Varios muertos por el derrumbe de una marquesina en una estación de tren en Serbia
Al menos 8 personas murieron este viernes por el derrumbe de una marquesina en la estación de tren de la ciudad serbia de Novi Sad, informan medios locales citando al ministro del Interior, Ivica Dacic.
Hasta el momento no hay información sobre el número exacto de heridos, pero según reportes, un gran número de personas estaban sentadas en bancos cuando cayó la marquesina.
Los equipos de rescate también están en contacto con varias personas, que siguen bajo los escombros, mientras trabajan para sacarlas. En la operación de rescate participan más de 80 profesionales de varias ciudades, con la ayuda de equipos pesados del Ministerio del Interior, así como de servicios públicos municipales y algunas empresas privadas.
Según la información preliminar, la causa del derrumbe podría ser que la marquesina no se actualizó en el marco de las obras de reconstrucción del edificio de la estación. La Fiscalía local, junto con la Policía y otros servicios, abrió una investigación.
Por su parte, el primer ministro del país, Milos Vucevic, declaró que hoy es uno de los peores días de la historia de posguerra de la ciudad y una tragedia para toda Serbia. Añadió que exigirá encontrar a los responsables del derrumbe.
Con información de actualidad.rt.com
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Venezuela aprueba Ley Bolívar para castigar con 30 años de cárcel a quien critique al gobierno de Maduro
La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.
Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.
Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.
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Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.
Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.
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