Repetir la historia no es el camino

Durante la semana anterior, de entre todo el cúmulo de artículos y notas periodísticas que tuve la oportunidad de leer, me cayó como una bocanada de aire fresco el escrito por el parralense Leonardo Meza Jara, intitulado “La prensa local y los mecanismos que sacralizan el poder”, publicado en la revista Aserto.

Describe de una manera muy clara y puntual el fenómeno que estamos presenciando quienes somos adeptos a la lectura de noticias y artículos de opinión, entre otra literatura que se publica en los medios de comunicación en nuestro estado, principalmente los que operan desde las ciudades de Juárez y Chihuahua.

Aborda el viraje que ha dado la política de una gran cantidad de medios de comunicación al pasar de un Gobierno estatal encabezado por Javier Corral Jurado al actual, cuya titular es María Eugenia Campos Galván, y que en algunos casos ha sido casi de 180 grados.

Quiero dejar en claro que para nada emprendería yo una defensa de Corral porque considero que cometió muchos errores, uno de los principales y que precisamente Meza Jara señala en su artículo es la ruptura que provocó con la mayoría de los medios de comunicación, salvo excepciones que incluso luego lo traicionaron cuando vieron que su barca hacía agua.

Tampoco se trata de una crítica directa a la actual mandataria estatal, porque no me consta que se trate de una estrategia que ella esté operando, aunque si fuera así, con toda franqueza señalaría que es algo reprobable.

Pienso que muchos de quienes ocupan espacios noticiosos o de opinión o dirigen medios de comunicación impresos o electrónicos y llevan a cabo esa sacralización -que como dice Meza, pareciera seguir un manual de feligresía frente al poder en turno-, lo hacen de manera oficiosa, en espera de que haya una recompensa una vez que se definan los presupuestos en materia de Comunicación Social.

Para nada veo mal que haya una cobertura de los eventos de la gobernadora y de todos los funcionarios de la administración que a ella le toca dirigir por los siguientes seis años; al contrario, creo que así debe ser.

Tampoco creo esté mal que se hable bien de lo que hagan de manera correcta. Pero de eso, a establecer de manera sistemática “una ausencia de crítica (cito nuevamente al autor del artículo en comento) y una serie de mecanismos de silenciamiento que evitan incomodar al poder en turno… (y a la vez) enaltecer el ejercicio de poder del ejecutivo estatal, con palmas y alabanzas, que pueden ser más o menos intensas” aunque se trate de cuestiones que criticaron acremente en el pasado, rebasa los límites del periodismo, que pierde su razón de ser, la crítica y la denuncia de lo que se haga mal desde el gobierno o desde cualesquier otra trinchera, para convertirse en propaganda y, para acabarla de amolar, de muy mal gusto.

Pero esa ausencia de crítica no solo atañe a quienes se dedican profesionalmente a informar o a opinar sobre los temas públicos y, si bien, en cuanto al tema del manejo informativo por parte de los medios de comunicación a la gobernadora Campos le otorgo el beneficio de la duda, lo cierto es que hay quienes no solo deben criticar y denunciar algunas acciones que lleva a cabo la titular del Ejecutivo sino que están en posición de manifestarse con la ley en la mano para evitarlos porque representan excesos y abusos de poder.

Y me refiero en específico a la injerencia que, se aprecia abiertamente, se ejerce desde Palacio al interior del Tribunal Superior de Justicia, sin importar que se trata de un poder autónomo, que en teoría representa un contrapeso y que incluso puede y debe sancionar las faltas a la ley que se cometan desde otros poderes, y el Ejecutivo no debe estar exento.

Sin embargo, observamos una flagrante violación a la normativa interna del Tribunal Superior de Justicia, con presiones para obligar a su presidente, Pablo Héctor González Villalobos, a renunciar y con amenazas a otros magistrados de que les va a pasar lo mismo, bajo la premisa de que tienen que aceptar que hay una nueva realidad política en el estado.

Me niego firmemente a creer que los chihuahuenses votamos para que esa nueva realidad consista en repetir la historia, ahora con Campos Galván como ejecutora, por lo que considero urgente la acción inmediata por parte del otro poder, el Legislativo, para contrarrestar esos abusos que ya vivimos, tanto a manos de César Horacio Duarte Jáquez como de Javier Corral Jurado.

He visto como a los legisladores de PRI, PAN y sus aliados se les llena la boca para criticar al presidente Andrés Manuel López Obrador por su supuesta intervención en cuestiones de los poderes Legislativo y Judicial, sin aportar pruebas, mientras que ahora, a pesar de que desde el Ejecutivo estatal hasta se presume ese intervencionismo, nada dicen y capaces son de alabar esas acciones.

Es apremiante que quienes llegaron a ocupar una curul al Congreso del Estado bajo las siglas de Morena y aquellos que desde otros partidos se asuman como verdaderos representantes populares, ejerzan ese rol crítico, de oposición a las malas prácticas, responsabilidad que les fue conferida por los ciudadanos con su voto el pasado 6 de junio.

Como dato al calce les comento que Miriam Victoria Hernández Acosta, magistrada que aparentemente está siendo impulsada para ocupar la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, fungió como testigo a favor del ex gobernador César Horacio Duarte Jáquez en el juicio que éste enfrenta en un tribunal de Miami, Florida en los Estados Unidos… se los dejo de tarea.