Se instaló sistema de justicia y seguridad indígena en montaña de Guerrero

TILAPA, Gro. (apro).- Este lunes se instaló en la Montaña de Guerrero el Sistema de Justicia Seguridad de Resguardo Territorial Indígena (Serti) ante la amenaza de que organizaciones criminales se apropien de la vida de los pueblos, contra la instalación de mineras y la crisis de gobernabilidad en la región.

“Es un desafío contra las empresas mineras que quieren entrar a los territorios sagrados y contra el crimen organizado que se está filtrando por muchos lugares", advirtió el defensor de derechos humanos, Abel Barrera Hernández.

El pueblo me’phaa de Tilapa, municipio de Malinaltepec, ubicado en los límites con la Montaña y la Costa Chica, formalizó un nuevo sistema de justicia basado en la autonomía, libre determinación y el reconocimiento de autoridades de los pueblos plasmados en el Convenio 169 de la Organización del Trabajo, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En el auditorio de la comunidad se realizó un programa cívico cultural que concluyó con la toma de protesta del comité de gobernanza: cinco consejeros de Honor y Justicia, el primero y segundo comandante y 24 integrantes del cuerpo de policía.

Estuvieron presentes el presidente del Comisariado de Bienes Comunales, Gelasio Ambrosio Santana; el presidente del Consejo de Vigilancia, Francisco Calleja Mendoza; el comisario Ezequiel Neri Casimiro y presidente del Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADET), Claudio de los Santos García.

El alcalde de Malinaltepec, Acasio Flores Guerrero; el diputado local, Genaro Jovani Estrada, el titular de la Secretaría para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, Abel Bruno Arriaga, así como autoridades comunitarias, principales y párrocos de pueblos y municipios de la región.

Además los representantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias - Policía Comunitaria de El Rincón y San Luis Acatlán, Manuel Cruz Castro y Sabas Aburto Espinobarros.

El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández; el enlace de La Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), Esperanza Zalazar Zenil y el representante de la organización Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos (PIAP), Miguel Ángel Mijangos Leal.

Gelasio Ambrosio Santana, Comisariado de Bienes Comunales, dijo que los pueblos de la Montaña y la Costa Chica enfrentan una nueva amenaza y más compleja: el crimen organizado.

“Por ello Tilapa decide formalizar el funcionamiento del Serti para prevenir la delincuencia y erradicar las malas prácticas”.

Recordó que hace más de una década se organizaron con pueblos de la región para hacer frente a los asaltos, violaciones de mujeres, robos de ganado y viviendas ante la desatención de las instituciones del estado.

“No atendieron la problemática, la impunidad y la injusticia”.

El defensor Abel Barrera expresó que el nuevo sistema de justicia está cimentado en representantes y autoridades llamados a proteger el territorio.

“El hecho que, en El Rincón, Tilapa haya nacido la policía comunitaria habla de un tejido fuerte entre los pueblos y el manantial de saberes de los mayores y las nuevas generaciones”.

Dijo que el proyecto que decidió iniciar la comunidad “es un desafío a quienes atentan contra la seguridad de los jóvenes y los niños, contra las empresas que quieren entrar a los territorios sagrados y contra el crimen organizado que se está filtrando por muchos lugares.

“No solo por los caminos, también en el interior de las comunidades hay gente que trabaja no para la comunidad sino para el crimen”.

La ausencia de autoridades y de seguridad, señaló Barrera Hernández, la están cubriendo hombres y mujeres de esa tierra sagrada para hacer frente a las amenazas de lo que significa extraer la riqueza de esta Montaña y esta comunidad.

La consejera Esther Vecencio Espíndola leyó el extenso documento base del nuevo sistema de seguridad.

Hace once años, dijo, los pueblos de la Montaña y Costa Chica iniciaron un proceso organizativo para la defensa del territorio en contra de la minería y de la imposición de una reserva de la biósfera lo que derivó en la creación del CRAADET.

“Hoy enfrenta una nueva y más peligrosa amenaza, esta vez relacionada con la violencia a manos del denominado crimen organizado que atraviesa por todo Guerrero y el país.

Por eso, explicó, los pueblos de la Montaña y Costa Chica iniciaron un nuevo proceso informativo para entender la dimensión de la “violencia sistémica”.

“Son actos de violencia generalizados que rompen las estructuras sociales, desde la familia con el reclutamiento y uso de nuestras hijas e hijos hasta las estructuras de gobierno en sus tres niveles, quienes aparecen inmóviles, omisos e incapaces para tejer estrategias colectivas”. 

Es una crisis de gobernabilidad en las familias, comunidades y municipios. Y es ahí donde los pueblos originarios tienen desventajas históricas porque entorpecen el ejercicio de su derecho a la autonomía y libre determinación.

El SERTI, explicó, es una iniciativa indígena, colectiva y comunitaria que germina de un largo proceso informativo en las delegaciones, colonias, comisarías y núcleos agrarios.

Su colectividad deriva del acuerdo de la asamblea general de fecha 30 de abril 2023, en la que se aprueba su fundación, se nombra su estructura de gobernanza y se nombra al comité responsable de elaborar un reglamento que fue revisado, complementado y aceptado por la asamblea del 12 de noviembre pasado.

A su sistema de justicia reconocido en leyes nacionales e internacionales, le incorporaron marcos de regulación sobre derechos humanos.

La presencia de autoridades gubernamentales y representantes de diferentes procesos organizativos de los pueblos y de la sociedad civil en el acto, justificó, es para coordinar una procuración de justicia de forma diferente, con características propias, respetuosa y articulada a principios constitucionales.

Con la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias - Policía Comunitaria y de los Pueblos Fundadores, fundada en la región en 1995, establecerán una alianza para evitar que el crimen organizado se apropie de la vida de nuestros pueblos.

La función del sistema es defender la integralidad del territorio mediante la prevención, investigación, sanción y erradicación de la violencia con normas cívicas y sociales, administrativas y penales.

Estas normas se determinan bajo procesos de diálogos comunitarios, la mediación, reparación de daños como actos simbólicos de justicia y la reeducación.

Partimos de una premisa: "nadie en su sano juicio podrá enfrentar sólo la violencia sistémica generada por el crimen organizado", pero juntos y desde abajo seremos lo suficientemente fuertes para vivir en armonía y en paz.

Los consejeros recibieron un bastón de mando, dos rifles y uniformes de parte del presídium.

El programa fue amenizado por el grupo de danza folclórica Flor de Tila y la banda de música de viento La Auténtica Tilapeña; al final se inauguró dentro de la comisaría municipal la oficina donde funcionará el Serti y su cuerpo de policías.

Miguel Ángel Mijangos explicó que en el logotipo de la organización están incluidas la flor de plátano, el maíz y el café, sobre una base que representa la unión del territorio. 

Con información de proceso.com.mx