Organizaciones de la Sociedad Civil, a nivel nacional, hicieron un llamado al Congreso de Chihuahua, para que se reponga el proceso de designación de personas magistradas o a ocupar las magistraturas vacantes en el Poder Judicial, pues en su consideración hubo omisiones en la convocatoria, no se respetó el principio de paridad de género, no se transparentaron los criterios de selección y se incluye a personas relacionadas a partidos políticos; permitiendo la captura política de esos espacios.
De acuerdo al manifiesto publicado en redes sociales las Organizaciones de la Sociedad Civil y las personas firmantes pidieron considerar tres aspectos principales:
1." Fortalecer la convocatoria, ya que el número de días necesario para concretar un nombramiento exitoso fue insuficiente, esto mermó el espacio para difundir la convocatoria y promover la postulación de un número adecuado de personas interesadas.
2. Respetar el principio de paridad de género y el servicio civil de carrera. Se observó que algunas vacantes se restringieron para las mujeres y para el personal de carrera.
3. Transparentar los criterios de asegurar que los perfiles de las ternas cumplan con la capacidad, profesionalismo, e independencia política. La forma opaca integral las ternas hace vulnerable el nombramiento, dando espacio a la captura política. Por falta de transparencia, no se conocieron Los criterios para integrar las ternas de aspirantes y esto no garantiza que se hayan seleccionado los mejores candidatos e incluso eleva el riesgo de captura política y falta de independencia".
Según dijeron el proceso se ha desarrollado con prisas y criterios objetivos de manera opaca, con múltiples irregularidades en su desarrollo.
Señalan que el proceso se aplicó de manera exprés. Pues la convocatoria se publicó el pasado 16 de noviembre, en una edición especial del Periódico Oficial del Estado, para abrirse al día siguiente y dejar apenas seis días para que las personas interesadas pudieran postularse, atravesándolo un fin de semana y un día festivo, por lo que no fue un tiempo adecuado para que las personas interesadas pudieran postularse y presentar los documentos requeridos.
Además, señala que la Comisión Especial encargada de revisar los perfiles de las personas postulantes y proponer las ternas al Congreso solamente tuvo dos días, para realizar los perfiles de las 95 personas que se postularon lo que fue insuficiente, para un análisis serio y exhaustivo, señalaron.
A lo anterior, expresaron, pese a que la convocatoria establecía que el proceso debería sujetarse el principio de paridad de género esta, pervierte el mismo, al permitir la postulación algunas de las vacantes exclusivamente a hombres o exclusivamente de personas externas, lo que implicó, por ejemplo, que ninguna jueza penal o civil, pudiera aspirar al cargo.
Señalan que todo esto parece apuntar a que el proceso busca permitir la captura política de estos espacios, pues privilegia ciertas personas, con vínculos muy cercanos a partidos políticos.
Así que, dentro de las personas que alcanzaron a integrar las ternas, está alguien que fue dirigente del Partido Verde en la entidad, otra persona que fue dirigente del PRI, en la capital del estado y una más militante de Movimiento Ciudadano.
Además, señalan, que como denunciaron algunos legisladores, la Comisión Especial de postulación no transparentó los currículums de las personas aspirantes que seleccionó para participar en las ternas, ni justificó en su dictamen, los criterios con base en los cuales propuso a las personas que las integran.
Destacaron que se debe recordar que este proceso de asignación se realiza con base una reforma constitucional, aprobada el año pasado, que prevé que la terna sometida al Congreso sea propuesta por la Comisión Especial integrada por un representante del Ejecutivo, uno de Legislativo y otro el Judicial, en lugar de que sea realizada por el Consejo de la Judicatura, con base en un concurso de oposición como se realizaba anteriormente.
De hecho, señalan que, la reforma fue impugnada mediante una acción de inconstitucionalidad cuya resolución está pendiente. Entre las 10 organizaciones firmantes se encuentra México Evalúa y entre las personas, la analista y politóloga, Denise Dresser.