La Ley Judicial del dedazo

En 2022, sirviéndose de su mayoría de curules, el PRIAN cambió la Constitución Local y modificó un proceso de selección de magistraturas basado en Exámenes de Oposición, convirtiéndolo en uno de imposición política, o mejor dicho, se instauró en Chihuahua la ley del dedazo. Desde el Congreso Local de Chihuahua se promovió la elección y la ocupación de las magistraturas a través del compadrazgo, el arribismo y la compra de voluntades con el pago de favores políticos. Es así como casi llega (impuesta) María Ávila Serna a magistrada, un personaje reconocido como cómplice de la red de corrupción duartista, cuyo pasado de corruptela preocupaba menos que su absoluto desconocimiento en la materia o su escasa experiencia como litigante.

A raíz de los ya mencionados vicios de inconstitucionalidad, diseñados para nombrar magistrados a modo, Morena generó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia. El PAN, a días de resolverse la acción de inconstitucionalidad, pretende trastocar nuevamente la Constitución para que tengamos nuevas normas válidas, con el objetivo de dejar sin materia la acción de inconstitucionalidad. Sin embargo, en la nueva proposición panista todavía se conservan vicios que van en contra de la carrera judicial, de la independencia judicial y de la paridad de género.

En primera instancia, alertamos que el principio de paridad de género continuará sin cumplirse, lo cual es preocupante dado que, en la actualidad, el Poder judicial cuenta con 20 magistrados y sólo 6 magistradas.

Por otro lado, la ambigua redacción del dictamen sugerido por el coordinador del PAN, Alfredo Chávez, con respecto a las evaluaciones de las personas aspirantes, abre la puerta a la opacidad y a la discrecionalidad, de modo que los cinco perfiles elegidos podrían terminar no siendo necesariamente los de mayor excelencia en los exámenes. Es más, la burda facilidad con la cual el PAN tiende a caer en el amiguismo y el influyentismo se reflejó con espectacularidad en el chiste que hicieron de Javier González Mócken en la reunión de JUCOPO del 3 de abril de 2024, donde el PRIAN nos hizo reír a todos frente a la argumentación sostenida de que Mocken era el perfil más cualificado de los aspirantes a la Presidencia de la CEDH, aún con el conocimiento de que poseía menos preparación académica que otros concursantes, que tenía nula incursión en el tema de derechos humanos pero excelentes relaciones personales dentro del PAN.

¿Dato interesante? Concluidas las evaluaciones, el Consejo de la Judicatura enviará al Poder Ejecutivo una lista de cinco personas por cada Sala o vacante, por lo que la terna para votación en el Congreso no llegará sin que esté palomeada por Palacio de Gobierno.

Asimismo debo destacar la ausencia de discusión y deliberación ciudadana en el proceso legislativo del dictamen. La Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales negaron el derecho de la participación ciudadana en 3 ocasiones, mismas en las que, por mayoría PRI y PAN, decidieron que no valía la pena consultar a las personas, abogadas y abogados, colegios, academia, a la ciudadanía y en particular a quienes integran actualmente el Poder Judicial. Después de todo, ¿por qué accederían a un parlamento abierto? El PAN únicamente actúa planchando asuntos en torno a los intereses de la oligarquía. Hilarante resulta que el hambre de negociación de sus “aliados políticos” es lo que más ha retrasado la votación en tribuna de esta reforma judicial.

¿Lo que más nos debería preocupar? La estocada que realiza el PAN a la legitimidad y deliberación real en la selección de jueces y magistrados. Ahora el Pleno del Congreso del Estado nombrará de entre las y los integrantes de una terna a quien deba ocupar la magistratura provisional solo por la mayoría de diputadas y diputados presentes en la sesión respectiva, y no por por las dos terceras partes como históricamente se ha hecho.

Así es como sale maltrecho Chihuahua de sus políticos, siempre tan cerca de la gobernadora y tan lejos de un sistema de distribución de justicia que sirva a los más vulnerables. Los funcionarios públicos al servicio del Poder Ejecutivo nos demuestran, una vez más, que la justicia puede pervertirse hasta la mezquindad. Que por encima de los magistrados y magistradas que nos merecemos, siempre existirá el lucro personal.