Exigen diputados que INE ponga el grito contra asesinatos en estados violentos; quieren encarar a gobernadores

El coordinador de los diputados del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, exigió al Instituto Nacional Electoral (INE) que alce la voz contra los asesinatos de los candidatos a un cargo de elección local y anunció que solicitará a la Comisión de Seguimiento al Proceso Electoral (que integran legisladores de todas las fracciones) haya una reunión con carácter de urgente con los gobernadores de los estados más violentos como Jalisco, Zacatecas, Guerrero, Chiapas, Michoacán y Guanajuato, donde ayer fueron ultimada a balazos Gisela Gaytán, aspirante a la alcaldía de Celaya, y se reportó la desaparición de Adrián Guerrero, aspirante a regidor.

Moreira Valdez refirió que en lo que va de las campañas ya son 50 los candidatos asesinados, por lo que se trata de un tema de seguridad nacional, y ante este clima de violencia dijo que los legisladores sólo pueden alzar la voz y exigir al gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador que ponga al servicio de las elecciones la inteligencia nacional, mapas de riesgo y el trabajo de las fuerzas de seguridad.

“Le pedimos al INE que levante la voz. Seguramente tendremos un proceso electoral administrativamente bien, pero seguramente va a haber muchos candidatos que con la ayuda del narcotráfico lleguen a puestos de elección popular. Por ejemplo, lo que pasó ayer en Celaya, matan a una persona, pues evidentemente eso debe poner en ventaja a otro o lo de Maravatío o lo de Churumuco o lo de Pihuamo, lo de Chapulco, municipios de Michoacán, o sea, puedo sacar muchos casos”, dijo Moreira Valdez

Por este clima de violencia, el exgobernador de Coahuila dijo que es urgente una reunión con los gobernadores de los estados más violentos. “Yo lo voy a exigir”.

El líder del PRI reconoció que Guanajuato, gobernado por el PAN, partido aliado junto con el PRD, es uno de las entidades que registran altos índices de violencia

“Vamos a volver a requerir a la Secretaría de Seguridad Pública (a cargo de Rosa Icela Rodríguez) medidas más eficientes para proteger a las y los candidatos, y tal vez legislar algo todavía. Sé que en periodo electoral no se puede legislar sobre temas electorales, pero hay otros de carácter penal, por ejemplo, que no prescriban los delitos que se cometen contra candidatos, contra sus equipos de campaña, contra electores, porque hay que levantar la voz de lo que está sucediendo. Lo hemos dicho varias veces, la democracia está en peligro, el mayor enemigo de la democracia mexicana es el crimen organizado en su versión huachicol, narco, todo esto que se está dando ahora”, insistió Moreira e hizo un llamado para el mayor número de observadores internacionales en el país.

El diputado priista consideró que el país está incendiado, pero rechazó que sea viable para hacer campaña con la propuesta de la Secretaría de Seguridad, de ponerle escoltas a los aspirantes, que en algunos casos sería muy difícil hacer campaña con tres camionetas artilladas alrededor del candidato.

Destacó que las policías municipales están debilitadas, tema que se agrava con la ausencia de gobernadores de Guerrero, Michoacán y Chiapas.

“Hemos tenido dos reuniones con Rosa Icela. Yo no he salido contento y quienes estuvieron ahí saben que estuve cuestionando porque están ocultando las cifras de homicidios, para empezar, sobre todo en la Ciudad de México y en el Estado de México se ocultan. Y en todo el país en promedio eso es 6 por ciento, 7 por ciento. En la Ciudad de México es 37 por ciento. Entonces están ocultando, están ocultando los homicidios que se descubren los cuerpos en fosas de éstas, clandestinas, y están separando los feminicidios de los homicidios. Entonces todo lo que dicen es falsedad”, puntualizó.

Por último, aseguró que el Estado mexicano tiene la capacidad de ofrecer paz y tranquilidad, como en Coahuila, Aguascalientes, Querétaro, Yucatán, “en el país se puede tener la paz, pero vemos un gobierno que no le quiere entrar.”

Con información de Crónica.

Tips al momento

“Ley Gobernadora” en SLP podría romper relación entre el PVEM y Morena

Tras la aprobación en Fast Track de la “Ley Gobernadora” en San Luis Potosí, que beneficiaría a Ruth Gónzalez, senadora y esposa del actual gobernador Ricardo Gallardo, fuentes internas del legislativo señalan que podría haber una ruptura entre el partido oficialista y el PVEM.

Fue el medio Político.mx quien destapó esta posible ruptura, ya que este podría ser un claro ejemplo de un caso de nepotismo, pues con la aprobación de esta ley, en el 2027 la persona que quedaría al mando del estado tendría que ser mujer.

Por su parte, dicen, que el ejecutivo nacional ya tiene puestos los ojos en el gobierno de Gallardo, así como en los diputados del Partido Verde, que gracias a su mayoría aprueba leyes y reformas para beneficio del gobernador y su cúpula política.


Quién es el que falta a la razón, ¿Mayra Chávez o Jorge Soto?

Siguiendo con el guion de la 4T, la súper delegada Mayra Chávez dice que no hay recortes de recursos federales para Chihuahua bajo el argumento entre sus datos de que se están entregando de manera directa un millón de chihuahuenses un monto de 7 mil 552 millones de pesos de los programas sociales.

Sin dar mayores detalles de las participaciones y aportaciones. La delegada del Bienestar rechazó que haya una reducción de la 4T a Chihuahua, que al contrario serán más.

Mientras que el gobierno de Chihuahua advirtió vía comparecencia del Secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, que se vienen nuevos recortes para Chihuahua, tan sólo en salud se reportó una reducción de 327 millones de pesos en salud, 3 millones que eran para materiales y medicinas, 1.8 millones para atención al campo y casi 180millones de pesos en previsiones salariales.

Jorge Soto presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, señaló que la delegada Mayra Chávez está en una realidad alterativa de Morena donde todo es bueno, todo está bien, cuando en la realidad, no hay obras de infraestructura para Chihuahua.


EU tendría en la mira a funcionarios de Chihuahua y el narco

En la reciente columna de Raymundo Riva Palacio para El Financiero del espacio Estrictamente Personal, bajo el título de "La narcopolítica no sólo es morena", menciona que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría bajo la mira al gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos.

Riva Palacio realiza una sentencia firme: "La gobernadora Maru Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha" y deja en manifiesto que las  investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra la narcopolítica han puesto a Chihuahua en el centro de atención, por la supuesta  penetración del crimen organizado en la alta esfera del gobierno estatal.

Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que  otro de mayor rango está próximo a perderla.

Según Riva Palacio, cabe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump no se detuviera en revocar la visa de la gobernadora.

Otro de los puntos que aborda son los cambios de la estructura judicial y la sospecha de que dinero ilícito pueda ser inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027.

La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.

El gobierno de Estados Unidos cuenta con dos testigos protegidos ante el FBI que detallan el asesinato de cuatro agentes de la Agencia Estatal de Investigación y el delegado del INM en 2022 y que han revelado que existe una abogada de narcos vinculada a un alto funcionario de la fiscalía estatal fue quien puso a los agentes para ser emboscados. Así como  la operación del Cereso número 3 de Ciudad Juárez por  La Línea, que domina aproximadamente el 80% del crimen en el estado y está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Tras la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Trump, ha generado que se confirmen operaciones de contraterrorismo se están manejando desde Fort Bliss en El Paso, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia. Participan el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, demostrando que Estados Unidos está eliminando los límites para enfrentar a los cárteles en la frontera, lo que presiona directamente al gobierno de Chihuahua a actuar.

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Por su parte, dicen, que el ejecutivo nacional ya tiene puestos los ojos en el gobierno de Gallardo, así como en los diputados del Partido Verde, que gracias a su mayoría aprueba leyes y reformas para beneficio del gobernador y su cúpula política.


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Mientras que el gobierno de Chihuahua advirtió vía comparecencia del Secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, que se vienen nuevos recortes para Chihuahua, tan sólo en salud se reportó una reducción de 327 millones de pesos en salud, 3 millones que eran para materiales y medicinas, 1.8 millones para atención al campo y casi 180millones de pesos en previsiones salariales.

Jorge Soto presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, señaló que la delegada Mayra Chávez está en una realidad alterativa de Morena donde todo es bueno, todo está bien, cuando en la realidad, no hay obras de infraestructura para Chihuahua.


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Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que  otro de mayor rango está próximo a perderla.

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La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.

El gobierno de Estados Unidos cuenta con dos testigos protegidos ante el FBI que detallan el asesinato de cuatro agentes de la Agencia Estatal de Investigación y el delegado del INM en 2022 y que han revelado que existe una abogada de narcos vinculada a un alto funcionario de la fiscalía estatal fue quien puso a los agentes para ser emboscados. Así como  la operación del Cereso número 3 de Ciudad Juárez por  La Línea, que domina aproximadamente el 80% del crimen en el estado y está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

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