La interpretación del debido proceso

Colaboración Especial
Pedro Torres

El pasado viernes se dio a conocer el ordenamiento por parte del juez Octavo Civil por audiencias y especializado en extinción de dominio Erik Alberto Parada Olivas para que en un plazo no mayor a 8 días le sean restituidos los bienes que le fueron confiscados por la anterior administración estatal al ex gobernador César Horacio Duarte Jáquez, noticia que generó revuelo luego de una serie de acontecimientos que advierten el regreso del duartismo a Chihuahua… de la mano del PAN en el gobierno.

Entre los hechos que llevan a esa conclusión se encuentra el que comentamos en una entrega anterior acerca de cómo el grupo “oxigenador” de magistrados impuesto por Duarte Jáquez en el Tribunal Superior de Justicia en noviembre de 2014, durante su mandato como gobernador, regresó por sus fueros al ser colocada como presidenta de ese organismo Myriam Victoria Hernández Acosta, quien en sus primeras declaraciones a la prensa, ya en el cargo, se presentó como víctima de una persecución precisamente por haber formado parte de ese equipo.

Pero también en esas declaraciones se vio obligada a aceptar el vínculo que la une a César Duarte y no pudo negar que efectivamente testificó a favor de éste en el proceso de extradición que tuvo lugar en un juzgado de la ciudad de Miami, en Estados Unidos, y también que aseguró, entonces, que el ex mandatario era un perseguido político.

El cuestionamiento obligado a Hernández Acosta fue acerca de la postura que asumirá como presidenta del STJ en caso de que Duarte Jáquez sea extraditado a Chihuahua y su caso sea abordado por la instancia que ella preside, a lo que contestó: “El tema del exgobernador es un tema que no está en este momento en el Tribunal y se agotarán las instancias correspondientes en tanto se lleve el DEBIDO PROCESO, eso es lo que nos corresponde hacer”.

Esta declaración cobró relevancia al conocerse la orden del juez Parada Olivas y los comentarios posteriores vertidos por el abogado Juan Carlos Mendoza Luján, defensor del ex gobernador, que refieren precisamente la violación del DEBIDO PROCESO en perjuicio de Duarte Jáquez al momento en que se le decomisaron los bienes.

Mendoza Luján declaró que se trataba de “una acción ilegal que violentó no solo el DEBIDO PROCESO sino cualquier ejercicio razonable de justicia -porque según él- … (los bienes) fueron adquiridos por César Duarte, mucho antes de haber asumido el cargo de gobernador del estado”.

Aunque la gobernadora María Eugenia Campos expresó previo a estos acontecimientos que en cuanto a Duarte Jáquez no habría ni perdón ni olvido y posteriormente manifestó que no se le regresarán los bienes asegurados, aduciendo que la orden viene de un juez civil y que los 10 inmuebles seguirán asegurados porque se trata de un proceso penal, donde son garantía para la reparación del daño y, por lo tanto, tendría que haber una sentencia en el ámbito penal para regresárselos.

La pelota quedaría en la cancha del Tribunal Superior de Justicia y, bueno, de la interpretación de lo que signifique el DEBIDO PROCESO por parte de quienes se encuentran al frente de ese tribunal.

Contrario a lo expresado por la gobernadora, el abogado Mendoza Luján, explicó que el oficio firmado por el Juez Octavo Civil, que “ordena la restitución de los bienes a Duarte Jáquez, no refiere ni sustenta un acuerdo de voluntades sino el cumplimiento irrestricto del orden legal ordenado por quien tiene facultades, argumentos y fundamentos para tal mandato”. Ya veremos en unos días a quien corresponde la razón y cuál es el desenlace de este entramado.

En lo personal no tengo dudas de que César Horacio Duarte Jáquez es un corrupto y, además, un corruptor, pero no se puede dejar de lado la responsabilidad del ex gobernador Javier Corral Jurado si es que las acciones jurídicas emprendidas durante su administración en contra de su antecesor dejaron la puerta abierta para que éste libre las acusaciones que le fueron imputadas y se le restituyan los bienes adquiridos con recursos del pueblo de Chihuahua.

Como muchos chihuahuenses agraviados por los actos de corrupción y abusos de poder cometidos por César Duarte, espero que no sea así. Al tiempo.

Yo por lo pronto las conclusiones sobre estos comentarios… se los dejo de tarea.

Tips al momento

Cerrará López Obrador con el mayor déficit fiscal en cuatro sexenios

De acuerdo con Yolanda Morales, en su colaboración para el periódico El Economista, el actual gobierno tendrá el 2024 el mayor déficit fiscal en un año electoral y el más alto en al menos cuatro sexenios, según informa con base a datos del Fondo Monetario Internacional.

Destaca que la actual administración Federal tendrá un déficit de 5.9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), al considerarlo el más alto, cuando menos, desde el año 2000, al señalar, que el antecedente más cercano de un déficit mayor al 4 por ciento, lo tenía Enrique Peña Nieto, en el 2014, cuando llegó al 4.54 por ciento del PIB.

Según expone en su texto, luego de que se mantuvo como uno de los gobiernos más prudentes en el manejo de cuentas fiscales durante la pandemia, el actual, terminará con el déficit fiscal más alto.

Con Felipe Calderón, según lo expone, el mayor déficit presupuestario fue en 2019 y alcanzó el 4.3 por ciento del PIB; mientras que con Vicente Fox, en 2003, llegó al 2.36 por ciento del Producto Interno Bruto.

Lo anterior, señala, que de acuerdo a un reporte del Fondo Monetario Internacional, en el último año, la deuda del gobierno, promediará 55.6 por ciento del PIB, menor a 58.5 por ciento del Producto Interno Bruto que representó en 2020, en plena pandemia.

Señala que los expertos del FMI proyectan que la deuda general del gobierno mexicano se mantendrá estable durante 2025 y 2026. no obstante, tenderá al alza en 2027 para alcanzar, según expuso, un máximo del 56.1 por ciento del PIB para el 2029, aumento que atribuye al pago de intereses. Así los pronósticos.


IEE en turismo político 

Varios vieron inconveniente la presencia de la Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral, Yanko Durán Prieto en un evento del  Plan Estratégico de Juárez y esto debido a que en este mismo encuentro hubo actores políticos de los que dicen, sólo salen a hacer ruido en cada proceso electoral.

La inconformidad de esta asistencia de la consejera del IEE llegó a grado de señalar que el proceso electoral ya inició y que si bien todo lo esta manejando el INE, al menos el IEE debería revolver un poco de trabajo al glamour y al turismo político.

A esto añaden que mientras el personal, la magistrada y magistrados del Tribunal Estatal Electoral se encuentran encerrados las 24 horas tratando de sacar adelante las impugnaciones por las inconformidades en el registro de candidaturas, por su parte los consejeros y consejeras del IEE disfrutan del tiempo electoral.

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