2018: La oposición ganó, con una buena ayudada del gobierno

Todos los vaticinios sobre las elecciones del 6 de junio de 2021, y el conjunto de análisis de los dos años y medio de vida del gobierno actual, parten de la misma premisa: en 2018, el electorado mexicano rechazó de manera tajante y abrumadora al llamado PRIAN: la suma de votantes del PRI y del PAN, los cuales, como partidos, no se presentaron juntos a las urnas.

Debido a la corrupción, a la violencia, al mediocre crecimiento económico de los 18 años anteriores, y por la perseverancia de López Obrador y su “conexión” con la gente, Morena y su líder alcanzaron una victoria nunca vista desde el advenimiento de la democracia electoral en México (1997).

Esta tesis se ha vuelto una especie de verdad de Perogrullo, compartida igual por los partidarios del gobierno y por sus adversarios. De ese presunto resultado contundente de las elecciones de 2018 derivan otras conclusiones, la mayor de las cuales es que López Obrador recibió un mandato contundente de cambio por parte de los electores, el mandato por el cambio que él proponía.

Nunca me convencieron del todo estos hechos ni estas conclusiones. Ahora menos que antes. Estoy más convencido que nunca de que el resultado de aquella elección fue consecuencia de un “pacto” entre el PRI y Morena, el pacto PRIMOR. Es decir: de un pacto del entonces presidente Peña Nieto con el entonces candidato López Obrador.

El paso del tiempo parece confirmar la existencia de aquel pacto. Ha transcurrido más de la tercera parte del sexenio de López Obrador sin que algún funcionario del gobierno de Peña Nieto esté en la cárcel, con excepción de la venganza personal del actual gobierno contra Rosario Robles, que responde a otra lógica. Crece la evidencia, en cambio, de que Peña Nieto intervino a favor de López Obrador en la campaña electoral de 2018.

Según todas las encuestas, la que cada quien prefiera, y según el conjunto de encuestas, Oraculus por ejemplo, la invención de la famosa bodega ilegal de Querétaro, fabricada por la procuraduría del gobierno de Peña Nieto en contra del candidato del Frente por México, Ricardo Anaya, tuvo un efecto adverso decisivo en esa candidatura. La ofensiva legal del gobierno de Peña detuvo la subida de la intención de voto por la candidatura de Anaya. Esto es un hecho. Entre finales de diciembre de 2017 y mediados de febrero de 2018, Anaya se acercó a menos de diez puntos de López Obrador en la intención de voto. El ataque del gobierno le tumbó entre cinco y diez puntos de intención de voto a un Anaya estable, entonces ligeramente arriba del 30?%. Fue una caída de la que no se repuso.

El ataque del gobierno fabricándole un delito al candidato más competitivo como segundo lugar y la caída de ese candidato en las encuestas se produjeron durante la llamada intercampaña, cuando estaba prohibido responder con spots. Muy bien pensado. Algunos de los partidarios del otro candidato en competencia, el candidato del PRI, José Antonio Meade, sostienen que el golpe gubernamental contra Anaya aceleró también el hundimiento de su propio candidato.

Muchos encuestadores serios creen que sin la decisión de Peña Nieto de inventarle un delito a Anaya, el candidato del Frente hubiera obtenido más que 30?% del voto, y López Obrador alrededor de 45?%, un margen considerable, pero muy inferior al 53?% que obtuvo finalmente López Obrador frente al 23?% que obtuvo Anaya.

Quizás el mejor análisis sobre este “efecto pacto PRIMOR” figura en el ensayo de Jorge Buendía y Javier Márquez “2018: ¿Por qué el tsunami?”, publicado en el número de julio de 2019 de nexos. Las estimaciones de los autores son muy precisas. De acuerdo con sus cálculos, en febrero de 2018 Anaya estaba a ocho puntos de distancia de López Obrador. Para marzo, luego del mes de la ofensiva del gobierno, la brecha se había ensanchado hasta el 18?%. Nunca se redujo.

En otras páginas de este mismo número, Nicolás Medina Mora analiza con información e inteligencia un segundo capítulo del pacto. Se trata de la sobrerrepresentación de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados, irregularidad aceptada por el PRI y por el PAN. El INE ha reconocido ya que se equivocó al respecto. Parece claro que hubo algún tipo de complicidad del gobierno de Peña Nieto en el enjuague. Recuérdese que la asignación de diputados de representación proporcional y la formación de grupos parlamentarios se hicieron mucho antes de la toma de posesión de López Obrador.

Ahora bien, siempre se supo que el pacto incluyó un tercer capítulo que, sin embargo, no se ha estudiado con la misma profundidad. Es el capítulo del manejo gubernamental de los votos utilizando el comportamiento de su propio partido, el PRI.

Varios estrategas de la campaña del Frente opositor de 2018, y algunos expertos que participan ahora en las discusiones técnicas de la coalición Va por México, han señalado una singular coincidencia que constituye el meollo de ese tercer capítulo, a saber:

Los estados de la república donde AMLO logró un porcentaje significativamente superior a su promedio nacional de 2018 se correlacionan extrañamente con la pertenencia política del gobernador: todos, con la excepción de Tabasco, eran gobernados por el PRI. Tabasco, el estado natal de López Obrador, votó, lógicamente, de manera abrumadora a favor de su hijo pródigo.

El ejemplo más notable fuera de Tabasco es Tlaxcala, donde López Obrador obtuvo el 70?% del voto, 18?% más que su promedio nacional. El gobernador de Tlaxcala era del PRI. El candidato presidencial del PRI había recibido 4?% menos votos que su promedio nacional.

Sobresale también el caso de Oaxaca. Allí López Obrador obtuvo 65?% del voto, 12?% más que su promedio nacional, y era gobernador del estado gracias al gobernador priista Alejandro Murat. Siguen en muy altas votaciones para el candidato López Obrador el estado de Guerrero, con 63?% (gobernador: Héctor Astudillo, del PRI); Campeche, con 61?% (gobernador: Alejandro Moreno, del PRI); Chiapas, con 61?% (gobernador en los hechos: Manuel Velasco, Verde-PRI); Hidalgo, con 60?% (gobernador: Omar Fayad, del PRI); Sonora, 59?% (gobernadora: Claudia Pavlovich, del PRI).

Si pudiéramos realizar el mismo estudio en algunos de los grandes municipios del país, encontraríamos resultados semejantes.

No parece razonable pensar que todo esto sucedió por azar, por el factor impredecible de toda elección democrática. Podemos pensar en México, atenidos al comportamiento real de las elecciones, que los gobernadores priistas de los estados de que hablamos le acarrearon votos a AMLO, gracias a las instrucciones que recibieron de su jefe, el presidente priista, que pactó este comportamiento con AMLO. Mediante este procedimiento, López Obrador puede haber recibido dos o tres puntos “extraelectorales”. No más, pero tampoco menos.

Hay ejemplos del comportamiento descrito, que incluyen casos donde el gobernador no era priista, pero pudo haber sido parte implícita o formal del pacto.

La primera anécdota proviene de Sonora, de las elecciones municipales de Ciudad Obregón (Cajeme) y de Hermosillo, dos ciudades centrales del estado norteño. El candidato independiente a la alcaldía de Cajeme, Rodrigo Bours, y el aspirante priista a Hermosillo, Ernesto de Lucas, llevaban una buena ventaja en las encuestas. El primero en una ciudad, Cajeme, donde la familia Bours tiene una presencia empresarial y política casi legendaria. El segundo, en la capital del estado, Hermosillo, ciudad menos morenista imposible. Sin embargo, en los días previos a la elección se dio una movilización masiva de votantes priistas a favor de López Obrador y de Morena que condujo a la derrota de Bours en Cajeme y de Lucas en Hermosillo, en contiendas que tenían ganadas. La gobernadora priista de la entidad, según esta versión, habría inducido dicha movilización para cumplir el pacto Peña Nieto/López Obrador y para garantizar, vía una alianza tácita con Morena, la elección de una candidata priista a la senaduría de primera minoría.

Un segundo caso emblemático fue Baja California Sur. El gobernador del estado, Carlos Mendoza Davis, era en principio panista, pero siempre rechazó la candidatura presidencial de Anaya. Desde tiempo atrás formaba parte del círculo de amigos del candidato presidencial priista José Antonio Meade y de Luis Videgaray, el estratega presidencial. Mendoza fungió, para todo efecto práctico, como gobernador priista, antes, durante y después de las elecciones. López Obrador obtuvo 14?% más en Baja California Sur que en su promedio nacional; Meade 7?% menos que el suyo.

La clave, además de la relación entre Mendoza Davis y los tecnócratas de Peña Nieto, fue quizá la operación política del anterior gobernador, Leonel Cota, en San José del Cabo, el segundo municipio del estado, a favor de López Obrador, con o sin el consentimiento de Mendoza Davis. Es cierto que Mendoza Davis ha formado parte del frente federalista de gobernadores que se oponen al gobierno federal. Su apoyo a López Obrador en 2018 no habría sido para salvar su pellejo u obtener recursos, sino como un favor convenido con Meade y Videgaray, es decir, con Peña Nieto.

Una tercera ilustración de este extraño comportamiento electoral se puede detectar en Sinaloa. López Obrador consiguió 15?% más votos en ese estado que su promedio nacional. El gobernador Quirino Ordaz es priista. Hasta allí nada nuevo. Pero poco tiempo antes de la elección, su jefe de asesores, Rubén Rocha, priista de muchos años, renunció a su cargo para postularse como candidato al Senado por… Morena. Amigos suyos de muchos años, al cuestionarlo sobre esta decisión, en apariencia inexplicable, recibieron una respuesta lapidaria: “Es con el visto bueno del ‘góber’, y además quiere que opere la elección a favor de AMLO”. Tres años después, Rocha es candidato a gobernador por Morena, se sospecha que con todo el apoyo, pactado, desde luego, de AMLO y de Quirino Ordaz. Sinaloa es uno de los estados más visitados por el presidente López Obrador desde diciembre de 2018.

El último caso es el de Morelos. Como ya vimos, López Obrador obtuvo ahí casi catorce puntos porcentuales más que su promedio nacional. El candidato del PRI, José Antonio Meade, sacó 6?% menos que su promedio nacional. Gente cercana al gobernador de entonces, Graco Ramírez, no atribuye la diferencia a la presencia en la boleta de Cuauhtémoc Blanco, que hubiera podido arrastrar una mayor votación por López Obrador. El círculo de Graco explica el resultado “anormal” más bien por el mal candidato que llevó su partido a la gubernatura y debido a los escándalos de corrupción atribuidos a la familia del exgobernador. El hecho es que en Morelos, López Obrador obtuvo una votación superior a la que se esperaba. Es posible, como dice la versión de los adversarios del gobernador, que el pacto lo haya incluido de manera indirecta. A pesar de múltiples investigaciones, nadie de su administración o de su familia ha sido imputado. O porque no hay nada de qué acusarlos, o porque se decidió no buscar donde había algo.

Por ahora no hay forma de comprobar la veracidad de estas hipótesis. Con el tiempo, algunos gobernadores y operadores priistas tal vez aclaren en público lo que sucedió. Asimismo, correlaciones más finas, ya con las cifras de la elección de senadores, diputados y presidentes municipales del PRI en varios estados (por ejemplo en el corredor azul del Estado de México), podrán corroborar o desmentir esta tercera pata del trípode fraudulento de la elección de 2018. Mientras, hay que aceptar que los mismos hechos aquí descritos pueden encerrar explicaciones muy distintas. Entre ellas, el tsunami lopezobradorista en todo el país por consideraciones puramente locales y casuísticas, incluso por el azar, o por el manejo político de la votación desde el liderato nacional del PRI, desde la Presidencia de la República, idea rectora de este análisis.

La confirmación de esta idea no significaría que el movimiento social-electoral que llevó a López Obrador a la presidencia haya sido un mito. Para nada. Hubo un rechazo a los malos gobiernos de 2006 a 2018, cada uno malo por distintas razones: el de Fox por no cumplir las expectativas y no romper con el pasado. El de Calderón por la guerra elegida, inútil y sangrienta contra el narco. El de Peña Nieto por la corrupción, la frivolidad y el sectarismo mexiquense. López Obrador despertó la esperanza de muchos mexicanos. La división de los opositores y los errores de la campaña del Frente fueron factores importantes e inexcusables. Pero todos los errores de esta hipótesis, los errores de la oposición, no alcanzan a explicar los treinta puntos porcentuales de ventaja de López Obrador ni los 18 millones de votos de diferencia.

La confirmación o el desmentido de esta tesis se dará en las elecciones de junio. Si a Morena le va muy bien en los mismos estados donde gobernaban priistas en 2018, la hipótesis se caerá por su propio peso. Habrá elecciones de gobernador en varios de los estados mencionados aquí: Tlaxcala, Baja California Sur, Sinaloa, Campeche. Salvo en el caso de Sinaloa, no parece haber disposición del gobernador saliente a ayudar a Morena. Si el partido del presidente gana con números parecidos a los que obtuvo en 2018, la hipótesis difícilmente se sostendrá. Querrá decir que no lo ayudaron entonces los poderes priistas locales. Pero si ahora, cuando los mismos gobernadores priistas pertenecen a la oposición y a la coalición Va por México, a Morena le va mucho peor que a López Obrador en 2018, habrá algunos elementos de comprobación.

Sin los tres pies del trípode revisados en este número de nexos: campaña de Peña Nieto contra Anaya, apoyo de gobernadores priistas a AMLO, sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados, López Obrador no habría tenido 53?% del voto y una mayoría calificada en la Cámara Baja. Más bien habría logrado un total cercano al 43?% de Fox en 2000 y apenas una mayoría simple en la Cámara. Nada mal, pero de ninguna manera la marea por el cambio. Si no hay tal marea, todo lo demás se cae por añadidura. El PRIAN habría rozado el 60?% del voto, como en efecto lo tuvo, cerca de esa cifra, si se suman sus votantes. El rechazo a la corrupción, a la desigualdad, a la violencia habría sido real, pero no se hubiera extendido de modo tan drástico como se extendió en la narrativa política posterior a los acontecimientos.

Si todo esto es cierto, la oposición no está tan desacreditada, Morena no es tan amada ni López Obrador tan admirado. Ganó, pero con un mandato “normal”, y no por un margen “histórico”.

Ganó, como dirían los clásicos, con una ayudadita: With a little help from his friends.

Con información de Nexos

Tips al momento

¡Hay tiro!

Circula entre los panistas de Ciudad Juárez, una imagen de una acalorada discusión del dirigente estatal del PAN, Gabriel Díaz contra el regidor, Joob Quintín.

De acuerdo a la versión la imagen, corresponde a una conversación de chat donde Gabo Díaz le dice a Joob Quintín “platicamos luego si quieres”.

Joob Quintín le responde a Gabo Díaz, “le vas a ir a llorar a la gobernadora? Esa es tu única estrategia”

Gabo Díaz replica a Joob Quintín “jajajajaja me la pe… bien duro pend…. Pero mejor te lo digo en vivo por mensaje es de mari…”

Joob Quintín concluye en la conversación de la imagen “como? Un regidor? Pensé que estábamos platicando Te estoy platicando que en Juárez las cosas no van bien”


Convocan a hombres para vacante de comisionado del CPC Anticorrupción 

La Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, emitió la convocatoria para la designación de las personas integrantes del Comité de Participación Ciudadana del SEA, misma que es dirigida sólo para el sexo masculino.

Debido a que en la conformación de Participación Ciudadana no habrá más de tres integrantes de un mismo sexo, y que al momento de que se encuentre vacante la plaza que se convoca, el citado Comité se encontrará integrado por tres personas del sexo femenino y una persona del sexo masculino, es quese convoca a participar únicamente a ciudadanos chihuahuenses del sexo masculino.

Las postulaciones de los candidatos al Comité de Participación Ciudadana serán recibidas a partir del 27 de marzo del 2024, al 8 de abril del 2024. El listado de las personas inscritas se publicará el día 9 de abril del 2024.

 El proceso de evaluación para la designación de la persona seleccionada se llevará a cabo en las siguientes etapas:

La primera etapa consistirá en una evaluación documental que permita determinar el cumplimiento de los requisitos del 10 al 16 de abril del año que transcurre.

En la segunda etapa, el 17 de abirl del 2024, la Comisión hará público el resultado de la evaluación documental y curricular en la que se haya identificado a los mejores perfiles para ocupar el cargo convocado, y se establecerá el listado de las personas que pasarán a la etapa de entrevistas, y su respectivo calendario.

La tercera etapa, que es la de entrevistas, se verificará los días 18, 19 y 20 de abril de 2024.

La designación del integrante del Comité Estatal de Participación Ciudadana, se hará en sesión pública a más tardar el día 21 de abril de 2024.

El resultado de esta sesión se comunicará de manera inmediata a la persona designada y al H. Congreso del Estado, para la toma de protesta correspondiente, lo que se realizará, el día 22 de abril de 2024.

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