Campañas antivacunas recaudaron más de 100 millones de dólares por difundir información falsa

Un grupo antivacunas fundado por el candidato presidencial estadounidense Robert Kennedy Jr ganó millones de dólares compartiendo información falsa durante la pandemia de coronavirus, reveló un análisis de los registros fiscales públicos realizado por el sitio web de investigación ProPublica.

El colectivo Children's Health Defense (CHD) recaudó alrededor de 46 millones de dólares entre 2020 y 2022, casi diez veces sus ingresos en los tres años anteriores a la pandemia. Colectivamente, CHD y otras cuatro organizaciones recaudaron más de 100 millones de dólares en dos años.

Los expertos creen que estas organizaciones han perjudicado la salud pública al cuestionar la eficacia de la vacunación. Según ellos, el dinero recaudado se habría utilizado para reforzar su influencia política en el ámbito jurídico y para oponerse a las diversas medidas sanitarias implementadas en Estados Unidos.

Se sabe poco sobre el origen de estas donaciones, y CHD no respondió a las preguntas de la AFP. Pero este informe revela "hasta qué punto la desinformación contra la vacunación y en torno al covid-19 ha dado grandes frutos", explica David Gorski, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Estatal de Wayne, en Michigan.

"Una cosa sería si estos grupos no hicieran más que vender charlatanería, pero se han vuelto políticamente influyentes", afirma.

Reticencia generalizada

CHD, con 23.5 millones de dólares recaudados sólo en 2022, se ha convertido en uno de los principales sitios de "medicina alternativa y natural" del mundo, según el portal de análisis digital Similarweb.

El aumento de la facturación del grupo también estuvo acompañado por un aumento de los salarios de sus ejecutivos. Kennedy, conocido durante años en Estados Unidos por difundir teorías conspirativas contra la vacunación, se embolsó unos 510,000 dólares como jefe de la organización en 2022, más del doble de su salario anterior a la pandemia, revelaron los registros.

A los 70 años, Kennedy, sobrino del asesinado presidente estadounidense JFK, se retiró temporalmente de sus funciones en el grupo para concentrarse en su candidatura presidencial.

Bajo su dirección, la ONG afirmó erróneamente que las vacunas contra el covid-19 causaban altas tasas de mortalidad infantil y esterilidad. Estas teorías, desmentidas repetidamente por la AFP, provocan sin embargo una reticencia generalizada a la vacunación entre una franja de la población y permiten el resurgimiento de enfermedades como el sarampión.

Otro grupo antivacunas, la Red de Acción de Consentimiento Informado (ICAN, por su sigla en inglés), vio cómo sus ingresos se disparaban durante la pandemia, pasando de 1.4 millones de dólares en 2017 a 13.4 millones en 2022, según la encuesta.

El fundador de ICAN, Del Bigtree, contratado por Kennedy para ocuparse de la comunicación de su campaña presidencial, también criticó duramente las medidas adoptadas durante el confinamiento. El ICAN no respondió a las preguntas de la AFP.

Agenda política

El dinero pagado a organizaciones sin fines de lucro suele proteger el anonimato de sus donantes a través de un intermediario, lo que dificulta identificar su procedencia, según los expertos.

Pero Phil Hackney, profesor de Derecho y exfuncionario del Servicio Federal de Impuestos de Estados Unidos, afirma que estas organizaciones podrían perder su estatus porque una ONG debe "proporcionar una base objetiva" para su misión. "Estos grupos van en contra de nuestro código fiscal y son realmente perjudiciales", declaró a la AFP.

Una ONG no puede financiar legalmente una campaña política, pero los fondos recaudados por estos grupos se han utilizado para demandar a las juntas médicas de varios estados de Estados Unidos.

En enero, por ejemplo, CHD emprendió acciones legales contra la junta médica de California para impedir que castigara a los médicos acusados de dar información falsa sobre el coronavirus a sus pacientes.

Según la profesora de Derecho de la Universidad de California en San Francisco, Dorit Reiss, estos grupos benéficos, incluida CHD, se encuentran entre los principales responsables de los esfuerzos legislativos para deshacer las medidas adoptadas por las autoridades sanitarias durante el covid.

Reiss ha rastreado más de 25 demandas interpuestas por CHD desde 2019. Aunque la mayoría no han prosperado, explica, estos grupos siguen promoviéndolas en sus plataformas. "Estas actividades tienen una agenda evidentemente política", concluye.

Con información de El Economista