El juez Bruce Reinhart explicó que, de acuerdo a la ley, el gobierno tiene la responsabilidad de demostrar el motivo por el qué no se debe dar a conocer una versión censurada, y que los argumentos que fueron presentados por la fiscalía no lo persuadieron. Por lo que les fijó un plazo de una semana para presenten una copia de la declaración jurada y que a su vez de propuestas sobre qué información desea mantener en secreto después de que el FBI incautó información confidencial y ultrasecreta durante el cateo de la semana pasada en Mar-a-Lago.
En tanto, la audiencia fue convocada después de que varios medios de comunicación, incluyendo The Associated Press, solicitaran que se desclasificaran más documentos vinculados al allanamiento en la mansión de Trump la semana pasada, incluida la declaración jurada. Existe la posibilidad que los documentos contengan detalles cruciales sobre la investigación del Departamento de Justicia sobre de si Trump retuvo o hizo mal manejo de archivos gubernamentales confidenciales y delicados.
Por su parte, el Departamento de Justicia se ha opuesto con firmeza a hacer público cualquier porción de la declaración jurada, arguyendo que de hacerlo se pondría en riesgo una investigación en marcha así como también expondría la identidad de testigos y podría evitar que otros brinden información y cooperen con el gobierno.
Por otra parte, los abogados de los medios de comunicación refutan que debido a la naturaleza sin precedentes de la investigación del Departamento de Justicia amerita que se den a conocer.
“No se puede confiar en lo que no se ve”, expresó Chuck Tobin, un abogado que representa a la AP y a otros medios de comunicación.
Así también, el juez acordó difundir otros documentos, incluyendo tanto la carátula de la orden de allanamiento, así como la moción del Departamento de Justicia para precintar los documentos y la orden del juez para que se precintaran.
Estos documentos revelan que el FBI investigaba concretamente la “retención deliberada de información de defensa nacional”, el ocultamiento o retiro de expedientes gubernamentales y la obstrucción de una investigación federal.
Así mismo, Jay Bratt, un alto fiscal sobre seguridad nacional para el Departamento de Justicia, arguyó que la declaración jurada debe permanecer fuera del ojo público y añadió que si se desclasifica proveería un “mapa” de la investigación, misma que está en sus “primeras etapas” y expondría los siguientes pasos de los agentes y fiscales federales.
Bratt aseguró que lo más apropiado para el público es que la investigación avance sin obstáculos, incluyendo los interrogatorios de testigos.
Tomado de Vanguardia
Con información de la Agencia The Associated Press.