Dice la SICT no tener información de 650 millones de dólares y 559 obras canceladas
La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) debe proporcionar información sobre la necesidad de inversiones para obras públicas relacionadas con infraestructura y sobre la cancelación de recursos para el mantenimiento de carreteras, determinó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Una persona se quejó de la inexistencia del estudio mencionado por un Subsecretario de la SICT en una nota periodística en la que hacía referencia a la necesidad de una inversión por 650,000 millones de dólares para mantenimiento de puertos, carreteras, cruces fronterizos y vías férreas. También se quejó de la entrega en formato no accesible de la información sobre las obras afectadas por la cancelación de una inversión de 11,000 millones de pesos, citada también por el Subsecretario en otra nota periodística.
La SICT le respondió a la persona que no tenía la información relacionada con la primera nota. Para la consulta de la información sobre la segunda nota, le proporcionó un vínculo electrónico, sin embargo éste únicamente arroja una página en la cual no es posible realizar la búsqueda señalada por el sujeto obligado.
La respuesta de la SICT motivó la presentación de un recurso de revisión ante el INAI que fue asignado a la ponencia de la Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena. “Este asunto nos muestra la relevancia que tiene el derecho a saber para profundizar en la información sobre obras públicas, que, en este caso, se relacionan con posibles afectaciones derivadas de recortes presupuestales a la infraestructura carretera del país, la cual es clave para el desarrollo”, dijo la Comisionada.
El equipo de trabajo de la Comisionada determinó que la SICT omitió turnar la solicitud a la Dirección General de Planeación, con atribuciones para conocer de lo peticionado, además de que no se tuvo certeza del criterio de búsqueda utilizado y se corroboró que la información entregada se hizo con un formato no accesible. Para restablecer a la persona solicitante en su derecho de acceso a la información, el Pleno del INAI por unanimidad determinó que la SICT debe realizar una nueva búsqueda de la información que señaló era inexistente. Además de proporcionar el vínculo electrónico de consulta correcto y las indicaciones para conocer la información de las 559 obras que se informó que fueron canceladas.
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Adán Augusto y el robo de ganado en Tabasco
El coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López, ahora está en la mira, no sólo por sus presuntos vínculos con "La Barredora", sino en el caso del robo de ganado más grande de Tabasco.
En Tabasco, durante el control de Adán Augusto López y “La Barredora”, creció el robo de ganado.
El 2 de abril de 2021, agentes de la Fiscalía para el Combate al Abigeato de Tabasco ingresaron sin una orden judicial ostensible al rancho San Gerónimo, en Jonuta, y se llevaron 267 reses de alto registro pertenecientes a la familia Lezama Zubieta.
El acto, que se realizó en presencia del denunciante (Manuel Ordorica Alamina), fue denunciado como un "operativo de Estado contra la propiedad privada" y un acto de despojo en lugar de procuración de justicia.
La familia Lezama Zubieta acreditó la propiedad del ganado con facturas y registros.
El 15 de diciembre de 2021, el juicio de amparo 352/2021 culminó con una sentencia federal que ordenó la restitución íntegra de las 267 reses, incluyendo las crías nacidas durante la custodia.
La Fiscalía de Tabasco ha mostrado un incumplimiento sistemático. Solo se restituyeron 90 animales. La Fiscalía declaró la muerte de 134 reses sin presentar evidencia verificable ni notificación fehaciente.
Una pericia de "Desarrollo del Hato Ganadero" arrojó una cifra faltante que supera las mil reses si se contabilizan las crías que debieron nacer, implicando un impacto patrimonial de valor premium (ganado de registro).
El caso ocurrió durante una administración vinculada al bloque político de Adán Augusto López y ha generado debates por el ascenso posterior de funcionarios de la Fiscalía a cargos públicos, además que designó a un líder criminal como Secretario de Seguridad Pública.
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