El Sistema de Aguas de la Ciudad de México ha decidido reservar por tres años los documentos que contienen los resultados de las pruebas de laboratorio realizadas al agua contaminada en la alcaldía Benito Juárez.
De acuerdo con información de la agencia Animal Político, esta medida, que podría extenderse hasta cinco años, fue tomada por el Comité de Transparencia del sistema, argumentando que la divulgación de esta información podría propiciar «interpretaciones erróneas» y afectar el desarrollo de una investigación en curso.
La reserva de información, aprobada el 29 de abril por mayoría de votos, contó con la abstención de la representante del Órgano Interno de Control del Sistema. Según la respuesta oficial del Sistema, hacer públicos los datos podría poner en riesgo la conducción de la investigación en curso, especialmente porque se relacionan con la denuncia presentada ante la Fiscalía capitalina por presunto sabotaje.
El Sistema de Aguas mencionó que, en una primera instancia, identificaron la presencia de «compuestos de aceites degradados derivados de los aceites y lubricantes» en el agua del pozo Alfonso XIII, ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón y señalado como el origen del problema en la zona norponiente de Benito Juárez. Este hallazgo llevó a la presentación de la denuncia el pasado 18 de abril.
A pesar de la solicitud de transparencia presentada desde el 19 de abril, el Sistema justificó la demora en la entrega de la información debido a la complejidad de la búsqueda en sus vastos archivos. La respuesta oficial se dio el 8 de mayo, confirmando la reserva de los documentos y la clasificación de información sobre los domicilios afectados por el problema del agua.
El Sistema aseguró que, en la actualidad, el agua potable suministrada cumple con los parámetros establecidos por la normativa para su uso cotidiano, pero la incertidumbre sobre la calidad del agua en algunas zonas persiste mientras se desarrolla la investigación en curso.
Vecinos de la alcaldía Benito Juárez rechazaron la decisión del Comité de Transparencia del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), de reservar por tres años los resultados de las pruebas de laboratorio que se hicieron al agua contaminada, y anunciaron que emprenderán acciones legales para que se haga pública la información.
Luego de que El Sabueso dio a conocer que SACMEX reservó la información con el argumento de que se presentó una denuncia por posible sabotaje y exponer la información puede generar “interpretaciones erróneas” o “vulnerar la conducción de la investigación”, vecinos afectados convocaron a una conferencia de prensa en la que señalaron al Gobierno de la Ciudad de México de esconder los análisis de las muestras de agua recabadas en la alcaldía.
“El Gobierno de la Ciudad de México ha decidido esconder los resultados de los análisis del agua que se ha estado muestreando desde que inició la crisis por agua contaminada. Estamos aquí para exigir que hagan su trabajo, seguiremos pidiendo esa información que es un derecho conocer, seguiremos buscando formas de encontrarla”, indicó Francisco Juárez, uno de los vecinos afectados.
La abogada Lucina León indicó que un grupo de 10 vecinos, entre ellos algunos menores de edad, recibieron una suspensión provisional que obliga a las autoridades de la Ciudad de México a suministrarles agua potable y que se garantice que el líquido que llegue a sus domicilios por la red de distribución pública esté limpia.
“Sigue una etapa de audiencias y alegatos que estaremos informando de manera puntual, pero el juez de distrito ya dictó una suspensión provisional. Al día de hoy no se ha acercado nadie a los promoventes, y a la fecha se les sigue suministrando agua contaminada, por lo que esperamos que el jefe de Gobierno y SACMEX cumplan con lo que el juez les ha ordenado”, comentó la abogada.
“Nos tienen que garantizar, con pruebas fehacientes, Vecinos de la alcaldía Benito Juárez rechazaron enérgicamente la decisión del Comité de Transparencia del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) de mantener en reserva por tres años los resultados de las pruebas de laboratorio realizadas al agua contaminada. Este anuncio desencadenó una serie de protestas, con vecinos indignados exigiendo la divulgación pública de la información.
Francisco Juárez, uno de los vecinos afectados, expresó en una conferencia de prensa: «El Gobierno de la Ciudad de México ha decidido esconder los resultados de los análisis del agua que se ha estado muestreando desde que inició la crisis por agua contaminada. Estamos aquí para exigir que hagan su trabajo, seguiremos pidiendo esa información que es un derecho conocer, seguiremos buscando formas de encontrarla».
La abogada Lucina León informó que un grupo de 10 vecinos, incluidos menores de edad, obtuvieron una suspensión provisional que obliga a las autoridades a proporcionarles agua potable limpia. A pesar de esta orden judicial, los afectados afirman que aún no han recibido agua limpia en sus hogares.
Mientras tanto, Alicia Camps, vocera del grupo llamado Guardianes del Agua, reveló que están siguiendo de cerca la investigación realizada por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), la cual ha recibido numerosas quejas relacionadas con la contaminación del agua en Benito Juárez. Según Camps, las respuestas de SACMEX a las solicitudes de información han sido vagas y carentes de sustento, lo que refuerza la creencia de una violación de los derechos humanos.
La reserva de información por parte de SACMEX ha suscitado aún más preocupación entre los residentes afectados. Según la respuesta del Comité de Transparencia, revelar los resultados de las pruebas podría obstaculizar la investigación en curso de la Fiscalía de la Ciudad de México. No obstante, la ley de transparencia establece claramente que la información sobre la calidad del agua debe ser de acceso público, lo que genera un conflicto legal y ético.
Mientras tanto, SACMEX insiste en que el agua proporcionada actualmente cumple con los estándares de calidad establecidos por la normativa. Sin embargo, sin acceso a los documentos de prueba, persiste la incertidumbre y la desconfianza entre los residentes afectados, quienes continúan presionando por la transparencia y la acción gubernamental para abordar esta crisis.
Con información de Massinformación