Tipifican la corrupción inmobiliaria en la CDMX: tendrá penas de más de 20 años de prisión

El gobierno de la Ciudad de México publicó este martes en la gaceta oficial un decreto con el que se tipifica el delito de corrupción inmobiliaria cometido por servidores públicos y se establece una pena de entre 10 y 20 años de cárcel, que aumentará en una mitad si se obtienen beneficios económicos.

Con el decreto del jefe de Gobierno, Martí Batres, y el Congreso de la Ciudad de México, se crea el capítulo XV y el artículo 276 quater en el Código Penal para el Distrito Federal, en materia de combate a la corrupción.

En el artículo se establece que “el servidor público que por acción u omisión permita o tolere la construcción de inmuebles o la edificación de pisos adicionales a los autorizados sin el cumplimiento de los requisitos” incurre en corrupción inmobiliaria.

El delito será castigado con las penas mencionadas y estas serán independientes de “otras sanciones que procedan por la omisión de otro tipo de delitos”.

En el artículo 276 quarter se advierte además que, en caso de que se compruebe que el funcionario o alguno de sus allegados —ya sea por lazos consanguíneos o de cualquier otro tipo— se beneficie económicamente, la pena se incrementará.

La nueva normativa entrará en vigor al día siguiente de su publicación, es decir, este miércoles 17 de abril.

Durante una conferencia de prensa para dar a conocer las reformas, el jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, subrayó los delitos del llamado “Cártel Inmobiliario“, que opera en la alcaldía Benito Juárez, y resaltó que se han detectado “139 obras irregulares con pisos de más” en año y medio.

También atribuyó al mismo tipo de corrupción a la filtración de cemento en la Línea 12 del Metro, ocurrida hace un mes.

Por su parte, el encargado de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara López, señaló que los funcionarios de la alcaldía Benito Juárez que están envueltos en la trama del “Cártel Inmobiliario” participaron, mayormente, al tolerar la construcción de pisos excedentes.

Esos favores, señaló, fueron “devueltos” por las constructoras “mediante la sesión de departamentos o la venta de los mismos a precios de remate a través de transacciones a prestanombres y familiares de servidoras y servidores públicos”.

Lara López señaló que, hasta el momento, la fiscalía ha girado más de 12 órdenes de aprehensión a funcionarios por delitos relacionados con el “Cártel Inmobiliario”.

Con información de Latinus