SAT va tras los contadores; propone penas de cárcel para auditores que encubran a contribuyentes incumplidos

En la tarde del lunes, los contadores públicos mexicanos expresaron su preocupación por una de las propuestas que contiene el Paquete Fiscal 2022, que fue presentado ante el Congreso el pasado 8 de septiembre.

En esta nueva disposición, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) quiere forzar a los contadores a delatar a los contribuyentes que incumplan sus obligaciones fiscales o que lleven a cabo una conducta ilícita. En caso de omitir su deber, el profesional podría ser suspendido, o enfrentar una pena de cárcel de hasta seis años.

La disposición estaría enfocada a los profesionales que auditen los ingresos de personas morales, especialmente a aquellas compañías que percibieron más de 876 millones de pesos en el ejercicio fiscal anterior.

Para introducir esta obligación, la iniciativa legislativa de la dependencia propone reformar el Artículo 52, Fracción II del Código Fiscal de la Federación.

El nuevo párrafo establecería que el auditor debe notificar al Servicio de la Administración Tributaria (SAT) cuando conozca, después de realizar el dictamen, “que el contribuyente ha incumplido con las disposiciones fiscales y aduaneras o que ha llevado a cabo alguna conducta que pueda constituir la comisión de un delito fiscal”.

Si se aprueba el proyecto de ley en el Congreso, la obligación entraría en vigor en 2022 y fijaría sanciones como penas de prisión de tres a seis años, o suspensión en el Registro de Contadores Públicos durante tres años.

Para el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) es necesario que esta propuesta se modifique, ya que no es “acorde con el principio de razonabilidad y proporcionalidad”.

Según el gremio, la adición pone en riesgo la independencia de los auditores y su libertad; además, les atribuye conocimientos propios de un abogado y le hace responsable de una falta que en realidad cometió el contribuyente.

“Con dicha reforma, la autoridad hacendaria transfiere a la Contaduría Pública inscrita una responsabilidad del contribuyente, que es el obligado a implementar el control interno de su empresa para generar información financiera y evitar cualquier incumplimiento con las disposiciones fiscales; al mismo tiempo y de forma errónea, le atribuye al contador público inscrito facultades propias de los profesionales en derecho”, se lee en el comunicado del IMPC.

“De aprobarse en el poder legislativo dichas obligaciones, el auditor, es decir, el Contador Público inscrito, perderá la imparcialidad e independencia que requiere llevar a cabo un dictamen fiscal, pues estaría asumiendo tareas gerenciales que le son ajenas”, agregó.

El instituto recordó que a los contadores tampoco se les puede atribuir funciones de perito, ya que no están calificados como tal en el código aduanero. Y también insistió en que, con esta modificación, un fallo técnico podría comprometer su actividad o condenarles hasta a seis años de cárcel.

“Con esta adición, la autoridad no considera que, aún realizada de conformidad con las Normas Internacionales aplicables, la auditoría tiene limitaciones técnicas inherentes que implican el riesgo de que algunos errores significativos pudieran ser detectados”.

Aunque reconocen que “consideran positivas” algunas de las iniciativas del Paquete Fiscal 2022, “cuyo objetivo es combatir frontal y decididamente la evasión fiscal”, exhortaron a las autoridades a modificar el proyecto de ley antes de que sea votado en el Congreso de los Diputados.

“Realizar a tiempo los ajustes necesarios evitará afectaciones graves al quehacer profesional de la Contaduría Pública, así como injusticias y distorsiones a su rol estratégico en el crecimiento de las empresas en México, concluyó el IMCE.

Con información de Infobae

Por: Redacción2

Tips al momento

Villalobos da marcha atrás a proyectos que tenía Fierro en la UACH

En una de sus primeras declaraciones ya como rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, el licenciado Jesús Villalobos Jión fue tajante al anunciar que no se venderá ningún terreno de la universidad porque además, de hacerlo, tendría que tener la autorización del Congreso del Estado…

Echa para abajo toda una serie de artimañas que había desarrollado el anterior rector, Luis Fierro, para vender los terrenos a empresarios como el que tiene de equipos deportivos como el de fútbol americano, y también la cercanía que tuvo con el empresario Eugenio Baeza, dueño de Bafar…

Aquí la gran pregunta es qué va a pasar con el poliforum Luis H. Álvarez, que tenía proyectado Marco Bonilla, las relaciones que sostenía con Fierro para disponer de un espacio físico en el Campus II de la Universidad Autónoma de Chihuahua para la construcción de ese proyecto de índole municipal…

Habrá que preguntar cuál será el futuro de este último tema...

 


FGE y SSPE se enaltecen como héroes

Mandan FGE y SSPE boletines informativos colgándose medallas como héroes, señalando que "recuperaron" un tráiler con la nuez robada y que "rescataron" a dos personas privadas de la libertad; sin embargo, lo cierto es que vecinos del lugar comentaron que durante la noche del pasado miércoles 24 de Noviembre, escucharon movimiento en el rancho "La Junta" y dieron aviso a las autoridades y durante toda la madrugada del jueves 25 las autoridades brillaron por su ausencia y fue hasta la mañana que se generó una fuerte movilización en la cual en camino al lugar de los hechos, prácticamente en la salida del rancho, se encontraba el tráiler varado en un río, motivo por el cual fue abandonado por los ladrones con parte de la nuez robada, y más de medio centenar de agentes de la FGE y SSPE se concentraron en la propiedad afectada en lugar de hacer recorridos en busca de los culpables. ¿Cuál fue la gran hazaña? Si se suponía que había un grupo de la Secretaria de Seguridad Pública Estatal encargado de resguardar la zonas con cosechas de alto valor para evitar este tipo de situaciones...

Facebook
Comentarios