Inestabilidad alimentaria y economía poscovid, nuevos factores para el incremento de las migraciones

A la inseguridad, la corrupción, la violencia, el cambio climático que impide cultivos en ciertas regiones y otros factores que propician las migraciones, ahora se suma también la inestabilidad alimentaria por la economía poscovid, lo que provoca que cada vez más personas abandonen sus lugares de origen.

De acuerdo con la organización Sin Fronteras, a ello se añade que, a dos años de la pandemia, el rezago en todos los trámites y las solicitudes de asilo y refugio persiste, lo que a la larga ha generado impactos en la salud mental de la población migrante, que ya enfrentaba complicaciones.

“Es ahora parte de la historia, le agregas otro factor a todas esas historias de por qué la gente está migrando ahora. A nivel macro, sí seguimos viendo el impacto de COVID en los motivos de las personas que están saliendo de sus países hacia México”, asegura Gretchen Kuhner, directora general del Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi).

De acuerdo con Ana Mercedes Saiz, de Sin Fronteras, el rezago en trámites sigue siendo un aspecto preocupante, sobre todo las resoluciones de Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), que están tardando mucho; todo lo que está a cargo del Instituto Nacional de Migración (INM), así como las revalidaciones ante la Secretaría de Educación Pública (SEP), que conforme ha transcurrido la pandemia se han vuelto más tardadas y complicadas. 

“La pandemia per se no fue el mayor problema, porque todos los que ya tenían (las personas migrantes) son los que se agravan. Lo que más se complica, y se ha agudizado durante la pandemia, es la falta de redes de apoyo”, señala Saiz.

Esto fue particularmente notorio, dice, cuando las personas llegaron a estar hospitalizadas por COVID-19 sin tener cerca a familiares, amigos o vecinos que pudieran ayudarles. En otros casos, quienes ya habían conseguido trabajo lo perdieron por la pandemia y eso afecta todos los demás aspectos de su situación migratoria. Ahora, gradualmente se va dando una lenta recuperación que, sin embargo, tiene otros efectos en la salud mental. 

“Hay muchos problemas de salud mental, ansiedad y depresión, que tienen mucho que ver con los rezagos de sus trámites. Había gente que ya tenía avance en ellos, y ha habido rezago en las resoluciones, lo que les genera mucha incertidumbre y problemas de salud mental”, subraya Saiz.

De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), hay alrededor de 281 millones de personas migrantes en el mundo, lo que representa el 3.6% de la población mundial. La cantidad de personas en migración se ha triplicado en las últimas cinco décadas.

Mujeres migrantes, las más afectadas

Las organizaciones coinciden, además, en que a dos años de la pandemia los impactos siguen siendo particularmente graves para las mujeres, en principio por el cierre de escuelas, pero también porque este coincidió con el papel de la mayoría como cuidadoras primarias. Muchas de ellas encontraban modos de subsistencia en el sector informal, por lo que el cuidado de sus hijos era insostenible. 

De acuerdo con Saiz, todos los problemas en torno a la migración los viven de manera más grave las mujeres: “Muchas están encargadas de las labores de cuidado y además es más difícil para ellas mantener trabajos remunerados y mantener a sus hijos. Cuando se trata de mamás solas, se ven en una situación de mucha angustia y muy complicada para ellas, sobre todo por la falta de redes de apoyo y de instituciones del Estado que suplan”. 

A esto se suma el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. “Ahí hubo mucho impacto, porque los servicios hospitalarios estaban enfocados en COVID, y más acudir a revisiones, anticonceptivos, para todo el seguimiento, y fue más difícil para migrantes irregulares, porque de por sí tienen impedimentos de acceso. COVID llegó a echarnos muchos años para atrás en temas de acceso a trabajo, cuidado, el impacto en nuestros hijos, muchísimos niños, que para las mujeres migrantes, si estás en tránsito, los hijos pierden años de escuela o incluso si ya estás aquí, además del incremento de la violencia familiar”, dice Kuhner. 

Sin embargo, ahora también ha representado un aprendizaje sobre la vinculación con sistemas de salud a través de la tecnología, mediante organizaciones que acompañan el telebaborto, por ejemplo, que aunque no es para todas las mujeres, sí es una opción para aquellas que cumplían con los criterios: “Ahí sí aprendimos, y eso funciona para la población migrante; seguimiento de embarazos por zoom también, fue algo diferente que puede seguirse haciendo”.

Sobre vacunación y muertes, será difícil conocer las cifras reales 

Después de las dificultades iniciales y el esfuerzo para incidir en favor de las personas migrantes, incluso con acciones legales o acompañamiento, las organizaciones calculan que la mayoría de la población migrante tuvo acceso a la vacunación, aunque advierten que jamás sabremos con certeza cuántas personas en situación de movilidad estuvieron contagiadas de COVID-19 o no pudieron vacunarse. 

“No hay forma de saber la cantidad, y sería útil si se hubiera registrado a partir de una definición homologada, pero cada quien puso lo que pensaba, y por supuesto, fueron las personas que acudieron a través del sector salud, no mediante farmacias o albergues. Pasó lo mismo en las estaciones migratorias: hubo personas que tuvieron COVID y no los dejaron salir; al contrario, los pusieron en aislamiento”, explica Kuhner.

Tanto en la vacunación como en el número de contagios y muertes, precisa, el problema es que en la mayoría de los casos de personas migrantes consideradas en las cifras oficiales son aquellas que tienen permisos para residir en México. 

En febrero pasado, el gobierno de México informó que desde el inicio de la pandemia mil 108 migrantes se contagiaron y 55 fallecieron, según los reportes de la Secretaría de Salud federal sobre población migrante en centros del INM. El 55% de quienes murieron provenía de Estados Unidos. La mayoría tenía entre 20 y 49 años y provenía de Estados Unidos (15%), Honduras (11%), Venezuela (11%) y Colombia (10%). Los estados en los que se detectaron la mayoría de los casos fueron la Ciudad de México (455), Nuevo León (100), Querétaro (69), Chihuahua (62), Guanajuato (55), Quintana Roo (53) y Baja California (37).

Saiz precisa que, mientras las condiciones de opacidad y falta de acceso a estaciones migratorias continúen, será muy difícil conocer la estadística real. “Las estaciones migratorias son espacios muy cerrados; es prácticamente imposible tener acceso, tampoco tenemos muy buena información. Cuando visitamos las estaciones migratorias, vimos condiciones muy preocupantes de hacinamiento, sin insumos, mascarillas, lo básico para protegerse, no había agua”, asegura.

Aun ahora que la pandemia se ha controlado, Sin Fronteras constató de manera reciente condiciones de salud preocupantes en la estación migratoria de Monterrey. “Mientras sean espacios tan opacos, que no haya acceso ni para organizaciones de la sociedad civil, con muy limitado acceso para agencias de la ONU, los abusos persisten. Ese es un problema recurrente, y con la pandemia todo esto se agrava, porque era necesario más espacio”, añade.

Recuerda que aunque diversas organizaciones promovieron un amparo, precisamente por estas condiciones, al inicio de la pandemia en distintas partes del país, para que un juez ordenara la salida de estaciones migratorias de personas en condiciones vulnerables, tuvo muy diferente recepción: en el sureste prácticamente no le dieron entrada porque supuestamente no existía interés legítimo de los promoventes, en el norte solo hubo protecciones parciales, y solo en el centro se dio una respuesta más amplia, sobre todo para niñas, niños, adolescentes y personas mayores.

Con información de Animal Político