Este mismo domingo, un bombardeo israelí golpeó la ciudad de Ghazieh, al sur de Sidón. Otros ataques alcanzaron una zona cercana a un hospital gubernamental, también en el sur del país.
El Ministerio de Salud de Líbano anunció que tres personas murieron y otras nueve resultaron heridas este domingo (03.11.2024) por un bombardeo israelí en Haret Saida, una zona densamente poblada cerca de Sidón, ciudad del sur.
El ataque no fue precedido de un aviso de evacuación israelí, según el ente.
Este mismo domingo, un bombardeo israelí golpeó la ciudad de Ghazieh, al sur de Sidón, indicó la agencia oficial de noticias libanesa Ani. El ministerio no comunicó ningún balance de muertos en este caso.
Otros ataques alcanzaron una zona cercana a un hospital gubernamental en Tebnin, localidad del distrito de Bint Jbeil, también en el sur del país.
El alcalde afirmó que hubo daños importantes en el complejo de salud y que podría quedar fuera de servicio como consecuencia, pero que aún no se había tomado una decisión oficial al respecto.
El conflicto desencadenado en octubre de 2023 en la Franja de Gaza entre Israel y el grupo terrorista palestino Hamás se expandió a Líbano, donde el ejército israelí lleva a cabo desde el 23 de septiembre bombardeos masivos contra Hezbolá, aliado de Hamás.
Más de 1.900 personas han muerto desde entonces por los ataques israelíes, según un balance basado en datos del Ministerio de Salud libanés.
La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.
Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.
Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.
La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.
Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.
Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.