Cozumel, el nuevo objeto del deseo del narco

COZUMEL, Qroo.– Cozumel, líder de recepción de cruceros a escala mundial y la segunda isla más poblada de México, padece una batalla entre grupos del crimen organizado que buscan imponer su mando en la distribución de droga, misma que ha dejado un aumento significativo de homicidios como nunca en su historia.

La cuna del poder político en Quintana Roo ha resentido la llegada de integrantes del crimen organizado, principalmente de quienes se identifican con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), los cuales comenzaron desde meses atrás una embestida contra las organizaciones criminales locales que han mantenido el control del trasiego de la droga que aquí se realiza.

En casi tres años, este lugar ha pasado de ser una pacífica isla, con el primer lugar mundial de atraque de cruceros, a un sitio donde se han vuelto comunes los delitos que atentan contra la vida. 

La actividad turística en la isla refleja datos impresionantes: sólo en 2023 recibió poco más de cuatro millones de pasajeros en mil 156 cruceros, de acuerdo con datos de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo. 

Mientras tanto, cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dan cuenta de que la tasa de homicidios aumentó a partir de 2021. Antes, el promedio de estos casos era de uno a dos muertes al año. 

Desde hace casi tres años los asesinatos no han dejado de aumentar. En 2022 ocurrieron 14, en 2023 fueron 15, mientras que en lo que va de 2024 suman cinco casos para una población de alrededor de 88 mil habitantes. 

Es decir, en lo que va de la actual administración municipal han ocurrido 36 homicidios, tomando en cuenta los tres últimos meses de 2021.

Aunque estas cifras distan de las que se registran en otros estados del país, la tendencia al alza causa inquietud en la isla, pues apunta a convertirse en un lugar con la misma situación que impera en los otros destinos turísticos del Caribe Mexicano, como Cancún, Playa del Carmen y Tulum, donde no cesan los homicidios por el tráfico de drogas y ya han dejado daños colaterales entre la población y turistas.

Cuna de gobernadores

Desde hace casi dos décadas la entidad no dejaba de tener un gobernador cozumeleño, el grupo de poder enraizado desde épocas posteriores al México independiente. De los nueve gobernadores que Quintana Roo ha tenido, cinco han sido cozumeleños. 

Si bien el exgobernador y ahora embajador de México en Canadá, Carlos Joaquín González, nació en Mérida, Yucatán, su vida se relaciona estrechamente con la isla.

Han sido gobernadores cozumeleños Pedro Joaquín Coldwell, de 1981 a 1987, quien posteriormente fue secretario de Energía de Enrique Peña Nieto; Miguel Borge Martí, de 1987 a 1993, y Félix González Canto, de 2005 a 2011.

De igual manera Roberto Borge Angulo (de 2011 al 2016) es de la isla. Actualmente se encuentra privado de su libertad en una cárcel de Morelos por un proceso penal iniciado en su contra por delitos de la función pública y crimen organizado. 

Todos esos exmandatarios emanaron del PRI. Pero en 2022 la morenista Mara Lezama Espinosa asumió la titularidad del Ejecutivo estatal. Con ella por primera vez en 48 años el PRI dejó de ser el partido gobernante en la entidad. 

En Cozumel el gobierno local recae por primera vez en Morena con la alcaldesa Juanita Obdulia Alonso Marrufo, quien antes fue militante priista. 

Es en ese contexto cuando ocurre el alza de homicidios en la isla. 

Recepción de paquetes

Los testimonios de altos mandos policiacos y de personas arraigadas en la isla que hablaron con Proceso –bajo la condición de reservar su identidad por seguridad– exponen que desde 2022 se inició la irrupción de presuntos miembros del CJNG, quienes comenzaron a pelear la plaza con los locales: pequeñas células que desde siempre habían sido los principales distribuidores de droga. 

“Llegaron y comenzaron a pelearse con ‘los narquitos’, como nosotros les decimos; entonces fue cuando comenzó el verdadero terror porque los locales nunca se metieron con la población, aunque son bien sanguinarios también”, dice un habitante que habla sobre el ambiente que ahora se padece en la isla. 

La situación geográfica de Cozumel también es propicia para la distribución de sustancias prohibidas. Sus más de 48 kilómetros de costa son proclives para el recale de sustancias de este tipo en la parte oriental de su territorio, donde constantemente llegan paquetes, principalmente de cocaína, que grupos criminales tiran al mar procedentes de Centro y Sudamérica. Se trata de la parte poco habitada de la isla, cuya población se concentra en el poniente donde se ubican los muelles que conectan con la parte continental vía Playa del Carmen. 

Datos de la Secretaría de Marina Armada de México indican un promedio de dos incautaciones mensuales de droga en la parte oriental de la isla. Como ejemplo de ello, en los 8, 10, 11 y 18 de marzo últimos fueron asegurados paquetes de cocaína en esa zona del territorio, aunque no precisan las cantidades.

Los testimonios aseguran que por un paquete que se logra asegurar dos más caen en las manos de los distribuidores. 

En Cozumel son vendidas las grapas a precios exorbitantes a los miles de turistas que a diario arriban y, en muchos casos, llegan en los diversos cruceros que cotidianamente atracan, agregan las fuentes consultadas.

Por ejemplo, en el caso de la mariguana se pudo conocer que, mientras en puntos de Tulum se cotiza en 500 pesos la dosis, en Cozumel se puede comprar en mil 500 pesos. 

Tráfico de drogas. Violencia por el contra de la isla. Foto: Gustavo Villegas Betanzos 

Es esta comercialización la que detonó la lucha entre los grupos criminales, exponen los testimonios. Afirman que cuando los integrantes del CJNG arribaron a la isla comenzaron a hostigar a los grupos locales, los cuales presuntamente habían sido protegidos por mandos policiacos. Es entonces cuando los homicidios se dispararon… y las denuncias por detenciones arbitrarias también. 

Abusos de autoridad

La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo registra en Cozumel un incremento de quejas por actos de autoridad relacionados con detenciones.

“En lo que va del año llevamos 24 quejas; de ésas, seis son contra policías municipales. Es principalmente por detención arbitraria. El año pasado fueron 98 quejas”, explica Ángel Salvador Contreras Mis, tercer visitador de Derechos Humanos de Quintana Roo. 

El 4 de marzo último la Fiscalía estatal aplicó una redada contra presuntos grupos del crimen organizado. Fueron 12 cateos practicados en domicilios de la isla que dejaron un saldo de 16 detenidos y el aseguramiento de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, pero también hubo quejas de algunos afectados por el presunto robo de pertenencias en estos operativos. 

Hasta ahora la Fiscalía no ha dado más detalles ni ha informado sobre la situación procesal de los detenidos, tampoco sobre si se investigaron las quejas por los robos. 

Acoso a medios

En la actual administración a cargo de Juanita Alonso Marrufo, la Policía también es señalada como responsable de hostigar a un sector de medios de comunicación que realiza la cobertura diaria de los hechos delictivos.

La Comisión de los Derechos Humanos del estado también tiene en sus manos quejas por violaciones al derecho a la libertad de expresión y del acceso a la justicia, interpuestas por periodistas locales que denuncian un clima de acoso por parte de las autoridades municipales y corporaciones de seguridad en la isla. 

El tercer visitador Oscar Salvador Contreras informó que actualmente cuenta por lo menos con un expediente abierto por este motivo, mismo que se encuentra en la instancia final para emitir el resolutivo rumbo a la recomendación.

“Actualmente está en el análisis de la determinación final (…) La instancia señalada como responsable es la Dirección de Seguridad Pública de Cozumel. Nosotros ya hicimos la determinación que se está revisando en Chetumal, acabamos el proceso de investigación y ahora está en proceso de análisis en la Dirección de Recomendaciones de la Comisión”, agrega el tercer visitador. 

Pero ese no es el único caso en el que ha intervenido la comisión. En septiembre de 2022 el reportero Francisco Díaz fue agredido y llevado detenido por la policía estatal cuando grababa una ejecución en el colegio Partenón de Cozumel, el cual se convirtió en el primer homicidio doloso en el sexenio de Mara Lezama. 

Esos casos violatorios de derechos humanos quedaron archivados sin un esclarecimiento puntual.

Además, destacan las amenazas que sufrió el periodista Gustavo Villegas Betanzos, junto con siete reporteros más. Se presentó una denuncia por estos hechos ante la Fiscalía local, que sólo integró la carpeta de investigación, con terminación 10/1337/2022, el cual hasta ahora no ha tenido avances. 

Estas amenazas, recuerda Villegas Betanzos, fueron hechas con una manta para un total de ocho reporteros, el 1 de octubre de 2022, justo la noche en que un vehículo del periódico Por Esto, estacionado en el exterior de la corresponsalía en la isla, fue incendiado con una bomba molotov por presuntos integrantes del crimen organizado. 

El 8 de octubre de ese año reporteros arropados por la sociedad civil marcharon exigiendo paz a las autoridades. Las protestas continuaron semanas después. 

Manifestación contra las autoridades de la isla. Foto: Gustavo Villegas Betanzos 

Este reportero buscó la versión del gobierno municipal de Cozumel, de Quintana Roo y de la Fiscalía General del Estado. Hasta el cierre de esta edición no habían respondido.

Reportaje publicado en la edición 0011 de la revista Proceso, correspondiente a mayo de 2024, cuyo ejemplar digital puede adquirirse en este enlace.

Con información de proceso.com.mx

Tips al momento

Resultado para quedar bien

La encuestadora Massive Caller, dio a conocer su ejercicio en torno a la opinión sobre la iniciativa de reforma al Poder Judicial propuesta por el presidente, Andrés Manuel López Obrador y  que, tiene el apoyo de la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con el ejercicio presentado por esa empresa, a la pregunta ¿está usted de acuerdo que los jueces y magistrados sean electos por voto popular?, el 60.2 por ciento contestó que sí y un 39.8 por ciento, dijo que no.

La segunda pregunta que se hizo a los encuestados fue ¿considera que los candidatos a jueces electos por voto popular deben primero pasar por estrictos exámenes actuales y solo ellos podrán ser candidatos o que cualquier abogado puede ser candidato?

A este cuestionamiento el 89.7 por ciento, según dice, considera que primero deben de pasar ciertos exámenes y luego ser candidatos, en tanto que, el 10.3 por ciento considera que cualquier abogado puede ser candidato directamente.

Dicen, que la empresa luego de errar garrafalmente al darle el gane en la encuesta de la elección presidencial a Xóchitl Gálvez, con unos cuantos puntos por arriba de Claudia Sheinbaum y tras ser fuertemente cuestionada por ese resultado, incluso, por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ahora comentan, quiere quedar bien y por eso, establece como resultado que la mayoría, desea la reforma judicial y que los juzgadores sean electos por voto popular; así las cosas.

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