Elecciones 2021: el poder de la participación ciudadana

Las elecciones del 6 de junio tuvieron una participación ciudadana de 52.6?%, porcentaje no visto en una elección intermedia desde 1997, que fue de 57.7?%. Sin embargo, la de 1997 no fue una elección común para México: fue el primer proceso electoral en el que, además de contar con un Instituto Federal Electoral con autonomía plena, por primera ocasión podía elegirse al jefe de Gobierno de la capital. Ambos fueron incentivos en un país que nunca había tenido elecciones en las que el órgano electoral brindara certeza ni en la organización, ni mucho menos de los resultados.

Las elecciones de 1988 y 1991 —últimas organizadas por un órgano electoral dirigido por la Secretaría de Gobernación— fulminaron la credibilidad del gobierno. En 1988 hubo, por primera vez, una auténtica e importante expectativa ciudadana de que candidato de oposición pudiera ganar las elecciones presidenciales. No obstante, cuando Cuauhtémoc Cárdenas —candidato del Frente Democrático Nacional (FDN)— encabezaba las preferencias, se dio la llamada “caída del sistema” del cómputo de votos; cuando se restauró, los resultados se habían volteado en favor del candidato del PRI.

Años después, quien en 1988 fungía como secretario de Gobernación y presidente de la Comisión Federal Electoral, reconoció públicamente que el desempeño del candidato  Cárdenas había sido tan impresionante que no sólo había obtenido triunfos en muchas entidades de la República, sino que había arrasado en la capital del país.

Los resultados oficiales, sin embargo, reportaron una participación ciudadana de 52?%; de ésta, el 50?% había dado al PRI la Presidencia de la República, 60 senadores y 260 diputados; mientras  que, en favor del candidato del FDN, únicamente se reconoció una votación del 31?%. Como se ve, datos completamente disímiles.

En los comicios de 1991 el órgano electoral —ya denominado Instituto Federal Electoral, pero todavía presidido por el secretario de Gobernación— reportó una participación ciudadana del 65?%. Lejos de castigar el agravio de 1988, dio el triunfo al otrora partido hegemónico en las 40 posiciones de mayoría relativa que había en la Asamblea legislativa del Distrito Federal, 31 de los 32 senadores electos por mayoría relativa y 320 de 500 diputados federales. Tal resultado sólo confirmaba una intuición colectiva que rondaba los comicios en México: ningún proceso electoral organizado por el órgano electoral dirigido desde la Secretaría de Gobernación brindaba certeza, objetividad, ni mucho menos imparcialidad. 

¿Qué pasó después?

Desde la primera elección organizada por un órgano electoral autónomo, las y los mexicanos no sólo cosecharon los privilegios de que sus votos fueran contados, sino que asimilaron que el poder de su voto podía decidir el rumbo del país. Así, en 1997, votaron por Cuauhtémoc Cárdenas como el primer jefe de Gobierno electo de la Ciudad de México; además, le dieron a su partido —el PRD— la mayoría en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y lo volvieron la segunda fuerza política de la Cámara de Diputados.

Decidieron también la alternancia de partidos en tres de las cuatro elecciones presidenciales que se han celebrado entre 1997 y 2018.

Al tener certeza en sus elecciones, la ciudadanía ha mostrado menores porcentajes de participación, pero una mayor participación estratégica ante coyunturas particulares. De esta forma, incentivados por la primera transición en el año 2000, hubo una participación del 64?%, que llevó a Vicente Fox a la Presidencia; no obstante, sin mayor pena o gloria del novedoso régimen gobernante, en las intermedias de 2003 sólo votó el 41?%. Lo mismo sucedió en la elección presidencial de 2006, donde hubo una participación de casi 59?% y, al margen de simpatías o antipatías particulares, en la intermedia de 2009 sólo votó el 45?%.

Sin embargo, tanto las elecciones que llevaron a Peña Nieto y a López Obrador a la Presidencia como las elecciones intermedias de sus gobiernos tienen similitudes: en la elección de Peña Nieto —segunda transición en México— participó el 63?%, mientras que en la que se decidió la tercera transición en favor de López Obrador, participó el 62?%.

El primer trienio de Peña Nieto se caracterizó por grandes escándalos de corrupción, y en su elección intermedia votó casi el 48?% de la ciudadanía; el resultado disminuyó los diputados del partido del gobierno de 214 a 196. El primer trienio de López Obrador se distinguió por las constantes amenazas de desaparecer los órganos electorales que han garantizado la capacidad de decisión política de las ciudadanas y los ciudadanos. Honrando esa capacidad, en las elecciones del domingo pasado votó el 52.6?%; se estima que el partido oficial perdería cerca de 50 escaños en la Cámara de Diputados, además de nueve de las dieciséis alcaldías de la Ciudad de México.

Las elecciones 2021 dieron una refrescante muestra de que las instituciones electorales y nuestra democracia gozan de cabal salud, y también de una ciudadanía que las defiende. Ojalá ni los actuales gobernantes ni los recién elegidos pierdan esta lección. La ciudadanía tiene el poder de decidir desde hace 25 años. Si alguien insistiera en mermar ese poder de decisión, sería una factura que, como se vio en las elecciones 2021, se cobraría muy alto.

Con información de redaccion.nexos.com.mx

Jaime Talancón Martínez
Abogado electoral y constitucionalista