En forma sorpresiva la diputación saliente (LXVI Legislatura) del Congreso de Chihuahua, aprobó una reforma al marco jurídico de Pensiones Civiles del Estado (PCE), que determina que esta institución fundamental de Seguridad Social de los Trabajadores del Gobierno del Estado (Magisterio y Burocracia) y de los demás Organismos afiliados,, CANCELAR LOS ADEUDOS de los entes afiliados, QUE ESTEN DERIVADOS DE INTERESES MORATORIOS y otros (multas, recargos, etc.) por la falta de pagos acumulados por conceptos de las aportaciones de dichos “entes” como patrones.
Esta medida legislativa tomada A MENOS DE UNA SEMANA DE CONCLUIR SU ENCARGO, es LESIVA Y OFENDE Y AFECTA a PCE de por si agobiada por la falta de pago oportuno de una de sus dos fuentes de financiamiento (los organismos afiliados y sus trabajadores) que le obligan a contraer crecientes adeudos en el pago a su vez a Proveedores y Hospitales y la consecuente falta de medicamentos, Servicios Clínicos y atención hospitalaria.
La razón o más bien el pretexto, para que los Diputados salientes (concluyeron su gestión el pasado 31 de agosto) aprobaran esta medida invasiva de las facultades y/o atribuciones de PCE; se sustenta en el informe que les entregó la Auditoria Superior del Estado que en diversas auditorias encontró un acumulado de adeudos de las aportaciones que por ley deben entregar como parte patronal las instituciones afiliadas, de más de 4 mil 600 millones de pesos, de los cuales el órgano fiscalizador refiere que más de 2 mil 300 millones son por cobros por multas, recargos y gastos de ejecución, que considera “irregulares” en una interpretación que sobrepasa sus facultades al considerar que PCE no tiene atribuciones para aplicar penalidades por retrasos u omisiones de pagos por los entes afiliados.
Sobre esta “Reforma” al marco jurídico de PCE (Pensiones Civiles del Estado) que tan preocupadamente aprobaron al cuarto para las doce los ahora ex–diputados locales de la LXVI Legislatura del Estado habría que hacer algunas consideraciones críticas en sintonía con las que seguramente ya están en la mente de los derechohabientes en general:
Lo condonado no es cualquier cosa pues supera los mil doscientos cincuenta millones de pesos.
La pregunta es ¿cómo puede argumentarse que estaquita es para fortalecer la salud financiera de Pensiones y evitar la afectación en los servicios que presta a sus derechohabientes?