distribuyen los bienes y servicios que son básicos para la población se ha convertido en una de las fuentes más importantes de la desigualdad social y económica entre las regiones y los diversos segmentos de la sociedad mexicana. El sobreprecio que se impone al momento de adquirir alimentos, material de construcción, usar transporte terrestre o aéreo, medicamentos o sistemas financieros o de comunicación está afectando sistemáticamente a los hogares más pobres. Buena parte de las transferencias monetarias no están promoviendo el bienestar, sino que sólo están ayudando a cubrir el sobreprecio que impone el poder del monopolio o del oligopolio en los distintos mercados. La COFECE debe estar facultada para presentar directamente acciones de inconstitucionalidad sobre legislaciones que inhiba la competencia en los distintos mercados. Pero, además, a la Comisión de Competencia se le tienen que dar mayores facultades para exigir reparación de daños contra los consumidores, para medir la afectación de los niveles de bienestar que sufren los mexicanos y las regiones por la forma como se funciona en cada mercado, y para fortalecer la acción conjunta en el diseño de políticas que garanticen el acceso a los bienes y servicios con precios justos.

"Estos cinco cambios Constitucionales nos ayudarían a sentar las bases para la discusión de una agenda completa de transformaciones estructurales en el país. El Ejecutivo Federal, el Congreso de la Unión o la Suprema Corte de Justicia de la Nación deben de integrar una convocatoria para conciliar a todos los gobiernos estatales y municipales, a los organismos de trabajadores y empresarios, a los partidos políticos y las instituciones de educación superior en este gran diálogo y Acuerdo de unidad y de solidaridad nacional", asegura.