Cambios en subcontratación hasta 2022, piden empresas a legisladores
Representantes de cámaras empresariales, directores de compañías de capital humano y abogados de empresa, tuvieron la mayor participación en el primer día del Parlamento Abierto convocado por las Comisiones de Trabajo y Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados y coincidieron en que la iniciativa de reforma en materia de subcontratación debe analizarse con más detalle, para no prohibir, sino castigar su mal uso, e incluso ampliar el periodo de transición, en caso de que sea aprobada, hasta el 2022.
En exposiciones de cinco minutos los representantes del sector privado expusieron uno a uno los efectos negativos que traería la desaparición de la subcontratación como esquema de contratación en las empresas, pues aseguran que el 80% utiliza ya sea prestadoras internas, prestadoras externas o tercerías para desarrollar sus actividades productivas.
Algunos de los aspectos de mayor preocupación que expusieron a los presidentes de las comisiones de Trabajo, Jesús Baldenebro, y Hacienda, Patricia Terrazas Baca, para que sean modificados en la iniciativa son: eliminar el objeto social como elemento para determinar los servicios especializados; definir con exactitud cómo y cuáles servicios pueden considerar el uso de subcontratación, los parámetros para que otorgue la Secretaría de Trabajo y Previsión Social las autorizaciones cada tres años.
El presidente en la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, José Guillermo Zozaya, afirmó que hay una “profunda preocupación” porque se pretende prohibir dicha actividad; además de que se deben “eliminar el objeto social como elemento para determinar los servicios especializados, ya que su alcance podría ser tan amplio o genérico y traería confusiones o una cantidad de interpretaciones por lo que sólo se debe considerar la actividad económica como elemento para determinar el servicio contratado; por ejemplo servicio de logística”, explicó.
En ese mismo tenor, Raúl Maillard, presidente de la Comisión Laboral de Canacintra, afirmó que las penas que se incluyeron en la iniciativa de reforma son exageradas y contrarias a derecho.
A su vez, Jaime Zabludovsky, presidente de ConMéxico, aseguró que hay incertidumbre porque corresponde únicamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social expedir los permisos para las empresas prestadoras de servicios especializados, pues se desconocen los criterios y coincidió en que la iniciativa debe entrar en vigor hasta el 2022, es decir un año de transición.
Lorenzo Roel, representante del sector patronal, dijo que la tercerización y la subcontratación deben estar reguladas y permitidas en actividades preponderantes, prioritarias, directas, indirecta o accesorias permanentes y temporales. Durante la inauguración del Parlamento hubo más de 70 participantes.
Tomado de Vanguardia
Con información de El Economista
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