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Más de 953 policías han sido asesinados desde 2018; municipales, los más olvidados por AMLO

En lo que va del año al menos 125 policías han sido asesinados en México, así lo indicó el “Informe sobre Policías Asesinados”, elaborado por la organización civil Causa en Común.

Guanajuato, el estado más violento del país, es donde se han registrado la mayor cantidad de asesinatos de policías en los últimos dos años (le siguen el Estado de México con una cifra de 76 policías y Guerrero con 72), y todo parece indicar que la tendencia seguirá en 2020.

Otras entidades que completan la lista de los diez Estados más peligrosos son Chihuahua, Michoacán, Jalisco, Puebla, Veracruz, Ciudad de México y Sonora. Cabe destacar a Campeche que es la única entidad que no registró ningún caso de 2018 a la fecha.

Los más afectados en la lucha contra los grupos del crimen organizado son los policías municipales. El sitio InSight Crime observó que, entre 2006 y 2016, la Policía Federal, las Fuerzas Armadas, la Marina y la Fiscalía General tuvieron en conjunto un promedio de 120 agentes asesinados cada año.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha estado bajo la mira por los altos niveles de violencia, atribuidos sobre todo al narcotráfico. Sin embargo, los esfuerzos se han apoyado sobre todo en la nueva Guardia Nacional, en lugar de atender a la atribulada fuerza policial del país, que desde hace años demanda atención y grandes reformas.

En promedio, un agente de la policía estatal en México gana 12.800 pesos al mes (alrededor de USD 550), según datos oficiales reportados por Cuestione. Los agentes peor remunerados en el estado de Tabasco ganan aproximadamente la mitad al mes, mientras que los que más ganan en San Luis Potosí reciben alrededor del doble. Los salarios de los agentes municipales son aún más bajos.

María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, sostiene que México los policías se desenvuelven en escenarios adversos, pues por un lado la sociedad no los quiere y por el otro enfrentan el abandono del Estado.

Asimismo, la profesora mencionó las condiciones tan precarias en las que trabajan: bajos salarios, jornadas laborales de más de 24 horas, falta de profesionalización, e incluso, dijo, hay casos en los que ellos deben comprar sus instrumentos de trabajo.

Los sucesivos gobiernos han titubeado mucho en torno a la reforma de la policía del país, pero se han dedicado a invertir recursos en otras unidades militarizadas consideradas más valiosas, la más reciente es la Guardia Nacional, que ha operado más como una elogiada fuerza de inmigración.

Sin embargo, los altos funcionarios del gobierno no se muestran dispuestos a invertir en unidades de policía locales en las que no tienen fe, y no han hecho nada para mejorar sus capacidades. Esta falta de confianza también se ve reflejada en la sociedad civil. Según una encuesta del Inegi, aplicada en abril de este año en 70 ciudades de los 31 estados de México y la capital, menos de la mitad de los encuestados (25.500 hogares) tenían confianza en la policía local.

Causa en Común propuso cuatro acciones que debe tomar el gobierno de México:

1. Realizar una revisión salarial, pues el promedio de percepciones que reciben los policías es menor a 10.000 pesos mensuales, cantidad que no corresponde al nivel del riesgo que conlleva su labor.

2. Dotar de equipamiento y capacitación en materia de uso de la fuerza, armamento y protección, pues está comprobado que muchos de los uniformados destinan parte de su sueldo para adquirir equipo de trabajo.

3. Indemnizar a los familiares de los policías caídos, ya que al no ser una prioridad para el Estado proteger la vida de sus elementos de seguridad, tampoco se procura a sus familias.

4. El asesinato debe ser castigado y la impunidad debe parar.

Con información de Infobae

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Adalberto Almeida y Merino, fue uno de los actores que tuvo participación activa en aquellas manifestaciones de protesta, en el llamado "Verano caliente del 86", por la elección de la gubernatura y que marcó un precedente en los procesos electorales en el estado de Chihuahua, por la magnitud y participación de la ciudadanía por lo que consideraron un fraude, incluso, se llegó a hablar del cierre de las iglesias, como parte del descontento.

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