Las primeras semanas del gobierno de Claudia Sheinbaum han sido complicadas en cuanto a materia de seguridad
El primer mes de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum no ha sido nada fácil en materia de seguridad. Aunque especialistas entrevistados afirman que aún es temprano para evaluar una estrategia contra la violencia, coinciden en que hay un intento importante por mejorar la inteligencia y la coordinación interinstitucional.
En estas primeras semanas de su gobierno, en México ha habido coches bomba, enfrentamientos entre civiles y militares, asesinatos múltiples, ataques a la prensa, crímenes contra migrantes, el asesinato de un sacerdote, narcobloqueos carreteros, homicidios de políticos y jefes policíacos, soldados caídos en combate y acusaciones de uso excesivo de la fuerza por parte de militares.
En este periodo, la presencia de militares en la labor de seguridad ha estado en el ojo del huracán. En Chiapas, elementos del Ejército dispararon contra una camioneta donde viajaban migrantes indocumentados, con un saldo de cuatro personas muertas y 12 lesionadas; en Tamaulipas, el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo acusó al Ejército y a la Guardia Nacional de matar a tres personas, entre ellas a una niña de ocho años, mientras perseguían a presuntos criminales.
En Sinaloa, un supuesto enfrentamiento entre una célula de El Mayo Zambada y el Ejército dejó 19 civiles muertos y un solo detenido de nombre Edwin Antonio Rubio López, alias El Max, y en Tecpan de Galeana, Guerrero, una serie de enfrentamientos entre civiles y fuerzas federales y locales, tuvo un saldo de 17 civiles “agresores” y dos policías municipales muertos.
Para Sandra Ley, conocedora del tema y profesora del Tecnológico de Monterrey, esta escalada de violencia suele verse con los cambios de gobierno y la aplicación de nuevas políticas de seguridad. La presidenta Sheinbaum, afirma, recibe un país con “una profundización de la gobernanza criminal”.
La académica considera que ya se notan algunas diferencias con el gobierno de López Obrador, como la no negación de los eventos violentos. “La narrativa importa. Podría abrir un espacio para una sociedad civil que fue muy activa con Calderón, con Peña Nieto, para la rendición de cuentas, de exigencia de información”, afirma.
Los sitios con la actividad criminal más visible han sido Sinaloa, con la batalla intestina del Cártel de Sinaloa; Chiapas, sumido en una confrontación entre el Cártel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación (CJNG), el asesinato de políticos y del sacerdote de San Cristóbal de las Casas, Marcelo Pérez, y Guerrero, con el asesinato del alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos Catalán, y la disputa entre grupos del narcotráfico.
En estas semanas se complicó Tabasco, donde se han registrado enfrentamientos entre grupos delictivos y ataques a comercios; así como Guanajuato, con multiasesinatos y la explosión de dos coches bomba en la disputa por el dominio del huachicol y la venta de droga.
El gobierno de México ha destacado las detenciones de diversos objetivos prioritarios “generadores de violencia”, como la del líder de plaza en Dolores Hidalgo del Cártel Santa Rosa de Lima, Don Pedro; célula delictiva integrada por ocho personas en Coyuca de Benítez, Guerrero; la captura en Jalisco de Andrew Clark, alias El Dictador, quien fungía como enlace en México del Cártel de Sinaloa y del CJNG con estructuras en Estados Unidos, Canadá, Ecuador y Colombia para el tráfico de fentanilo, metanfetaminas y armas.
En Sabinas Hidalgo se detuvo a Luis Mario, alias El Pepino, líder de plaza del Cártel del Noreste en Parás, Nuevo León; así como José Alberto, alias El Vaquero; en Cancún capturaron a un presunto integrante del CJNG; en Sonora se detuvo a Javier Feliciano Ramírez López, alias El Kuza, ubicado como generador de violencia del grupo Los Salazar, y en Cuajimalpa, Ciudad de México, fue detenido Zhi Dong Zhang, alias Brother Wang, un ciudadano chino con orden de aprehensión en Estados Unidos por tráfico de drogas y lavado de dinero.
Raúl Benítez Manaut, investigador de la UNAM, afirma que la detención de Zhi Dong Zhang es el primer logro de Omar García Harfuch como secretario de Seguridad, por la captura “pacífica y bien hecha”, con la coordinación exitosa.
“Las guarniciones de la Sedena van a tener que apoyar a la Guardia Nacional; eso duplica las capacidades de desplazamientos operativos y de disuasión. Está por verse si funciona, podría marcar la diferencia, y que después de un año se vean menos homicidios y violencia”. Informador Mx
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Venezuela aprueba Ley Bolívar para castigar con 30 años de cárcel a quien critique al gobierno de Maduro
La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.
Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.
Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.
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