Cae el primer implicado en espionaje con Pegasus
La FGR informó la detención de Juan Carlos García Rivera, quien trabajaba en la empresa Proyectos y Diseños VME S.A de C.V., por su probable responsabilidad en la comisión del delito de intervención ilegal de comunicaciones agravado en perjuicio de una periodista, utilizando el software Pegasus.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó la detención de Juan Carlos García Rivera, quien trabajaba en la empresa Proyectos y Diseños VME S.A de C.V., esta última parte del grupo empresarial KBH, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de intervención ilegal de comunicaciones agravado en perjuicio de una periodista, utilizando el software conocido como Pegasus.
La FGR informó que a través de su Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH), obtuvo orden de aprehensión en contra de Juan Carlos García, por lo que el pasado 1 de noviembre, elementos de la Policía Federal Ministerial cumplimentaron dicha orden de aprehensión en la ciudad de Querétaro.
El detenido fue trasladado a la Ciudad de México para ser puesto a disposición de un Juez, en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Sur.
Ese mismo día, los agentes del Ministerio Público Federal, adscritos a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), formularon imputación en contra del detenido por su probable responsabilidad en la comisión del delito previsto y sancionado en el artículo 177 del Código Penal Federal, agravado en términos del artículo 51 párrafo tercero del mismo ordenamiento, ya que fue cometido en contra de una periodista con la finalidad de afectar, limitar y menoscabar su libertad de expresión.
Por lo anterior fue vinculado a proceso y el Juez otorgó cuatro meses para que la FGR continúe con la investigación complementaria.
Como medida cautelar, se determinó que esta persona permanecerá en prisión preventiva justificada, derivado del peligro de fuga y de los riesgos que representa para la seguridad pública y de las personas relacionadas con el proceso.
El pasado 28 de julio, la secretaria de Seguridad federal, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que en las dos anteriores administraciones federales, la Policía Federal, la Secretaría de Gobernación, el Cisen y el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, utilizaron el malware Pegasus para presuntamente espiar a periodistas, políticos, luchadores sociales, empresarios, defensores de derechos, servidores públicos y legisladores.
Afirmó que la actual administración encontró 31 contratos firmados por la Policía Federal, la Segob, el Cisen y el Organismo Desconcentrado, otorgados a diversas empresas. Aseveró que esta información ya se entregó a la Fiscalía, quien inició una carpeta de investigaciones por posible práctica ilegal de espionaje. Apuntó que el monto de dichos contratos para utilizar el programa israelí Pegasus, ascendieron a 61.3 millones de dólares (1,970 millones de pesos).
“Estos 31 contratos involucran al gobierno de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, bajo cuya protección operaba, en el caso de Felipe Calderón, el exsecretario de seguridad Genaro García Luna, actualmente preso en un penal en Nueva York, y reconocido por sus prácticas de espionaje. En el caso de Enrique Peña Nieto mantuvo esta actividad ilegal durante todo su sexenio”, expuso.
Rosa Icela Rodríguez Velázquez detalló que la empresa israelí NCO Group desarrolló el software llamado Pegasus, y lo vendió a la entonces Procuraduría General de la República mediante el consorcio Grupo Tech Bull. Aseveró que también se encontraron contratos relacionados con la empresa NCO Group en archivos digitales e impresos de la PF, Segob, Cisen y el Organismo Desconcentrado.
Tomado de Vanguardia
Con información de El Economista
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Autoridades locales de México en defensa de Cruz se lanzan contra Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua
La Mesa Directiva de la Asociación de Autoridades Locales de México, A.C. -AALMAC-, emitió en un comunicado en donde "condena" agresiones en contra del alcalde con licencia Cruz Pérez Cuéllar de las que culpa a la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua de la que es titular Abelardo Valenzuela.
Señalan que a través Fiscalía Anticorrupción, ordenó el allanamiento a la vivienda del candidato de Morena a la presidencia municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, poniendo en riesgo su integridad y la de su esposa e hijos.
"Presidentas y presidentes progresistas reconocemos al compañero Cruz Pérez por el importante trabajo que ha realizado en favor del Bienestar de los juarences, razón por la que fue electo para contender nuevamente por la presidencia municipal, en apego a sus derechos constitucionales y a la voluntad del pueblo de acudir de manera libre y voluntaria a emitir su voto el próximo 2 de junio.
Por ello, exigimos al gobierno de Chihuahua que respete el proceso electoral y se brinden garantías a todas las candidatas y candidatos para que realicen su labor proselitista con seguridad y en un ambiente de armonía y equidad, que permita que sea únicamente el pueblo quien decida quienes deben ser sus próximas autoridades", señala.
Expresan su solidaridad y respaldo de los gobiernos municipales progresistas, como el de Cruz Pérez Cuéllar.
Otorga federación al gobierno de Chihuahua el inmueble del Cereso3 en Juárez
El Gobierno Federal destinó al Gobierno del Estado de Chihuahua, el inmueble federal del Cereso 3 en Ciudad Juárez.
El 04 de marzo de 2022, el Gobierno del Estado de Chihuahua, solicitó se le otorgue el Acuerdo Administrativo de Destino del inmueble federal, para continuar utilizándolo como instalaciones que ocupa el CERESO Tres de Ciudad Juárez, para formar parte del Complejo Judicial del Distrito Judicial Bravos.
El inmueble cuenta con Registro Federal Inmobiliario 8-8923-7, con superficie de 300,281.075 metros cuadrados, ubicado en Calle Barranco Azul sin número, Colonia Toribio Ortega, Código Postal 32675, Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua.
El Gobierno del Estado de Chihuahua, deberá custodiar y vigilar el inmueble, quedando obligado a cubrir los gastos necesarios para su conservación y mantenimiento, y demás servicios inherentes que en su caso se generen, así como el correspondiente aseguramiento contra daños del inmueble
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