Hay más cosas debajo de la mesa

En estas últimas semanas, la principal noticia ha sido la pérdida de la república, consumada por el llamado “marrazo judicial”, que ha dejado malherida nuestra joven democracia. Este ataque frontal al sistema político, que con tanto esfuerzo se ha construido, representa una grave crisis que debería haber generado una indignación masiva. Sin embargo, pareciera que el ruido mediático se centra más en lo superficial que en el verdadero deterioro de las instituciones bajo el mandato de Andrés Manuel López Obrador. La reforma judicial, que el gobierno celebra como un triunfo, no es más que una fachada para ocultar el debilitamiento progresivo de la democracia y el Estado de derecho en México.

Mientras la atención se desvía hacia este falso logro, otros acontecimientos importantes pasan desapercibidos. Uno de ellos es el asesinato del Diputado electo Héctor Melesio Cuén, ocurrido el 25 de julio de 2024. Lo que en un principio se manejó como un simple intento de robo por parte de la Fiscalía, más tarde tomó un giro alarmante cuando, el 10 de agosto, surgieron declaraciones que lo vinculaban a un conflicto político más profundo. Aunque los detalles de este caso siguen desarrollándose, no deja de ser un reflejo de la fragilidad del Estado mexicano ante los conflictos de poder y el crimen organizado.

Este suceso no puede ser ignorado, pero tampoco debe verse de manera aislada. Forma parte de una serie de problemas que se agravan bajo la administración de López Obrador, donde la violencia sigue siendo una constante y la inseguridad continúa impactando a diversas regiones del país. Mientras tanto, el gobierno prefiere centrarse en la narrativa de la reforma judicial, desviando la atención de temas que requieren una solución urgente.

La administración actual ha presumido de encabezar una "transformación" que prometía poner fin a las prácticas corruptas y fortalecer las instituciones. Sin embargo, lo que hemos visto es todo lo contrario: un debilitamiento constante de las estructuras que garantizan la justicia y la seguridad. En lugar de consolidar un Estado que responda a las necesidades de los ciudadanos, se observa un gobierno que se concentra en promover reformas que benefician únicamente a una élite política, mientras la violencia y la corrupción siguen minando las bases del país.

No se puede hablar de una verdadera transformación cuando los problemas estructurales que enfrentamos como nación siguen sin resolverse. Mientras el gobierno celebra su reforma judicial, el país continúa sufriendo los efectos de la inseguridad, la impunidad y el crimen organizado. La política de "abrazos, no balazos" ha demostrado ser insuficiente, y la administración de López Obrador ha fallado en ofrecer una solución efectiva ante la ola de violencia que sigue afectando a la sociedad mexicana.

Es preocupante ver cómo el gobierno ha optado por desmantelar los contrapesos democráticos, mientras el país sigue sumido en la incertidumbre. Se aplauden reformas judiciales que, lejos de fortalecer la justicia, parecen destinadas a consolidar el control del poder político sobre las instituciones. El enfoque de la administración actual es más un proyecto de perpetuación en el poder que una solución real a los problemas que enfrenta el país.

México necesita urgentemente una gestión que enfrente los desafíos del presente con seriedad y responsabilidad. El país demanda un liderazgo que, en lugar de centrarse en asegurar su legado, trabaje para solucionar los problemas reales que afectan a la ciudadanía. No podemos permitir que las narrativas oficiales oculten las crudas realidades.