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Procesan a "El Oso", detenido en Culiacán tras enfrentamiento con el Ejército que dejó 19 muertos

La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer la vinculación a proceso de Edwin Antonio "N", alias "El Max" o "El Oso", quien fue detenido en Culiacán durante un enfrentamiento entre civiles armados y personal del Ejército mexicano, que dejó 19 muertos.

De acuerdo con un comunicado, la FGR dio a conocer que "El Oso" fue procesado por un juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez, “Altiplano”.

"(Se logró) la vinculación a proceso en contra de una persona, por su presunta responsabilidad en delitos contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio de fentanilo, posesión de armas de fuego, de cartuchos y cargadores, todos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas", señaló la dependencia al respecto. 

Cabe señalar que al momento de su detención, a Edwin Antonio "N" se le aseguró un arma larga, una corta, 218 cartuchos y siete cargadores, todos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Su detención ocurrió la noche del pasado 21 de octubre en Culiacán, Sinaloa, mientras se iniciaba una refriega entre presuntos elementos de la célula delictiva a la que pertenecía y elementos del Ejército. 

"El Max" fue el único detenido con vida como resultado del enfrentamiento, por lo que fue trasladado a Ciudad de México, para luego ser llevado el 24 de octubre al penal del Altiplano, donde se le formalizaron los delitos por los que se le acusaba.

Edwin Antonio "N" era buscado por autoridades federales, señalado de ser un generador de violencia ligado al Cártel de Sinaloa y a Ismael "El Mayo" Zambada. 

Con información de Latinus

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Venezuela aprueba Ley Bolívar para castigar con 30 años de cárcel a quien critique al gobierno de Maduro

La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y  expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.

Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones. 

Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.

Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.

La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.

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Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.

Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.

La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.

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