Condenan a PBI por incumplir contrato con la Judicatura Federal

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Policía Bancaria e Industrial (PBI) fue condenada a pagar 432 mil 917 pesos por incumplimiento de un contrato para prestar el servicio de vigilancia en los edificios del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

La sanción fue impuesta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a propuesta del ministro Alberto Pérez Dayán, quien logró que la Segunda Sala la aprobara por unanimidad.

Dicho pago incluye los intereses y otros conceptos, mismos que deberán ser liquidados a más tardar este miércoles pues la decisión de la Corte ya no puede ser impugnada.

En el caso, la Corte revisó el contrato CON/DGRMSG/DS/071/2012, firmado el 16 de febrero de 2012 por el CJF y la PBI de la extinta Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Distrito Federal, para la prestación de servicios de seguridad y vigilancia.

Al realizar esta revisión, la Corte concluyó que la PBI incumplió con el contrato pues en los edificios del CJF que debía vigilar se registraron inasistencias injustificadas por parte del pesonal a su cargo y no proporcionó el equipo y armamento que los elementos requerían para cumplir con el contrato.

Estas conductas fueron realizadas durante la segunda quincena de octubre y los meses de noviembre y diciembre de 2012, lo que generó que el CJF requiriera a la PBI en distintas ocasiones la devolución del dinero que pagó por los servicios de vigilancia que no recibió.

Sin embargo, la PBI no reembolsó al Consejo ni pagó los intereses que este requirió, mismos que aumentaron desde el incumplimiento del contrato hasta el momento de la notificación del fallo de la Corte, que fue el pasado 22 de marzo.

Con información de proceso.com

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Corral Jurado señaló que el empresario, al cual en 2010 le llamaba compadre, fue “uno de los testaferros de César Duarte” y fue por unanimidad de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, quien confirmó la desfraudación fiscal.

Esto es por el tema de orden fiscal, pues queda pendiente el proceso penal que enfrenta por esta defraudación y según Javier Corral, también por “ lavado de dinero”.

Este dinero se señala que debería regresar a las arcas del gobierno del Estado.

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