Busca Morena que las reservas hídricas se declaren como asunto de seguridad nacional

La diputada María Cristina Vargas Osnaya suscribió una iniciativa que reforma el artículo 27 de la Constitución Política, con el objetivo de acreditar la urgente necesidad de crear un instrumento jurídico que permita declarar regiones estratégicas de la nación como reserva hídrica de seguridad nacional.

El documento indica que actualmente se atraviesa un preocupante número de problemas que afectan directamente la salud e incluso, la supervivencia; no solo de la humanidad sino de todos los seres vivos y del entorno; “al preocupante problema del agua; origen, uso, destino, potabilidad, reutilización y cuidado de ella”.

Según datos obtenidos por el doctor en recursos naturales Víctor Ávila Akerberg, se expone que en México el 2 60 por ciento de los cuerpos de agua presenta algún grado de contaminación; 157 acuíferos están sobreexplotados, además de que 50 por ciento del territorio ha perdido su cobertura vegetal original.

En ese sentido, sostiene que hay cuatro puntos primordiales por los cuales las reservas hídricas deben determinarse como cuestión de seguridad: la estabilidad económica, la escasez de agua amenaza la productividad agrícola, la producción industrial y la generación de energía, lo que genera inestabilidad económica y posibles trastornos socioeconómicos.

A su vez, se advierte que el cambio climático, plantea un escenario de alteración del sistema hidrológico. Hay un problema de cantidad y de calidad del agua, y de consiguientes efectos en la salud.

“Vivimos en una etapa de incertidumbre mayor en este tema y se requiere una visión de mediano y largo plazo, que considere lo que estamos heredando. Garantizar recursos hídricos adecuados desempeñará un papel importante en la planificación de la seguridad nacional global durante las próximas décadas”, refiere la iniciativa.

La propuesta de reforma de la diputada integrante de Morena, implica que la Constitución reconocerá las reservas de agua, incluidas las aguas superficiales, subterráneas y los ecosistemas terrestres y acuáticos, como parte integral de la seguridad nacional, ya sean áreas naturales protegidas de nivel federal o estatal, o no.

Al Estado se confiará la responsabilidad de salvaguardar las reservas hídricas, incluida la conservación, la gestión y la asignación equitativa, incluyendo la regulación de la tenencia de la tierra, buscando la preservación de los derechos de los bienes particulares, ejidales o públicos al mismo tiempo; así como el interés común, que representa el cuidado de una zona estratégica para la vida.

La presente reforma y su respectiva reglamentación tienen la finalidad también de facilitar la cooperación en todos los niveles de gobierno y entre poderes, tratando de coordinar los esfuerzos de gestión del agua y abordar los desafíos del agua transfronteriza.