Procedimientos vs Duarte no son improcedentes, se reponen por nueva legislación federal

Mónica Vargas Ruíz, titular de la Función Pública señaló que habrán de reponerse alrededor de 35 procedimientos de responsabilidad administrativa en contra del ex gobernador César Duarte y diversos ex funcionarios para realizar los procesos conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas emitida en 2020.

Lo anterior, en respuesta al comunicado que emitió la defensa de César Duarte respecto a la improcedencia que habría declarado la Secretaría de la Función Pública en un procedimiento relacionado a un supuesto daño al erario por 20 millones de pesos.

La Secretaria explicó que únicamente se declararon improcedentes los procedimientos para dar paso a una reposición conforme a la nueva legislación ya que se iniciaron conforme a Ley local, sin embargo, indicó que ello no significa que los hechos con los que se relaciona al ex mandatario no queden firmes o se desestimen.

De los 35 procedimientos de responsabilidad administrativa a reponer, 4 son en contra de César Duarte y en otros ya se había emitido una resolución, misma que también habrá de volverse a emitir conforme a la Ley General.

Asimismo, Mónica Vargas manifestó que a la Función Pública le toca encabezar los procedimientos hasta la etapa de audiencias para pruebas y alegatos, posteriormente los casos deberán turnarse al Tribunal de Justicia Administrativa del Sistema Estatal Anticorrupción.

Precisó que esta administración podrá reponerse los procedimientos hasta la etapa de audiencias y tocará al siguiente gobierno realizar la defensa de los mismos ante el Tribunal de Justicia. 

A todos los particulares que enfrentan alguno de los procedimientos se les notificará sobre la improcedencia por la entrada de la Ley General y de la misma forma, habrán de informarse la reposición de los casos.

Por: Yuriana Cárdenas

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Sigue en litigio de empresa Boliviana contra GCC

En una columna de prestigio nacional, el periodista Dario Celis vuelve a mencionar al Grupo Cementos de Chihuahua frente a problemas de litigios.

En esta ocasión menciona que esta empresa cuenta con una demanda por parte de la Sociedad Boliviana de Cementos tras infligir su derecho de preferencia como socia.

Cementos de Chihuahua habría vendido un terreno a un tercero y se le demandó en una Corte de distrito de Colorado para que pague 36.1 millones de dólares.

Lo que llama la atención es la pregunta que hace el columnista respecto al órgano regulador de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, advirtiendo de alguna manera que habrá de accionarse este organismo contra la empresa cementera.

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