El candidato a la dirigencia nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, señaló que quienes aspiran de Acción Nacional para un cargo en 2027, deben levantar la mano desde ahorita, él propone elecciones primarias abiertas a la población y comenzar de casa en casa con el ejército electoral.
Manifestó que el PAN más que tratar de unir el logo del partido, es abrirle los ojos a la gente para los temas que les interesan, pues sentenció que la 4T le mintió a la ciudadanía, en temas que se iban a resolver como seguridad, en salud donde señaló “que te tratan como Dinamarca es una burla, es humor negro”, sobre la carencia en la economía de las familias, y polarizar “a la Hitler a la nacional socialista, de rentabilidad electoral”.
Por ello aseguró que el PAN se tiene que abrir a la gente, que el voto no debe ser ideologizado, tiene que ser por quien te gobierna mejor, da igual de qué partido, y desmitificar la 4T que dice que a partir del 2 de junio 9 de 10 personas les aplauden, cuando por ellos votó el 54% y 46% que no cree en ellos.
Más allá de los que simpatizan con el PAN, agregó que va como dirigente por esa fuerza ciudadana del 46%, que el partido sea el vehículo, abrirse a la ciudadanía, que puede alcanzar el coche de Morena y rebasar a sus aliados satélites.
“No están cumpliendo, la gente y el pueblo bueno se va a dar cuenta”, expresó al anunciar que no se pueden esperar al 2027, ya la elección está en puerta, buscar que la gente participe en elecciones primarias para método posible de elección y “que se levante la mano desde ahorita”, manifestó al señalar que el aliciente es cuantas casas se toquen, cuantos ojos se miren de frente, con un ejército electoral que por interés propio vaya y toque puertas.
La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.
Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.
Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.
La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.
Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.
Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.