Violencia contra las mujeres no puede ser tolerada bajo ninguna circunstancia o contexto, afirma Benjamín Robles
En el marco de la reunión de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, durante la discusión y aprobación del dictamen que reforma la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para castigar el hostigamiento sexual y la violencia contra las mujeres en las instituciones públicas, el diputado Benjamín Robles Montoya (PT) sostuvo que este tipo de actos no pueden seguir siendo tolerados bajo ninguna circunstancia o contexto.
En un comunicado consideró imperativo seguir tomando medidas contundentes que permitan erradicar todo tipo de agresiones en su contra, por lo que iniciativas como la presentada, son fundamentales para fortalecer el marco legal, al tiempo de hacer un llamado a que las leyes existentes sean efectivas y se apliquen de manera rigurosa.
Robles Montoya denunció que, lamentablemente, la violencia por razones de género en el país fue alcanzando niveles alarmantes, lo que obligó a hacer ajustes a nuestro marco jurídico; por ello, agregó, es crucial impulsar más leyes que protejan a las mujeres y sancionen a los agresores, en lo que se logra sentar bases sólidas de una vida digna, sin violencia para ellas.
“No basta con tener un marco normativo, necesitamos que sea respaldado por una justicia pronta, expedita y es de suma importancia que los casos de violencia, de cualquier género, sean investigados, siempre de manera exhaustiva y que los responsables sean llevados a la justicia”, aseveró.
Finalmente, la diputada del PT, Esther Martínez Romano, respaldó las reformas propuestas, toda vez que constituyen un gran e importante avance legislativo en materia de hostigamiento sexual y laboral que sufren muchas mujeres en sus centros de trabajo.
Tips al momento
La carretera donde manda el miedo
No fue una sorpresa, fue una confirmación, la vía corta a Parral cerró el año no con operativos, ni con detenciones, ni con resultados, sino con familias despojadas de sus vehículos a plena luz del día.
Exactamente lo contrario a lo que se supone debe garantizar el Estado.
Días antes, la Fiscalía General del Estado habría emitido un mensaje dirigido a paisanos y viajeros que regresan de Estados Unidos durante la temporada decembrina: eviten circular por esta carretera, sobre todo de noche.
El aviso, lejos de transmitir seguridad, reconocía implícitamente que la autoridad perdió el control de ese tramo carretero.
Pero la realidad fue todavía más cruda, los robos no ocurrieron de madrugada ni en la oscuridad, ocurrieron al mediodía, cuando el sol estaba en lo alto y el tránsito era constante.
Entonces queda claro que el problema no es el horario, sino la impunidad.
Hoy la lógica oficial parece invertida: en lugar de perseguir a los criminales, se advierte a los ciudadanos que no transiten; en lugar de recuperar el territorio, se normaliza el abandono.
¿El siguiente paso será pedirle a la gente que no viaje ni de día? ¿Cerrar carreteras para que los delincuentes operen con mayor comodidad?
Lo más grave es que no se trata de grupos invisibles, en la región es un secreto a voces quiénes operan, cómo lo hacen y por dónde se mueven.
A ciencia cierta y a vista de todos las autoridades saben quiénes son, pero la respuesta sigue siendo el silencio, la omisión y el comunicado tibio.
Mientras tanto, la carretera corta a Parral ya no es solo una vía de comunicación, es un símbolo del Estado rebasado, donde el miedo dicta las reglas y el ciudadano carga con la responsabilidad de cuidarse solo.
Aquí no falla la advertencia. Falla el Estado.
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El aviso, lejos de transmitir seguridad, reconocía implícitamente que la autoridad perdió el control de ese tramo carretero.
Pero la realidad fue todavía más cruda, los robos no ocurrieron de madrugada ni en la oscuridad, ocurrieron al mediodía, cuando el sol estaba en lo alto y el tránsito era constante.
Entonces queda claro que el problema no es el horario, sino la impunidad.
Hoy la lógica oficial parece invertida: en lugar de perseguir a los criminales, se advierte a los ciudadanos que no transiten; en lugar de recuperar el territorio, se normaliza el abandono.
¿El siguiente paso será pedirle a la gente que no viaje ni de día? ¿Cerrar carreteras para que los delincuentes operen con mayor comodidad?
Lo más grave es que no se trata de grupos invisibles, en la región es un secreto a voces quiénes operan, cómo lo hacen y por dónde se mueven.
A ciencia cierta y a vista de todos las autoridades saben quiénes son, pero la respuesta sigue siendo el silencio, la omisión y el comunicado tibio.
Mientras tanto, la carretera corta a Parral ya no es solo una vía de comunicación, es un símbolo del Estado rebasado, donde el miedo dicta las reglas y el ciudadano carga con la responsabilidad de cuidarse solo.
Aquí no falla la advertencia. Falla el Estado.
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