La “reforma” al marco jurídico de Pensiones Civiles del Estado

En forma sorpresiva la diputación saliente (LXVI Legislatura) del Congreso de Chihuahua, aprobó una reforma al marco jurídico de Pensiones Civiles del Estado (PCE), que determina que esta institución fundamental de Seguridad Social de los Trabajadores del Gobierno del Estado (Magisterio y Burocracia) y de los demás Organismos afiliados,, CANCELAR LOS ADEUDOS de los entes afiliados, QUE  ESTEN DERIVADOS DE INTERESES MORATORIOS y otros (multas, recargos, etc.) por la falta de pagos acumulados por conceptos de las aportaciones de dichos “entes” como patrones.

Esta medida legislativa tomada  A MENOS DE UNA SEMANA DE CONCLUIR SU ENCARGO, es LESIVA Y OFENDE Y AFECTA a PCE de por si agobiada por la falta de pago oportuno de una de sus dos fuentes de financiamiento (los organismos afiliados y sus trabajadores) que le obligan a contraer crecientes adeudos en el pago a su vez a Proveedores y Hospitales y la consecuente falta de medicamentos, Servicios Clínicos y atención hospitalaria.

La razón o más bien el pretexto, para que los Diputados salientes (concluyeron su gestión el pasado 31 de agosto) aprobaran esta medida invasiva de las facultades y/o atribuciones de PCE; se sustenta en el informe que les entregó la Auditoria Superior del Estado que en diversas auditorias encontró un acumulado de adeudos de las aportaciones que por ley deben entregar como parte patronal las instituciones afiliadas, de más de 4 mil 600 millones de pesos, de los cuales el órgano fiscalizador  refiere  que más de 2 mil 300 millones son por cobros por multas, recargos y gastos de ejecución, que considera “irregulares” en una interpretación que sobrepasa sus facultades al considerar que PCE no tiene atribuciones para aplicar penalidades por retrasos u omisiones de pagos por los entes afiliados.

Sobre esta “Reforma” al marco jurídico de PCE (Pensiones Civiles del Estado) que tan preocupadamente aprobaron al cuarto para las doce los ahora ex–diputados locales de la LXVI Legislatura del Estado habría que hacer algunas consideraciones críticas en sintonía con las que seguramente ya están en la mente de los derechohabientes en general:

• Asombra la generosidad de quienes aprobaron este decreto legislativo, que salieron muy buenos para hacer caravana con sombrero (o dinero) ajeno. Si este es un problema acumulado de años atrás, ¿porque no abrieron un análisis público con tiempo suficiente y abierto a la participación de todos los interesados incluyendo a las organizaciones sindicales y derechohabientes, antes de proceder a esta acción legislativa?
• Hay que recordar que las instituciones afiliadas a PCE funcionan con base a presupuestos anuales que tienen previstas las partidas y recursos que deben destinarse al pago de sus obligaciones para cubrir la Seguridad Social de sus trabajadores y entregar los recursos financieros correspondientes a PCE.                     Además de que PCE es un “organismo público descentralizado con personalidad jurídica competencia y patrimonio propio”; que tiene sus propios órganos de gobierno, que debieron ser llamados a ponderar lo positivo o lo negativo de la pretensión de esta medida legislativa de suprimir adeudos, antes de votarla y aprobarla.
• Y ya entrados en gastos, los Diputados Locales que aprobaron esta medida según ellos para fortalecer y sanear a PCE y mejorar el servicio, preocupados por los derecho-habientes; ¿por qué no se preocuparon también de una vez por los ciudadanos en general, determinando por ejemplo la supresión de recargos y multas por adeudos a Secretaria de Hacienda del Estado, Juntas de Aguas, Dirección de Tránsito y otras dependencias oficiales de gobierno.
• Pueden llamarlo como quieran –depuración de estados financieros, cancelación de adeudos, etc.-  pero este ordenamiento legislativo es una abusiva CONDONACIÓN de adeudos a los Entes deudores de PCE que pretende suplir una facultad exclusiva de esta Institución. Los propios legisladores que se opusieron a esta acción, resaltaron que los diputados no eran autoridad facultada para condonar adeudos o decidir sobre si estos eran o no legales. Lamentablemente se impuso la sinrazón.

Lo condonado no es cualquier cosa pues supera los mil doscientos cincuenta millones de pesos.

La pregunta es ¿cómo puede argumentarse que estaquita es para fortalecer la salud financiera de Pensiones y evitar la afectación en los servicios que presta a sus derechohabientes?

• La aclaración de los legisladores que aprobaron esta Reforma al marco jurídico de PCE, de que la cancelación o quita de adeudos no implica  que no vayan a cumplir con el pago de los adeudos por aportaciones acumuladas, es ociosa, sólo faltaba que se hubiera querido extender a dichas aportaciones sin pagar. Por cierto, la nueva administración debiera exigir  a los ENTES DEUDORES el pago de sus adeudos, negociando plazos para hacerlo por lo elevado de los mismos y/o reteniendo a través de Hacienda el equivalente a los “abonos” que sean determinados para que PCE reciba dichos recursos; asegurándose a la vez de que hacia adelante, si las instituciones afiliadas no entregan en tiempo sus aportaciones a PCE, la propia dependencia hacendaria se las retenga y entregue directamente a PCE.
• Esta apresurada cancelación de adeudos, se trató de justificar como parte de otras medidas aprobadas para ¡sanear las finanzas de la institución y darle a la misma facultades como autoridad fiscal para recaudación de aportaciones sin especificar como!
• Sin duda Pensiones Civiles del Estado requiere modificaciones jurídicas para eliminar la inveterada práctica del no pago por los entes afiliados y evitar que se sientan alentados sus funcionarios a continuar con la omisión de entregar las aportaciones patronales en tiempo y forma a esta Institución de Seguridad Social  esencial para los Trabajadores al Servicio del Estado y demás Instituciones Públicas afiliadas. Pero esto corresponde a las nuevas autoridades en negociación y consenso con los organismos representativos de los trabajadores para eficientar, mejora y transparentar no solo las finanzas sino la administración de PCE y la atención a Derecho-Habientes y afiliados.
• Mientras tanto, queda claro que los ahora ex-diputados que aprobaron esta “Pseudo-Reforma” de PCE, se van con el baldón de este indebido y censurable acto legislativo de última hora, que viene a sumarse al desastre financiero que habrán de enfrentar y resolver las nuevas autoridades.