Obligación e incentivos a empresas por personal con discapacidad, de 50 a 60 años y adultas mayores

La diputada federal por Morena, Teresita de Jesús Vargas Meraz, propuso reformas a la Ley Federal del Trabajo en materia de inclusión laboral, para obligar a las empresas a tener en su  plantilla laboral un determinado porcentaje de personas con discapacidad; personas de 50 a 60 años y adultas mayores, con ello obtenedrán acceso a estímulos fiscales.

Sólo 3.8% de la población de la tercera edad se emplea en sectores de la economía formal, de acuerdo con el estudio Situación de las personas adultas mayores en México del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).

“No tienen prestaciones de seguridad social, ni de salud. En la actualidad más de ocho millones de adultos mayores reciben su pensión al doble, debido al firme compromiso de la 4T… hablemos de la gente de 50 a 68 años, quienes se encuentran aún con vigor y en edad perfectamente productiva para seguir laborando, que por obvias razones al no ser aún adultos mayores no alcanzan la pensión del bienestar y que al ser desocupados de algún trabajo se sienten frustrados por las dificultades a las que se enfrentan para ser contratados en otro empleo por su "edad", debido a que en muchas empresas desvalorizan a este sector importante, capaz y fuerte de la población”, dijo.

En cuanto a las personas con discapacidad, según datos la CONAPRED, en México hay 7 millones 739 mil 270 de personas con algún tipo de discapacidad de los cuales cerca de 1 millón se encuentra en posibilidades de trabajar, pero solo el 30% de ellas se encuentra activos en el mercado laboral y menos de 25% cuenta con un contrato ni prestaciones médicas.

Propone obligar a que las empresas  que tengan 50 o más trabajadores, estén obligada a  tener el 5% de su plantilla cubierta por personas con discapacidad; el 5% con personas de 50 a 60 años y el 2% por personas adultas mayores.

Por ello la empresa  podrá realizar la deducción del Impuesto Sobre la Renta por un monto equivalente al 25% del salario efectivamente pagado a las personas antes señaladas.

Los  adultos mayores contratados deberán contar con instalaciones adecuadas para el acceso y desarrollo de sus actividades al igual que las personas con discapacidad.

Asimismo solicita la legisladora incluir la discapacidad y la edad en el protocolo para prevenir la discriminación.