PAN en Diputados impugna ante el TEPJF la creación del comité que filtrará candidaturas de juzgadores
La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados presentó una impugnación contra la reciente creación del Comité de Evaluación, encargado de seleccionar jueces, magistrados y ministros.
A través de un comunicado, el PAN notificó que los diputados federales Margarita Zavala y Héctor Saúl Téllez Hernández presentaron un juicio de derechos ciudadanos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
"Consideramos que este comité fue aprobado de forma irregular, en total opacidad y sin la debida participación de todas las fuerzas políticas en la Cámara de Diputados", señalan en el comunicado.
Cabe señalar que el pasado jueves, los presidentes del Congreso de la Unión, Gerardo Fernández Noroña y Sergio Gutiérrez Luna, tomaron protesta a los cinco integrantes del comité de evaluación que tendrán la tarea de filtrar la lista de candidatos a jueces, ministros y magistrados.
Rindieron protesta: Ana Patricia Briseño Torres, Maribel Concepción Méndez De Lara, María Sánchez García; Maday Merino Damián y Andrés García Repperr.
En conferencia de prensa, los senadores de PAN encabezados por su coordinadora, Guadalupe Murguía, afirmaron que esas cinco personas forman parte del “cártel judicial” y que sus “padrinos” son los diputados morenistas Ricardo Monreal y Sergio Gutiérrez Luna, sí como los senadores Adán Augusto López y Enrique Inzunza.
El grupo parlamentario del PAN señaló que el comité “tiene un vicio de origen por sus claros vínculos y compromisos con el oficialismo, con el gobierno federal, con legisladores que de alguna manera incidieron en su designación”.
El pasado 29 de octubre, con 75 votos a favor de legisladores de Morena, PT y PVEM, y el rechazo de la oposición con 40 votos en contra, el pleno del Senado aprobó la integración del Comité de Evaluación.
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Venezuela aprueba Ley Bolívar para castigar con 30 años de cárcel a quien critique al gobierno de Maduro
La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.
Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.
Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.
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