Sistema que contrató gobierno anterior sin operar por 36mdp se rumoró que lo propuso Madero: González

La diputada federal del PAN, Rocío González Alonso, confirmó que dentro de la cuenta pública de gobierno del Estado correspondiente al 2018 se detectó por parte de la Auditoría Superior del Estado la inoperatividad del Sistema Informático de recaudación que contrató el gobierno anterior,  mismo que se rumoró que quién lo propuso fue el hoy senador del grupo plural Gustavo Madero, de lo que dará claridad la investigación que realice el Tribunal de Justicia Administrativa.

De acuerdo a la ex legisladora local secretaria de la Comisión de Fiscalización del Congreso de Chihuahua por la LXVI Legislatura, se trata de un tema que se comentó en su momento y que se generaron visitas a la Secretaría de Hacienda para conocer el porqué de la inoperancia de este sistema contratado por el gobierno anterior de Javier Corral.

Informó que en 2019 hacienda presentó el estado del sistema y aseguraban que sólo faltaba un software, sin embargo  a decir de la legisladora al analizar a fondo se encontraron con que se repetían las mismas prácticas, “En su momento lo vimos en el tema administrativo, porque en las pláticas con el auditor, algunos temas no pueden ser de entrada de penales, no se advertía un desvío de recursos porque el sistema estaba ahí,  por eso se observa desde el ámbito administrativo”, dijo.

En relación a la denuncia que se presentó de posibles responsabilidades graves ante el Tribunal de Justicia Administrativa la legisladora acotó “Adelante que le den seguimiento.. en ese caso en específico, se recibió y fuimos a la Secretaría de Hacienda estaba funcionando hasta cierto nivel”, acotó.

Al cuestionarle sobre la propiedad o representación de esta empresa contratada dijo no tener conocimiento de ello, sin embargo expresó “Se rumoraba que fue propuesto por el ahorita senador Gustavo Madero, ese fue el rumor, hice una investigación y lo encontré por ningún lago, eso lo tendrán que hacer el Tribunal, entiendo que la Auditoría consideró indicios de faltas graves”.

La Auditoría Superior del Estado presentó las denuncias administrativas en contra de quienes resulten responsables al encontrar que desde el 2016 se contrató este servicio por un monto de 36 millones de pesos y el gobierno decidió no ponerlo a funcionar en los sistemas de recaudación. La ASE detectó en el Informe Técnico de Resultados estas irregularidades, dio parte de ello a la Comisión de Fiscalización, misma que determinó no instruir denuncias penales, sino administrativas que derivaron en posiblemente graves.