Propone Susana Prieto reformas sindicales y se castigue el boletinaje de empleados despedidos

La diputada federal por Morena, Susana Prieto Terrazas, propuso reformas para dar una posibilidad real a los sindicatos minoritarios, para que puedan combatir a estos sindicatos blancos liderados por charros.

Con ello los sindicatos pequeños tendrán el  derecho de organizar su gestión y su actividad y de formular un programa de acción, sin tener encima al patrón y al sindicato blanco, “cuando un trabajador quiere ejercer sus derechos, el despido y el boletinaje en el resto de las empresas, para privarlo del derecho al trabajo y de su subsistencia diaria, ha sido el castigo ejemplar que la clase empresarial ha puesto”, denunció.

Señaló que los sindicatos blancos enquistados en el sistema político mexicano, han timado a los trabajadores y que lejos de representar sus derechos, lo único que han hecho hasta ahora es robar sus cuotas sindicales para no sabemos qué propósitos.

Agregó que empresarios y  sindicatos blancos están en un amasiato con el sector empresarial para no permitir que los trabajadores ejerciten sus derechos de libertad y democratización sindical consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley Federal del Trabajo y adecuado al Apartado 23 del T-MEC.

“Los sindicatos corruptos no actúan solos, actúan con la complicidad de la clase empresarial. Por eso, los miembros de los sindicatos minoritarios deben contar con el derecho de tener permisos o licencias con goce de sueldo, otorgadas por el patrón desde el momento en que el sindicato minoritario la requiera y hasta que dure su encargo sindical, sin tener ninguna represalia”, acotó.

Añadió la necesidad de incorporar el pago de la indemnización de daños y perjuicios a los trabajadores que sean despedidos o boletinados por ejercitar el derecho de la libertad y democratización sindical, “Imponer multas hasta de mil UMA por cada trabajador que sea despedido, independientemente de que se adicionen indemnizaciones extras a los noventa días contemplados por la ley y, además, una disculpa pública”.